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El Gobierno suma volumen político y judicial para su estrategia frente a la Corte

Con la llegada del capítulo del DNU a la última instancia judicial, el gobierno de Milei busca construir un frente con el sector privado que lo fortalezca. Respaldo de empresarios y demandas específicas a la Rosada. Cita con Caputo esta semana

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Tras el desembarco de la disputa por la reforma laboral en la Corte Suprema, el gobierno de Javier Milei busca construir el volumen político necesario para dar la batalla judicial y política en torno a estas modificaciones al sistema en la Argentina. La estrategia pasa por recolectar los reclamos de los diversos sectores empresariales, incluso las demandas que ellos mismos mantienen en esta dirección a nivel judicial, para consolidar un frente común que contrabalancee la alianza entre los diversos gremios y centrales que confluirán en el paro del 24 de enero.

La presentación de la Unión Industrial Argentina (UIA) como ‘amicus curiae' para respaldar la necesidad de una reforma laboral en el sentido del título 4 del DNU 70/2023 se venía conversando de antemano con el gobierno de Milei. También la rama bonaerense de la UIA se había comprometido a sumarse cuando las apelaciones llevaran el amparo presentado por la CGT hasta la última instancia de batalla legal en el máximo tribunal.

No son los únicos. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios ya anunció que la imitaría y un grupo importante de las cámaras empresariales de Córdoba -la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, la Federación Comercial de Córdoba, la Unión Industrial de Córdoba y la Bolsa de Cereales de Córdoba- ya reclamaron antes a la Cámara Nacional del Trabajo, a través de sus apoderados, ser tenidos por "terceros interesados" en la disputa. 

"A la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitamos que revoque lo decidido por esta Sala y deje sin efecto la medida cautelar ordenada", demandaron en aquel escrito. Remarcaron que "la suspensión cautelar ha provocado además una situación de extrema inseguridad jurídica que termina incluso por perjudicar a los trabajadores supuestamente representados por la CGT" porque "abre también la puerta a un sinfín de sentencias escandalosamente contradictorias respecto de la vigencia del DNU". Y que todo ello hace a la "dimensión federal del problema", de ahí su intervención. 

Fuentes gremiales aseguraron a El Cronista que esa presentación no prosperó. Y confían en que tampoco lo haga la de la UIA a la que tildaron de "lamentable", en boca de Andrés Rodríguez, secretario general adjunto de la CGT y líder del gremio estatal de UPCN

De momento, el próximo paso lo debe concretar el Supremo, si decidiera abrir la feria para entender en el capítulo laboral en la cuenta regresiva al paro general del miércoles. Semejante jugada constituiría toda una declaración de principios luego que la propia Corte determinara que recién analizaría la primera demanda que llegó a su instancia contra el DNU recién en febrero. Se trata de la presentación de la provincia de La Rioja que va contra el documento en su conjunto y no solo la reforma laboral.

La Procuración del Tesoro, que nuclea a los abogados del Gobierno, están a la expectativa de la llegada de los diversos expedientes a la Corte. En rigor, a menos que el máximo tribunal lo solicite, el Gobierno no debe realizar ninguna presentación por el fondo de la cuestión. Son los magistrados quienes deben resolver si desean nuevos informes. Si llegara a ser ese el caso, el Gobierno ya recopila fundamentos a favor de sus reformas de parte de diversos actores del sector privado, cámaras empresariales y federaciones de los diversos rubros con quienes se vienen reuniendo en Casa Rosada.

A ellos podrían sumarse, eventualmente, nuevos ‘amicus curiae' para respaldar políticamente su posición, como ya hicieron la UIA y las cámaras cordobesas. Mientras, lo que les aportaron al Gobierno son elementos políticos y legales a su favor.  El secretario de Comunicación, Eduardo Serenellini ofició de puente con gran parte de los actores privados con los que conversó sobre la reforma laboral durante los últimos diez días. 

También recolectó sus preocupaciones y se comprometió a trasladarlas al resto del Gabinete: de hecho, gran parte de quienes concurrieron las semanas previas a la Rosada, tienen programada mañana una cita con el ministro de Economía, Luis Caputo. Mientras, del lado de los gremios, los respaldos para fundamentar su postura los recogen de organizaciones y coaliciones sindicales internacionales, como la OIT.


La posición de las empresas a favor del DNU 70/2023

En la reunión que mantuvieron representantes de CAME en Casa Rosada la semana pasada, la vigencia del DNU 70/ 2023 ocupó una parte de las conversaciones. También se dialogó sobre otras cuestiones que los representantes de los comercios consideran elementales, como avanzar con un plan de cuotas en 3 y 6 meses que permitan dinamizar otra vez el consumo, fuertemente castigado por la pérdida del poder de compra. Sobre ello, se llevaron el compromiso del Gobierno de que se definirá un esquema hacia fin de mes, que solo resta resolver la cuestión de las tasas.

Hay un compromiso del Gobierno de habilitar reuniones con las diversas cámaras adheridas a la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) con los ministerios para canalizar sus preocupaciones. Una, por caso, es la necesidad de recomponer una cadena de valor productiva que quebró debido a la falta de insumos. Vinculado a este punto, en la Rosada les aseguraron que la intención es permitir las importaciones de intermedios para facilitar la producción y no productos acabados que compitan con lo nacional.

Asimismo, hubo un pedido para retomar la Mesa contra la Piratería, un punto que se viene conversando también con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde esperan sumar un capítulo que atienda a la falsificación de marcas a través del comercio virtual.

