La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil encontró un freno inesperado en la provincia de Buenos Aires. El Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Marta Elba Pascual, resolvió suspender preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en el territorio bonaerense.
La resolución surge tras un habeas corpus preventivo colectivo y pone el foco en una advertencia estructural: el actual sistema de privación de la libertad de la provincia no cuenta con las condiciones materiales, institucionales ni profesionales para absorber el incremento de detenidos que supondría la nueva normativa.
El riesgo del “hacinamiento” y la baja de edad: qué dice el fallo
La Ley 27.801 establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años. Al incluir a los jóvenes de 14 y 15 años en el sistema penal y endurecer los parámetros para las prisiones preventivas, la Justicia prevé un impacto inmediato en la población carcelaria juvenil.
En uno de los pasajes más duros del fallo, la jueza Pascual advirtió sobre las consecuencias sociales de un sistema desbordado: “Hacinar a ‘menores’, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia”.
La magistrada aplicó el “principio precautorio”, sosteniendo que el Poder Judicial no puede esperar a que se produzca una vulneración efectiva de derechos fundamentales para intervenir, especialmente cuando se trata de niños y adolescentes.
El fallo no es una decisión aislada, sino que se vincula con la situación crítica que ya atraviesan centros de detención como el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora. Allí, la Justicia ya había limitado el cupo a 60 adolescentes debido a que las condiciones de alojamiento no cumplían con estándares mínimos.
Si bien la jueza reconoció avances recientes en materia de alimentación y provisión de agua, sostuvo que la provincia aún no alcanzó el “piso mínimo” necesario para garantizar que las condiciones de detención no comprometan la responsabilidad internacional del Estado argentino.
