La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconoció que la compra del ático en el barrio de Chamberí fue un “error”, aunque aclaró que la equivocación estuvo en la manera en que su Gobierno explicó la operación.
Estas declaraciones provocaron nuevas críticas del PSOE-M, que continúa exigiendo explicaciones sobre la adquisición del inmueble, por el que el Ejecutivo autonómico pagó 6,3 millones de euros.
Según informó EFE, la polémica surgió después de que Díaz Ayuso reconociera que “el ático fue un error, no por lo que hicimos, sino por cómo lo explicamos” en una entrevista con Bloomberg.
El PSOE exige explicaciones a Ayuso por la compra del ático de Chamberí
El secretario general del PSOE-M y candidato a las próximas elecciones autonómicas, Óscar López, cargó contra la presidenta madrileña y reclamó explicaciones sobre la operación.
“No hay ‘chao pescao’ que valga. Todavía tienes que explicar quién dio la orden, por qué, para qué y qué pasa con esos casi 7 millones que nos hemos gastado todos los madrileños y que ahora no sois capaces de recuperar”, aseveró en su cuenta oficial de X.
Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, advirtió que “más que un error la señora Ayuso lo que ha podido cometer es un delito” y reclamó explicaciones sobre quién ordenó la compra y por qué se adquirió el inmueble.
Asimismo, Sánchez Acera recordó que el caso está radicado en el Tribunal de Cuentas y que también fue denunciado ante la Justicia. “Hay una investigación abierta, lo tenemos también denunciado en un juzgado y estamos ahora esperando a que la juez emita las diligencias”, apuntó.
Qué pasó con el ático de Ayuso y por qué está bajo investigación
La polémica se remonta a la adquisición de un ático situado en el paseo General Martínez Campos, en el distrito madrileño de Chamberí, por parte de la empresa pública Planifica Madrid.
El inmueble fue comprado en abril de 2026 por 6,3 millones de euros. Según explicó posteriormente el Gobierno regional, estaba previsto destinarlo a usos institucionales, con espacios de trabajo y alojamiento ocasional para autoridades.
Sin embargo, tras las críticas de la oposición, el Ejecutivo anunció su venta. La subasta del inmueble quedó desierta y no se ha concretado un comprador hasta el momento.
Además, el pasado 13 de noviembre, el Tribunal de Cuentas rechazó archivar la causa y decidió continuar con las actuaciones para investigar la adquisición, al apreciar indicios de un posible perjuicio para los fondos públicos.
Por tanto, la investigación continúa abierta y no existe una resolución definitiva que determine responsabilidades por la compra del ático, al menos por el momento.