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Tras una semana de impass por el viaje del presidente Javier Milei y su Gabinete a Estados Unidos, los integrantes de la Mesa Política planean reactivar la agenda de reformas la semana que viene con foco en el proyecto de Financiamiento Universitario, la Ley de Glaciares y el paquete electoral.
La apertura de sesiones ordinarias dejó un sinfín de definiciones con respecto de las reformas que se vienen y el presidente Javier Milei tiene pendiente todavía definir cuáles van a ser las prioridades del Gobierno en materia legislativa para este año. No obstante, hay temas que ya comenzaron a caminar y serán los primeros impulsados.
“Empezamos con Financiamiento Universitario y Glaciares”, aseguró ante El Cronista un funcionario al tanto de las negociaciones. Estos dos son proyectos que ya habían sido contemplados en el marco de la agenda de extraordinarias, pero no prosperaron a tiempo.
Además, fuentes del oficialismo parlamentario sumaron que el paquete de Reforma Política será acelerado para llegar a tratarlo antes de los comicios del 2027: “Es ahora o nunca”, definieron ante El Cronista.
En el medio, los libertarios comenzaron a gestar la rosca por las comisiones para que sus presidencias queden en manos de La Libertad Avanza y aliados, tal como lograron durante las sesiones extraordinarias. En este sentido, se puso sobre la mesa la comisión de Acuerdos en el Senado, la cual se encargará de tratar los pliegos de los jueces que mandará en breve el Poder Ejecutivo, tras el reordenamiento en Justicia.
Glaciares
La oposición consiguió postergar el debate minero con “media sanción” del Senado para fin de mes en Diputados, con dos audiencias públicas citadas para el 25 y el 26 de marzo. De esta manera, el proyecto de Glaciares verá la luz del recinto recién a principios de abril.
En el Gobierno no tienen asegurados los votos aún, pero son optimistas en que los conseguirán sin otorgar más concesiones. En la Cámara alta cambiaron la redacción del proyecto original lo suficiente para conseguir los 40 botones verdes: se habilitó que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales realice estudios técnicos-científicos para que haya mayor control del recurso hídrico.
Por ahora, desde el oficialismo se rehúsan a cambiar más cuestiones del proyecto: la clave será lo que defina hacer el PRO, ya que en Diputados tienen más peso de bancas que en el Senado, y en la Cámara alta desde Chubut y La Pampa votaron en contra.
El proyecto está orientado a flexibilizar la posibilidad de que se realice actividad minera en el ambiente periglaciar, ya que los gobernadores de la Mesa de Cobre y la Mesa de Litio alegaron que la ley vigente desde el 2010 es demasiado prohibitiva. Como punto central, se le otorga más autonomía a las provincias para decidir cómo explotar sus recursos: la protección legal se enmarcará solamente a los glaciares que demuestren una “función hídrica efectiva”.
Universidades
Por otro lado, el de Financiamiento Universitario fue presentado durante la última semana de febrero y simbólicamente incluido en el temario de extraordinarias. Fuentes que dialogaron con este medio adjudicaron ese apuro a modo de instalar el tema al comienzo de clases, pero en realidad el proyecto está apuntado a cambiar la ley que sancionó la oposición el año pasado.
La estrategia, adelantada en diciembre por El Cronista, surgió luego de haber fracasado con el intento de derogarla en el marco del Presupuesto 2026. El objetivo es eliminar el riesgo de que avancen las causas por incumplimiento en la Justicia, como sucedió con la de emergencia en Discapacidad, la cual se vieron obligadas a reglamentar a partir de un fallo del Juzgado Federal de Campana.
De hecho, el Consejo Interuniversitario Nacional obtuvo en diciembre una medida cautelar del juez federal Enrique Cormick que suspendió el decreto presidencial que promulgaba la ley pero frenaba su aplicación. El Gobierno apeló esa medida en febrero y, días después, presentó el nuevo proyecto.
