Una provincia clave arma su propio esquema de PPP y pide la cesión de las rutas nacionales

Tal y cómo lo prometió en campaña, Javier Milei dejó de lado la ejecución de la obra pública a los fines de reducir el gasto estatal y como parte de su convicción de que son los agentes privados quienes deben participar en ese tipo de actividades. Se trata de una concepción que no es igual a la que tienen la gran mayoría de los gobernadores.

De lo que va de la gestión libertaria, la obra pública se paralizó virtualmente a cero. Según un informe de la ASAP, la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Luis Giovine, sólo ejecutó un 0,6% del presupuesto anual y en el último aumento de las partidas decretado por el Gobierno sólo se subió un 0,3% las asignaciones, las cuales irán mayoritariamente a actividades operativas, la Unidad Plan Belgrano y políticas de prevención sísmica.

Desde entonces, diversos gobernadores han reclamado en diálogo con el Poder Ejecutivo el aumento de los fondos para poder asistir en cuestiones básicas de infraestructura como rutas nacionales, por decir un caso. Así se lo hicieron saber al ministro del Interior, Guillermo Francos, las provincias del norte la semana pasada. La respuesta habría sido "no hay recursos".

En la reunión que Nación y provincias gobernadas por Juntos por el Cambio mantuvieron la última semana se aseguró la posibilidad de reactivar ciertas obras públicas que se encuentran frenadas desde la asunción de la nueva gestión. Aun así, no hubo precisiones de cuándo ni qué montos están dispuestos a ceder.

El pedido al Gobierno y el nuevo esquema de PPP provincial

En paralelo a las cuestiones que atañen a la Ley Bases, el gobernador de una de las provincias más grandes del país busca suplir la ausencia en algunas obras puntuales mediante un régimen similar al de Participación Público Privada (PPP). Junto a eso, se pedirá la cesión de las rutas nacionales para poder efectuar obras de mantenimiento.

Se trata de Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, quien busca tener un esquema sostenible para obras de vialidad en vías claves como el tramo Rosario-Santa Fe y Crespo-Avellaneda de la Ruta Nacional 11. En el caso de la primera, se trata de una arteria clave para el tránsito de camiones que van rumbo a Paraguay (y viceversa), y el objetivo es que se pueda convertir en autovía.

"Compramos 50 toneladas para bachear la Ruta 11. No esperamos nada del Gobierno nacional porque nos han dicho que están para otra cosa", dijo una alta fuente de la gestión santafesina a El Cronista, que reconoce que el presidente Javier Milei fue claro en campaña al decir que no priorizaría la obra pública en su gestión.

Entre los casos afectados por la falta de incidencia de Nación está el del puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé, sobre el cual no pueden circular autos, camiones y otros vehículos de gran porte por problemas estructurales. El Ejecutivo nacional no prevé la construcción de un nuevo puente y Vialidad montó un puente de metal provisorio.

Los puertos y el fideicomiso clave

Hay una cuestión nodal que es mirada por la gestión de Pullaro: las obras que rodean a las terminales del complejo portuario santafesino. La mira de este esquema de participación público-privada está centrada en un plan de inversión con obras para mejorar el acceso a los puertos, en particular al que está emplazado en la localidad de Timbúes, al norte de la ciudad de Rosario.

Un mes atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había oficializado en una de sus conferencias la llegada de un nuevo puerto agroindustrial en Timbúes, la cual contempla una inversión de u$s 550 millones (en el que se emplearán cerca de 2600 personas) que ya están comenzando a ejecutarse, liderado por la empresa Terminales y Servicios S.A. 

En 2020, la Asociación de Cooperativas Argentinas (A.C.A.) inauguró su puerto en Timbúes, a la altura del kilómetro 461 del río Paraná, clave para el aumento del acopio que favoreció al sector aceitero y cerealero.

Según comentaron fuentes al tanto del plan, se busca que el costo de esas obras en las rutas de los camiones tenga participación de las compañías que operan en las terminales y de los municipios que se ven beneficiados por esa actividad.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, había dicho en noviembre al diario La Capital que se buscaba hacer un fideicomiso de administración manejado por la empresa Mandatos y Negocios (integrado un 85% por el Banco Municipal de Rosario y en un 15% por la Municipalidad de Rosario), y "también renovar con licitaciones las dos estaciones que hacen los servicios de ruta".

"Las obras nacionales es lo que más nos preocupa, algo que Lisandro Enrico ya estuvo gestionando, y también las obras que va a llevar adelante el Gobierno de Santa Fe", había dicho Pullaro en una conferencia brindada en enero. En esa línea, Enrico había resaltado que "reparar las rutas nacionales es una necesidad sumamente importante y urgente para los santafesinos. Las rutas nacionales se encuentran en un estado vergonzoso, no se reparan, no se tapan los pozos y ni se cortan los yuyos".

Como un primer movimiento, funcionarios de Pullaro se habían puesto a disposición para comprar el material para asfaltar las rutas y que sea Nación quien las repare. Ante las demoras la Gobernación comenzó a ver con mayor fuerza la posibilidad de pedir el traspaso de esas rutas nacionales al ámbito provincial.