La reducción de alícuotas en el impuesto a las Ganancias, uno de los ítems que introdujo el Gobierno en el “capítulo fiscal” de la Ley de Modernización Laboral, trae aparejada una vieja discusión entre Nación y las provincias: los recursos que se distribuyen según la Ley de Coparticipación Federal. El próximo miércoles 11 de febrero comenzará el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso. Por el momento, reina la incertidumbre respecto de si los gobiernos provinciales acompañarán —en su gran mayoría— la iniciativa del oficialismo. ¿El motivo? La baja en la carga tributaria para sociedades que, según se lee en el artículo 190 del proyecto de ley, propone una reducción de la alícuota en los tramos 2 y 3, llevando los porcentajes del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, respectivamente. “Los gobernadores no quieren ceder en la baja de Ganancias, que se aplicará a partir del ejercicio 2026. O sea, que impactaría en [la declaración jurada] 2027″, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, quien —tal como adelantó El Cronista— no pretende resignar las modificaciones impositivas incluidas en el “Capítulo II - Impuesto a las Ganancias”. Los gobernadores, por su parte, alegan que esto incidirá en los recursos coparticipables. Según los coeficientes establecidos en la Ley 23.548, un 54,66% de la masa coparticipable se distribuye de forma automática entre el conjunto de las provincias adheridas. Aquellos que el Ejecutivo considera “aliados” no estarían del todo de acuerdo en acompañar reducciones de esa magnitud. "Argentina tiene que bajar impuestos“, reiteró Caputo la semana pasada. Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), cuyos cálculos también incluyeron otra modificación que introdujo el Gobierno (la exención del alquiler de propiedades con destino a casa-habitación), la baja de alícuotas en Ganancias tendría un costo fiscal directo inicial anual del orden del 0,22% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que en moneda actual equivale a $ 1,9 billones. De este total, a Nación le corresponderían $ 790.000 millones, mientras que al conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) les representaría una pérdida de $ 1,12 billones. En este caso, IARAF estimó que Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba serían las jurisdicciones más afectadas, con un impacto negativo de $ 238.558 millones, $ 97.087 millones y $ 96.459 millones, respectivamente. “Ellos dicen que eso les va a costar unos $ 3 billones; en realidad cuesta la mitad”, aseguró el ministro Caputo. La administración de Javier Milei dejó en claro que, para atraer inversiones y ganar competitividad, es imperioso quitar presión a las empresas. “Estamos perdiendo hace años la batalla de competitividad fiscal con respecto a otros países en la región”, consideró Tomás Smudt, economista especializado en impuestos y socio fundador del estudio Laiún, Fernández Sabella y Smudt. En diálogo con El Cronista, recordó que en la década de los 90 Argentina era un hub de inversión donde se administraban muchas entidades multinacionales de Latinoamérica. “Hoy eso se perdió. Las multinacionales prefieren tener los centros de negocios en Paraguay y en Uruguay“, comparó. El aspecto tributario y la falta de seguridad jurídica son dos cuestiones que describen a la perfección este escenario. En términos de alícuotas del impuesto a las Ganancias, la brecha es significativa con el resto de los países: la alícuota de Perú es del 29,5%, la de Chile es del 27%; la de Uruguay es del 25%; y la de Paraguay —la más baja— es del 10%. En ese sentido, Maximiliano Batista, abogado especializado en impuestos y socio del estudio Martínez de Hoz & Rueda, precisó que en caso de que el Congreso apruebe el capítulo fiscal, Argentina solamente quedaría por debajo de la alícuota de Brasil, con 34%, y Colombia, con 35%. “Fuera de la región, es todavía más baja: España y Portugal, por ejemplo, tienen una alícuota del 25% y 21%, respectivamente. El promedio de países de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] es 24,2%“, añadió. En las últimas semanas, el debate en torno a la reducción de Ganancias puso el foco en el impacto fiscal para las provincias y CABA. Tal es así que un grupo de mandatarios provinciales sugirió mecanismos de compensación a cambio de garantizar el apoyo en el Congreso. El ministro del Interior, Diego Santilli, confesó que los gobernadores pidieron coparticipar una parte del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, más conocido como el impuesto al Cheque. Parte de esa iniciativa se ampara no solo en la medida de alivio fiscal que el Gobierno introdujo en la reforma laboral, sino también en la caída de los recursos coparticipables durante 2025. Por ejemplo, en enero de 2026, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) —principal fuente de ingresos del Estado— habría tenido una baja del 11,2% en términos reales respecto de enero de 2025. “La recaudación de las provincias viene cayendo, con el IVA y la falta de consumo. Por eso buscamos alternativas, algún tipo de compensación para no seguir resignando fondos para las provincias”, expresó Santilli. Coparticipar el impuesto al