A cambio, expresaron su total respaldo a las reformas laborales que plantea el DNU. De hecho, desde la representación de CAME y FECOBA se habló de un relevamiento interno que arrojaba un amplio apoyo del 80% entre sus socios en los cambios que impactan directamente sobre los juicios laborales y las multas.

En el mismo sentido se expresaron quienes se acercaron en representación de Asociación Propietarios de Farmacias Argentinas (Asofar) que mantenían sus propios cuestionamientos a otros aspectos de DNU, como los que desregulan su rama, más allá de que suscriben a los cambios en el sistema laboral.

También les impacta la liberación de comisiones por parte de las tarjetas de crédito -poniendo fin al porcentaje único para el sector, sin importar la superficie comercial- lo que deja a las farmacias de barrio en desiguales condiciones de competencia frente a las condiciones que pueden negociar las cadenas. Un punto que, a la par, le trasladaron al Gobierno los representantes de los comercios nucleados en la Asociación de Amigos de la calle Corrientes.

Durante el debate en el plenario de comisiones en Diputados, algunos representantes de estos sectores también pidieron la palabra para defender las nuevas normativas. La Unión Industrial bonaerense, por caso, planteó sus argumentos a favor de las reformas que atienden a lo laboral. En paralelo, marcaron la importancia, en sus contactos con el Gobierno, que la apertura fronteriza no sea indiscriminada, como tampoco se generalice las retenciones a las exportaciones y se preserve la Ley de Compre Nacional (Ley 18.875).

Esta última derogación se removió en el nuevo articulado de la ley ómnibus. como también la ley de Compre Argentino (Ley N° 27.437) y la de Promoción Industrial (Ley N° 21.608). No sucedió lo mismo con el pedido de quitarle el 15% de retenciones a las exportaciones industriales

En el paso por la Rosada y por el Congreso, la UIPBA hizo mención a la importancia de actualizar la normativa con "la eliminación de las multas previstas en normas y el anatocismo que, lejos de lograr su objetivo buscando erradicar el trabajo informal, llevaron a numerosas pymes al borde de la quiebra. Así lo consignó un comunicado difundido luego de la participación en el debate legislativo de la titular del departamento de Legislación y Política Productiva, Sonia Escuder.

A la vez, se rechazó el "abuso del derecho a huelga, los bloqueos y tomas de plantas que destruyen empresas, a que la normativa no se ha adaptado a las nuevas formas de trabajo, tecnologías y puestos que requiere la actividad sectorial en el año 2024". Todo esto figura con pena de 3 a 6 años y posibilidad de incrementarse si se hace de manera coordinada en diversos puntos, acorde a la nueva ley ómnibus. Del mismo modo, los industriales celebran como un cambio positivo la extensión del período de prueba.

Un punto en el que los empresarios de la industria le pidieron al Gobierno que interceda es en la negociación con las aseguradoras para que acepten los Bopreal a la hora de poder pactar los seguros para el comercio internacional. Si bien es una conversación que los privados ya encarrilaron por su cuenta, consideran que el empuje por parte del Gobierno es fundamental, hasta tanto se regularicen las deudas de 60 días que patean las empresas con sus proveedores en el extranjero.

Como lo muestra el ‘amicus curiae', la UIA juega fuerte no solo a nivel provincial sino también nacional a favor del capítulo laboral. En uno de esos puntos, el concerniente a la posibilidad de migrar a un modelo de Fondo de Cese tipo UOCRA, los empresarios ponderan que exista la posibilidad y no una obligatoriedad. "Hay empresas que son de capital intensivo que requieren una mano de obra especializada, mucho más estable, a las que no les conviene este sistema como a otras empresas de mayor rotación", detalló uno de sus articuladores a El Cronista.

En ese aspecto coincidieron con las agrupaciones agrarias Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA) que también pasaron por la Casa Rosada la última semana. La promesa de que la extensión de las retenciones sería solo por dos meses, hasta el inicio de la cosecha gruesa, no convenció a sus voceros. Tampoco la sola eximición de las economías regionales, que no deja de ser un punto sobre el que hicieron énfasis, en el nuevo articulado. 

Así y todo, el capítulo laboral es donde encuentran mayores puntos de alianza con el gobierno de Milei, sobre todo en lo ateniente a la "industria del juicio" y otros litigios relacionados. Por caso, los dirigentes rurales se comprometieron a acercarle al Gobierno sus propios expedientes sobre batallas judiciales contra normas laborales, algunos de los cuales se dirimen en la Corte Suprema. 

Uno de ellos es una acción planteada contra el Estado por la adjudicación de un bono a las y los trabajadores de UATRE a través de la resolución 230/22 de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario; mediante un recurso extraordinario federal, argumentaron que allí se resolvió el refuerzo de forma compulsiva, con aval del gobierno de Alberto Fernández, y no por consenso, como dictan las normas.

En paralelo, tramita en el máximo tribunal una acción de inconstitucionalidad que planteó la Mesa de Enlace contra la ley VIII-103 de la provincia de Misiones que establece la prohibición del uso del glifosato desde 2025 y hay otra presentación del conjunto de las organizaciones en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo contra la actualización de las tasas de los créditos laborales que multiplican los costos a niveles inflacionarios, volviéndolos impagables, acorde a lo expresado por los referentes del campo ante el Gobierno. 

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