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La Fiscalía solicita cinco años de prisión, inhabilitación y una multa de 3.000 euros para un casero de Barcelona acusado de falsificar un acuerdo con su inquilina para conseguir que abandonara la vivienda y facilitar su posterior venta.
Según el escrito de acusación, el propietario habría redactado a mano un documento en el que figuraba un supuesto pacto por el que la mujer aceptaba dejar su domicilio a cambio de 17.500 euros. El escrito incluía sus datos personales y una firma atribuida a ella, pese a que, según el Ministerio Fiscal, desconocía su existencia.
El juicio estaba previsto para el martes 6 de octubre de 2026 en la Audiencia de Barcelona, pero fue suspendido debido a la renuncia del abogado defensor, según ha confirmado EFE. Por el momento, no se ha comunicado una nueva fecha para la vista.
El acuerdo de 17.500 euros con el que el casero habría intentado echar a su inquilina
Los hechos se remontan a 2021, cuando el propietario y su inquilina mantenían diversas discrepancias por impagos del alquiler. La mujer residía en el inmueble desde 2016 y ambas partes habían iniciado conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo que permitiera finalizar el contrato.
De acuerdo con la Fiscalía, entre abril y octubre de 2021 el arrendador elaboró un documento manuscrito sin contar con el consentimiento de la inquilina. En él establecía que la mujer se comprometía a abandonar la vivienda a cambio de recibir 17.500 euros.
El supuesto pacto también recogía otras condiciones: la arrendataria renunciaba a ejercer cualquier acción que pudiera corresponderle y aceptaba no volver a acceder al piso.
El documento contenía el DNI de la mujer y una firma que el acusado le atribuyó, aunque la Fiscalía sostiene que ella no tenía conocimiento de ese acuerdo. El propietario actuaba además como intermediario inmobiliario ante la posible venta de la vivienda a terceros.
Cómo llegó el supuesto documento falso a un procedimiento de desahucio
El documento terminó incorporándose a un procedimiento judicial por desahucio y reclamación de rentas que había comenzado el 22 de enero de 2021 ante el Juzgado de Primera Instancia número 31 de Barcelona.
Según el escrito de acusación, el propietario facilitó el acuerdo para que fuera presentado en el procedimiento, pese a que las personas que intervinieron en su tramitación desconocían, presuntamente, su falsedad.
El escrito se incorporó como respuesta a una solicitud de medidas cautelares de realojo presentada por la inquilina el 31 de agosto de 2021.
El 27 de octubre de ese mismo año, el juzgado denegó las medidas solicitadas por la mujer. La Fiscalía atribuye esa resolución a la presentación del supuesto acuerdo fraudulento, que habría influido en la decisión judicial.
Qué delitos atribuye la Fiscalía al propietario y qué pena solicita
El Ministerio Fiscal considera que la actuación del propietario podría constituir dos delitos: falsedad documental y estafa procesal. En concreto, la acusación lo señala como presunto autor directo de un delito de falsedad documental y autor mediato de un delito de estafa procesal, por la utilización del documento en un procedimiento judicial.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita cinco años de prisión, inhabilitación y una multa de 3000 euros. Se trata de una petición de condena y no de una sentencia firme: la responsabilidad penal del acusado todavía debe resolverse en el juicio.
Por qué se ha suspendido el juicio contra el casero en Barcelona
El juicio debía celebrarse el 6 de octubre de 2026 en la Audiencia de Barcelona, donde estaba previsto examinar los hechos descritos por la Fiscalía.
Sin embargo, la vista se suspendió después de que el abogado de la defensa renunciara a continuar con el caso. Según explicaron fuentes judiciales a EFE, no fue posible sustituirlo a tiempo para la fecha señalada.
Hasta la información difundida el 6 de octubre, no se había fijado una nueva fecha para el juicio. Por tanto, el procedimiento permanece pendiente de celebración y no consta una resolución sobre la culpabilidad del propietario.
¿Qué puede hacer legalmente un casero si quiere recuperar su vivienda?
En España, un propietario puede recuperar una vivienda alquilada, pero debe cumplir las condiciones establecidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). No puede obligar al inquilino a marcharse por su cuenta ni inventar acuerdos para justificar su salida.
La legislación contempla distintas vías legales para recuperar un inmueble:
- Impago del alquiler: si el inquilino deja de pagar la renta, el propietario puede solicitar la resolución del contrato e iniciar un procedimiento judicial de desahucio, conforme al artículo 27 de la LAU.
- Finalización del contrato: el casero puede recuperar la vivienda cuando termina legalmente el arrendamiento, siempre que respete las prórrogas obligatorias y los plazos de preaviso que correspondan.
- Necesidad de utilizar la vivienda: en determinados contratos, el propietario persona física puede recuperar el inmueble para residir en él o destinarlo a ciertos familiares, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 9.3 de la LAU.
- Acuerdo voluntario: propietario e inquilino pueden pactar la finalización anticipada del alquiler, incluso mediante una compensación económica, siempre que exista consentimiento real de ambas partes.
Querer vender el piso no permite, por sí solo, expulsar al inquilino. La venta de una vivienda alquilada no supone necesariamente la extinción del contrato, según el artículo 14 de la LAU.
