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El Gobierno anunció este jueves que transfiere a la Casa Militar el control total de la seguridad presidencial, dejando atrás el esquema civil que regía en la Quinta de Olivos.
Según el comunicado oficial, el personal del organismo a cargo del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez se hará cargo del control del complejo. La medida alcanza también a las residencias transitorias del Presidente y su familia, tanto en el país como en el exterior.
El cambio busca fortalecer la seguridad y agilizar los procesos administrativos internos de la Casa Rosada y de todos los sitios donde se encuentre el mandatario.
El proceso de transferencia integral de bienes y responsabilidades se completará en un plazo máximo de 60 días, según lo dispuesto.
Además, agrega que la decisión se enmarca en la Ley de Defensa Nacional y responde también a la escalada global de la inseguridad y a la inminente visita del Papa León XIV, que implicará un fuerte movimiento de personal externo para las obras de acondicionamiento.
12 empleados echados y rumores de filtraciones
La reforma anunciada por el Gobierno disuelve la Administración General de la Residencia de Olivos y separa definitivamente las funciones de seguridad, administración y control que antes convivían bajo una misma estructura civil.
Esa separación permitirá además, según señalaron fuentes oficiales, reducir la estructura formal y el personal que hasta ahora permanecía afectado a la Quinta presidencial, en un esquema considerado sobredimensionado por el Gobierno.
No obstante, según pudo saber El Cronista, 12 empleados de la residencia fueron despedidos, mientras que al resto del personal civil será reubicado en otras dependencias oficiales, principalmente en la Casa Rosada.
Las mismas fuentes señalaron que “hubo filtraciones que afectan la seguridad presidencial” que acrecentaron la desconfianza sobre el personal civil y aceleraron el recambio.
