Madrid

Murió la Ley de Alquileres: más okupaciones e intentos de usurpación de viviendas sin estrenar

La inseguridad en urbanizaciones de lujo de Madrid refleja el vacío legal y la desesperación habitacional.

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El reciente aumento de okupaciones en la urbanización de lujo del Pau de Carabanchel, Madrid, ha puesto en jaque a propietarios y vecinos. En solo un mes, 28 viviendas han sido usurpadas, dejando una estela de preocupación e impotencia entre los residentes. 

Según información publicada en El Mundo, los okupas han implementado estrategias sofisticadas, como la instalación de nuevas cerraduras tras acceder a las viviendas, lo que dificulta aún más la intervención de las autoridades.

La empresa propietaria, Vivenio, ha incrementado las medidas de seguridad contratando una segunda compañía de desokupación, luego del fracaso de la primera. Sin embargo, los okupas han vandalizado cámaras y continúan merodeando la zona, mientras los vecinos reportan comportamientos sospechosos y temen por su seguridad.

Un problema que escala sin control

La situación actual tiene sus raíces en un marco legal insuficiente para manejar la okupación, según destacan expertos y políticos locales. En palabras del alcalde Martínez-Almeida, la falta de herramientas legislativas genera un clima de frustración en las fuerzas de seguridad, que se ven limitadas para actuar con rapidez. A esto se suma la presencia de mafias organizadas que venden llaves de viviendas vacías a familias vulnerables, a menudo engañadas bajo falsos contratos de alquiler.

En diciembre, varias familias accedieron a estas propiedades pagando entre 1500 y 3000 euros en efectivo a intermediarios ilegales. Los vecinos denuncian un creciente clima de inseguridad y sospechan de actividades ilícitas en algunos de los pisos ocupados. "La Policía está aquí cada dos por tres", comentaba una residente afectada.

Impacto en la convivencia vecinal

Los efectos de esta crisis se sienten con intensidad en la comunidad. Los residentes legales enfrentan limitaciones en el acceso a servicios básicos como agua caliente y calefacción, mientras los okupas aprovechan áreas comunes. Además, los nuevos sistemas de seguridad instalados por Vivenio, como alarmas y cámaras, han sido objeto de actos de sabotaje por parte de los okupas.

La presencia constante de patrullas policiales y la tensión entre vecinos legales e ilegales aumentan la presión. "Es inaudito que pinten las cámaras; si no tienen nada que ocultar, ¿por qué lo hacen?", señalaba una vecina indignada.

¿Una solución a la vista?

Mientras el Ayuntamiento busca acelerar los desalojos, los residentes piden reformas legales que permitan desalojos efectivos en menos de 24 horas. Sin embargo, el proceso se complica debido a la complejidad jurídica y las dinámicas sociales que envuelven estas situaciones.

La urbanización de Carabanchel se ha convertido en un símbolo de la creciente crisis habitacional en España, un reflejo de los fallos estructurales del sistema y las consecuencias de la ausencia de una política eficaz frente a la okupación.

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