Presupuesto 2024: el Gobierno prorrogó la ley del 2023 para el año entrante y Posse podrá adecuarla
Ante la falta de una Ley de Presupuesto propia para el 2024, el Gobierno prorrogó la del 2023 y facultó a Nicolás Posse a realizar las modificaciones necesarias.
A través del Decreto 88/2023 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei prorrogó el Presupuesto 2023 para el año 2024 y facultó a Nicolás Posse, su jefe de Gabinete cuya firma porta la resolución, a adecuar este libremente.
Tal como había trascendido, el primer año de gestión de Milei usará el presupuesto anterior debido a que "a la fecha, no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2024".
Así lo indica la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, donde se explicita que, en estos casos, debe utilizarse el Presupuesto del año previo, "con adecuaciones que deberá hacer el Poder Ejecutivo Nacional".
Por ende, el artículo 1° del Decreto 88/2023 dicta: "A partir del 1° de enero de 2024 rigen (...) las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias".
En estos casos de prórroga, en su artículo 27° la Ley de Administración Financiera dispone una serie de "ajustes" que el Gobierno debe realizar sobre el Presupuesto General.
Sin embargo, en los considerandos del Decreto 88/2023 publicado este miércoles se explicita que, "dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2023, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones".
Debido a esto, "estas se llevarán a cabo oportunamente" y será Posse el encargado de definir todas las modificaciones: "Instrúyese al Jefe de Gabinete de Ministros a adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga", marca el artículo 2° del Decreto.
En las consideraciones de la norma también se aclara que la prórroga "contempla las adecuaciones institucionales efectuadas en la reorganización ministerial del Poder Ejecutivo Nacional" realizadas por Milei en su asunción, cuando redujo las carteras a nueve.
El escrito también establece una actualización en "las competencias para autorizar gastos, ordenar pagos y efectuar desembolsos se adecuarán a las siguientes pautas, según corresponda".
El Decreto dispone el valor del módulo en $ 8000 y señala que a través de esta herramienta deben registrarse todos los gastos: el anexo obliga a solicitar aprobación para todos los gastos superiores a los $ 800 millones (100.000 módulos).
El Decreto dispone que solo Posse, los ministros del Gabinete, los funcionarios con rango y categoría de ministros, los secretarios ministeriales, de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete, "o funcionarios de nivel equivalente", pueden aprobar los siguientes gastos:
- Designación de personal, retribución del cargo y otros actos que determinen la modificación de sus remuneraciones;
- Otros gastos de personal;
- Retribuciones que no hacen al cargo;
- Complementos;
- Beneficios y compensaciones;
- Servicios técnicos y profesionales;
- Publicidad y propaganda;
- Otros servicios;
- Pasajes (fuera del país);
- Viáticos (fuera del país);
- Obras de arte;
- Activos intangibles;
- Equipos Varios;
- Transferencias (excepto gastos correspondientes a la Partida Parcial "Ayudas Sociales a Personas y Asignaciones Familiares");
- Activos financieros.
Además, "los Ministerios que tengan a su cargo las Fuerzas Armadas (Defensa) y las Fuerzas de Seguridad (Seguridad) fijarán las competencias para la aprobación de gastos y el ordenamiento de pagos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones" dentro de los límites dispuestos por el Decreto 88/2023.
"Toda salida de fondos del Tesoro Nacional requiere ser formalizada mediante una orden de pago emitida por el Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.)", señala el escrito también.
El presupuesto que rigió a la administración nacional durante este año contemplaba un 1,9% de déficit fiscal, con recorte de subsidios a las tarifas de electricidad y transporte, entre otros y una inflación del 60%. Al igual que este año, ambas previsiones parecen lejanas de poder cumplirse en el 2024.
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