Crece la tensión en Chile: el conflicto mapuche pone a prueba al gobierno de Boric

Ante el conflicto latente en los lagos y valles del sur entre aborígenes, terratenientes y empresas forestales, el nuevo gobierno de izquierda de Chile pensó que tenía la solución: el diálogo y una nueva constitución que otorgaba más derechos a los grupos ancestrales.

Siete meses más tarde, el presidente Gabriel Boric sigue luchando contra el aumento de la violencia en la región mapuche de la Araucanía. Los votantes rechazaron la nueva constitución propuesta, y el Gobierno ha prorrogado por octava vez el estado de excepción para contener la situación.

La Araucanía está en estado de emergencia desde octubre de 2021, y el ejército se ha desplegado para garantizar la seguridad. Boric se comprometió a retirar las tropas al asumir el cargo en marzo, pero rápidamente se vio obligado a dar marcha atrás.

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Los críticos dijeron que el líder había subestimado la complejidad de los problemas con los mapuches, lo que podría debilitar aún más su posición en un momento en que su apoyo público ha caído bruscamente y el conflicto se agrava.

En las llanuras del sur de la Araucanía viven unos 300.000 indígenas mapuches, que se resistieron a la conquista de los colonizadores españoles y sólo fueron derrotados a finales del siglo XIX tras la independencia de Chile.

En las últimas décadas se han plantado con pinos y eucaliptos enormes extensiones de tierra que, según los mapuches, les fueron arrebatadas, sustituyendo a los bosques autóctonos.

Pocos de los beneficios obtenidos por las empresas forestales se reparten entre la población de la Araucanía, de aproximadamente un millón de habitantes, que es la más pobre de Chile. Los grupos mapuches armados llevan mucho tiempo atacando a las empresas forestales, que según ellos han invadido sus tierras ancestrales. Los militantes han quemado colectivos, iglesias y escuelas, han atacado camiones y robado madera.

Como sus antepasados, Juan Cayul Queipul, de 64 años, ha pasado toda su vida en esta zona montañosa. Como comunidad, dice, los mapuches están siendo condenados al ostracismo de una forma que le recuerda a la dictadura militar en Chile que terminó en 1990. "Ellos [el Gobierno] nos culpan de cosas que no hemos hecho", dijo Queipul, refiriéndose a una serie de ataques incendiarios en la Araucanía.

Muchos miembros de su comunidad se sienten defraudados por la coalición de Boric, que se presentó como simpatizante de su causa. Están preocupados por los derechos de propiedad y por cómo la nueva constitución los diferencia como comunidad.

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"Los mapuches quieren los mismos derechos que corresponden a todos en este país, no sobrepasar los derechos de los demás", dijo Hugo Alcamán, presidente de la Corporación Mapuche de Profesionales, una organización sin ánimo de lucro.

Sólo el 27% de los habitantes de la Araucanía apoyó la constitución, que habría consagrado los derechos indígenas. En localidades como Saavedra y Cholchol, donde más del 70% de los votantes se consideran aborígenes, grandes mayorías votaron en contra.

Días antes del plebiscito del 4 de septiembre, la policía detuvo a Héctor Llaitul, líder de una organización mapuche, la Coordinadora Arauco-Malleco, por su presunta implicación en ataques incendiarios en la Araucanía. Su detención fue ampliamente condenada por los mapuches como ilegal, y ha reavivado los sentimientos de desconfianza hacia el Gobierno.

Salvador Millaleo, un abogado mapuche que dejó de asesorar a la coalición de Boric en mayo, dijo a Diario Financiero que el rechazo a la Constitución junto con la detención de Llaitul dificultará que el Gobierno reabra las conversaciones y ponga fin a la violencia: "[Los mapuches] no quieren dialogar con actores políticos débiles", dijo.

Queipul, abuelo de 18 hijos, encabezó en 1998 uno de los primeros programas de restitución de tierras financiado por el Estado tras el gobierno de Augusto Pinochet. En la actualidad, los visitantes de su parcela de 58 hectáreas deben pasar por un puesto de control del ejército.

"Nos acusan de ser terroristas... cuando lo único que somos es pobres", dijo Queipul frente a su invernadero. Más tarde, un helicóptero militar sobrevoló la zona.

El experto en delincuencia Hugo Frühling, de la Universidad de Chile, dijo que no existía ningún "plan serio" bajo el mandato de Boric. Resolver el conflicto de las tierras devolviendo zonas a los mapuches requiere inversión, diálogo y tiempo, algo que "ningún gobierno quiere empezar", añadió.

El Ministerio del Interior chileno dijo en un comunicado que el Gobierno estaba "comprometido" a garantizar la seguridad en la Araucanía: "Hemos avanzado en un diálogo multilateral con las comunas, autoridades ancestrales, comunidades, forestales y sociedad civil".

La ciudad más cercana a la finca de Queipul es Ercilla, donde las tensiones por la seguridad dominan el debate público. Grafitis de símbolos tradicionales mapuches y llamamientos a la liberación de los presos políticos cubren sus casas bajas. Los compradores deben pasar por un vehículo blindado para llegar al mercado de alimentos.

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A poca distancia de la entrada de la ciudad hay pruebas de las tácticas de sabotaje utilizadas por los grupos de la resistencia contra las empresas forestales y las autoridades, incluyendo un auto quemado e hileras de pinos carbonizados en la distancia.

En marzo, se produjeron disparos cerca de la comitiva de la entonces ministra del Interior de Boric, Izkia Siches, mientras visitaba la zona. Aunque resultó ilesa, la ministra fue acusada de mala planificación y posteriormente despedida.

Frühling dijo que algunos chilenos creen que los mapuches han sido radicalizados por delincuentes que no pertenecen a la comunidad, aunque es difícil evaluar la magnitud del problema: "Este es un desafío adicional para la coalición de izquierda que ya es percibida como débil cuando se trata de abordar la violencia".

El presidente nombró a una nueva ministra del Interior, Carolina Tohá, en un intento de reforzar su posición tras la derrota electoral. Tohá, una exalcaldesa de Santiago de centro-izquierda, le dijo al Financial Times que "la confianza se han dañado", y que una solución al conflicto requiere una "estrategia mucho más grande y profunda", que incluya inversiones para mejorar la calidad de vida en la zona.

El alcalde de Temuco, la capital regional de la Araucanía, pidió un plan adecuado para abordar la pobreza rural. "Hay un elemento económico innegable que incita a la violencia", dijo el alcalde Roberto Neira. "La falta de suministro de agua, los caminos sin pavimentar, las comunidades aisladas, todo ello debe ser abordado. La gente tiene que estar conectada y ser bienvenida".