El punto más controvertido del nuevo texto es el salarial. La ley vigente obliga al Gobierno a reconocer el deterioro acumulado entre diciembre de 2023 y la fecha de sanción, actualizando los básicos en un porcentaje no inferior a la inflación del INDEC en ese período. El nuevo proyecto elimina esa recomposición retroactiva y la reemplaza por tres aumentos escalonados del 4,1% cada uno, a partir del 1 de marzo.
La diferencia concreta es enorme: según un informe del sindicato docente de la UBA, la ley vigente obligaría al Gobierno a sumar más de 2,7 billones de pesos a las partidas salariales de 2026, mientras que el proyecto oficial apenas contempla 187.744 millones, una diferencia de 2,5 billones de pesos que los trabajadores universitarios dejarían de percibir.
Sobre las paritarias, el nuevo texto mantiene la obligación de convocarlas cada tres meses pero elimina la cláusula que garantizaba que los aumentos no podían ser inferiores a la inflación del INDEC. Es decir: las negociaciones siguen siendo obligatorias, pero el piso de actualización desaparece.
El otro cambio relevante es sobre los gastos de funcionamiento. La ley vigente reconoce una recomposición del 31,9% que debía aplicarse desde enero de 2025, atada a la inflación acumulada entre mayo y diciembre de 2024. El nuevo proyecto elimina esa recomposición y fija que el presupuesto universitario solo se ajustará si la inflación supera ese 14,3% proyectado.
Es decir, si la inflación real resulta mayor, las universidades absorberán la diferencia sin compensación. Para hospitales universitarios, ciencia y extensión, el nuevo texto contempla un incremento fijo de $80.000 millones, sin mencionar las otras partidas ni establecer ningún mecanismo de actualización periódica.
La clave para este proyecto estará en los gobernadores, especialmente de la Unión Cívica Radical (UCR). Según el Gobierno, el texto fue acordado con los rectores de las universidades, de manera tal que habría una predisposición de los aliados de dar el visto bueno para la modificación.
“Comparto que hay que salir de la puja judicial. Hubo una ley que tuvo un proceso y hubo un presupuesto que tuvo un proceso. Ambas partes reclamaron, apelaron y hoy estamos, no ganó nadie. Entonces, celebro que en esta oportunidad haya una nueva ley", valoró en este sentido la jefe de bloque de la UCR, Pamela Verasay, en una entrevista con este diario.
Reforma Política
Por otra parte, a diferencia de estas dos iniciativas, la reforma política todavía no tiene un proyecto ingresado al Congreso: lo que sí hay son antecedentes, ya que el Gobierno intentó impulsarla en dos ocasiones y fracasó. “Le vamos a presentar todos los puntos al Presidente y él tendrá que elegir cuáles de todos impulsaremos”, había anticipado una fuente con acceso al despacho de Milei.
Hay varios ejes en vistas: uno es la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se crearon en 2009 para que los partidos resuelvan internamente sus candidaturas. Algunos aliados se inclinan a aceptar que dejen de ser obligatorias, pero a priori no habría consenso para derogarlas para una presidencial. El año pasado, consiguieron la suspensión de la legislativa.
El problema que señala el Gobierno es que en la práctica las PASO dejaron de funcionar como primarias reales y se convirtieron en una primera vuelta anticipada, porque la mayoría de los partidos presentan un solo candidato y la elección no decide nada internamente. El resultado es que el sistema tiene dos elecciones generales en lugar de una, con el costo fiscal y logístico que eso implica.
Fuente: Daniel Vides NA
Por otro lado, el Gobierno apunta a eliminar el subsidio estatal directo para campañas, suprimir los espacios gratuitos en medios y subir el tope de aportes privados. El contraargumento de la oposición es que sin financiamiento público y con topes altos para aportes privados, no se va a aprobar. Además, en su momento impulsaron el modelo de elección por circunscripciones uninominales, el cambio más estructural de todos.
Lo que propone es dividir los distritos en tantas circunscripciones como bancas hay en juego para que cada una elija a un solo candidato más votado, y no una lista con muchos candidatos. De esta manera, se acentúa la polarización y la representación de terceros quedaría prácticamente eliminada. El argumento es que el vínculo entre el votante y el candidato es más directo y, por tanto, no entrarían en la elección un montón de figuras desconocidas para el electorado.