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Cambian los cajeros automáticos: una nueva normativa modifica su uso y afectará a millones de personas

La nueva legislación introduce un importante cambio para millones de personas.

España avanza en la legislación para personas con discapacidad con una nueva normativa que busca garantizar la accesibilidad universal en el uso de manera autónoma de productos y servicios para todas las personas.  

Según el sitio web especializado Todo disca "la accesibilidad universal es aquella condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios". La misma puede ser arquitectónica, urbanística, referida al transporte, a la comunicación y al ámbito digital

La nueva legislación toma la Directiva de la Unión Europea 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de abril de 2019, por la que se establecen los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios.

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¿En qué consiste el anteproyecto de Ley en materia de requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios?

El Consejo de Ministros dictó la aprobación de la nueva ley de accesibilidad que tiene como objetivo eliminar las barreras que dificultan el acceso a productos y servicios a aquellas personas que cuentan con limitaciones funcionales. 

La nueva normativa busca reducir la desigualdad en el acceso a productos y servicios.

 "El aumento de la esperanza de vida en la sociedad europea y española está llevando a un proceso de envejecimiento de la población que hace prever un importante incremento del número de personas con discapacidad en los próximos años, al ser la edad un factor determinante que lleva a esta situación", dice la norma

De este modo, "la demanda de productos y servicios accesibles es cada vez más alta, ya que permiten la autonomía personal y la vida independiente de estas personas. Para lograr una sociedad más inclusiva, debe garantizarse un entorno en el que los productos y servicios sean cada vez más accesibles", continúa. 

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La normativa entrará en vigencia a partir del 28 de junio de 2025 para los nuevos productos y servicios. Para aquellos ya existentes comenzará a aplicar a partir del 29 de junio de 2030

En el caso de los terminales, como cajeros automáticos, terminales de pago, máquinas expendedoras de billetes o lectores electrónicos, podrán seguir utilizándose hasta que se agote su "vida útil desde el punto de vista económico", sin llegar a superar los 10 años desde su puesta en funcionamiento.

La norma también prevé que algunas entidades puedan quedar exentas de cumplir con la norma cuando las modificaciones requeridas supongan un cambio "sustancial" en la naturaleza del producto o servicio o cuando supongan un costo "desproporcionado" para las entidades.

Sin embargo, los bancos deberán justificar esa exención llevando a cabo una evaluación de las consecuencias de acometer las medidas fijadas por la ley

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