Cheque no suena viable, al menos si se tiene en cuenta que el 100% de lo recaudado se destina a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Tocar una caja de seguridad social obliga al Ejecutivo a reestructurar ese financiamiento. El inconveniente no termina allí, porque el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios puede computarse como pago a cuenta de Ganancias. Sin embargo, el eje del debate —desde el punto de vista del oficialismo— es otro: la baja de alícuotas no está pensada para quitar recursos, sino para incentivar la inversión y el crecimiento económico. Según indicó Maximiliano Batista, esta medida permitirá que “se realicen más transacciones económicas, que generen más recursos por Ganancias, que a su vez paguen el impuesto y que también resulten en mayor pago de IVA e impuesto a los débitos y créditos”. Además, explicó que un aumento en el volumen de actividad y en los ingresos por impuesto a las Ganancias también impacta en una mayor recaudación por el impuesto a los Bienes Personales, un gravamen que se aplica sobre los bienes situados en el país. “El RIGI [Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones] es una muestra de que se realizan más transacciones económicas si se otorgan beneficios impositivos. Todavía es pronto para ver el impacto en la recaudación, pero posiblemente haya sido neutro, aun cuando la reducción fue del 35% al 25%”, agregó Batista. En esa misma línea, Tomás Smudt dijo que “una reducción del impuesto corporativo a las Ganancias tendría que tener un efecto positivo en la economía vía inversión o consumo”. En el fondo, cuando se aplica una baja de impuestos, se presupone que eso también impactará en un incremento de la recaudación. Pero los gobernadores lo evalúan desde el punto de vista estático, es decir, el impacto inicial directo de la medida que impulsa la actual gestión. “Si reducís el impuesto a las Ganancias, pero subís otro tributo, se termina distorsionando más el sistema tributario argentino. La compensación debería ser a través de la baja del gasto público en las provincias”, argumentó. En el tercer trimestre de 2025, la evolución del gasto público provincial presentó incrementos dispares en todos los distritos. Según detalló la consultora Politikon Chaco, las mayores alzas se observaron en Formosa (+33,4%), Neuquén (+27,7%), Tucumán (+27,5%), Tierra del Fuego (+23,3%) y Chubut (+22,0%), siendo los únicos casos con subas mayores al 20% real interanual. Al comparar los resultados con el tercer trimestre de 2023, solo Neuquén (+15,9%) y Chubut (+0,4%) presentaron una expansión de sus erogaciones totales en 2025, mientras que el resto muestra descensos en diferentes magnitudes. El recorte más leve se observa en CABA (-2,6%), mientras que el “más quirúrgico” se ve en San Luis (-35,4%). Por otro lado, el socio de Martínez de Hoz & Rueda se preguntó: “¿Es la alícuota actual del impuesto a las Ganancias la única razón por la que esas transacciones no se realizan?”. Desde su perspectiva, hay otras razones, como la gravosa legislación laboral que el proyecto de ley modifica a favor de los empleadores. Aun así, hay aspectos que la reforma no modifica. “La principal es que no da ninguna garantía anti-cepo cambiario (que el RIGI sí otorga). Este punto es esencial y puede hacer que la reducción de la alícuota del proyecto de ley tenga un efecto limitado e incluso negativo”, señaló Batista. Un inversor, a la hora de destinar su capital, evalúa la alternativa más conveniente en materia de producción y, sobre todo, rentabilidad. “El dueño del dólar en el exterior tiene tres opciones: invertirlo en la Argentina, invertirlo en el exterior o guardarlo. Para que elija la primera, tiene que ser más atractiva que invertirlo en el exterior y eso solamente lo podés conseguir con mayor seguridad jurídica y menos impuestos que en el exterior. Mayor seguridad jurídica no hay si hay cepo y, aun cuando lo quitaran, sí lo pueden volver a poner con una simple resolución del Banco Central (BCRA)”, sostuvo en relación a las restricciones para las personas jurídicas. Recientemente, el BCRA avanzó con una flexibilización puntual del cepo cambiario para empresas. Ahora, las compañías podrán acceder al mercado de cambios para precancelar obligaciones negociables (ONs) o préstamos en moneda extranjera, aunque bajo condiciones específicas. Sin embargo, estas restricciones no se eliminaron por completo. Tal como señaló en diversas ocasiones Miguel Kiguel, economista y director de la consultora Econviews, mientras el cepo persista, atraer inversiones seguirá siendo un desafío. Esta es la señal que el mercado aún espera, dado que los inversores extranjeros temen la imposibilidad de girar dividendos al exterior. Las cartas están sobre la mesa. El próximo miércoles comenzará el debate de la Ley de Modernización Laboral en el Senado. Allí se discutirá un nuevo marco normativo (vacaciones, indemnizaciones —Fondo de Asistencia Laboral—, despidos y la organización de horas laborales —bancos de horas—, entre otras cuestiones), aunque la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades será uno de los ejes determinantes para alcanzar los consensos necesarios y avanzar con la reforma.