Marcha masiva

Los desafíos que se le abren al Gobierno, la próxima fecha a mirar y el nuevo actor clave que decidirá la auditoría

El Gobierno se dará cita con los rectores la semana próxima; el vocero Adorni dijo que el envío de fondos "está saldado"; los sindicatos universitarios todavía no pactaron paritarias.

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A pesar de los intentos de desactivar el reclamo, el Gobierno Nacional transitó este martes la Marcha Federal Universitaria, que tuvo movilizaciones en todo el país y que configuró la manifestación más masiva desde que Javier Milei asumió la Presidencia. Esta tuvo como principal demanda la actualización del presupuesto de la educación superior, algo que hasta el momento no parece tener un punto de acuerdo con los rectores universitarios y los sindicatos docentes y no docentes.

La versión del Gobierno y los desafíos que se plantean  

El jefe de Estado siguió la marcha del operativo desde la Quinta de Olivos y desde su entorno relativizaron la movilización a pesar de que el protocolo antipiquetes tuvo que ser aplicado parcialmente debido a la afluencia de manifestantes que terminó frenando la circulación vehicular en el microcentro porteño. Postales similares se vieron en la ciudad de Córdoba, Rosario, Mar del Plata y otros puntos nodales.

En la previa, el vocero presidencial Manuel Adorni reconoció en su habitual conferencia de prensa que consideraba "legítimo" el reclamo de los jóvenes que se manifestaban bajo la consigna de una mejor educación; pero enumeró que dirigentes que habían anunciado su presencia en la marcha -como Sergio Massa y Axel Kicillof- configuraban un "tren fantasma" que deslegitimaba el reclamo.

Una de las postales de la marcha en Plaza de Mayo. (NA)

En relación al reclamo, el Gobierno consideró que el envío de fondos para el funcionamiento de las universidades -con un aumento del 140%- y de partidas para los hospitales universitarios ya es un "tema saldado".

Los rectores englobados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reconocieron que es un avance, pero que el presupuesto para esas partidas sigue perdiendo frente a la inflación acumulada desde enero de 2023, cercana al 300%. Esas partidas configuran cerca del 10% del presupuesto universitario, siendo la otra gran parte los envíos para salarios de docentes y no docentes.

Desde Casa Rosada afirman que el diálogo con las universidades y los sindicatos no está cortado, pero que no se prevén nuevas medidas; al menos no luego de lo que fue la manifestación federal de este martes. De prolongarse esa situación, diversos rectores en diálogo con El Cronista afirman que a posteriori el reclamo se seguirá extendiendo, pudiéndose recrudecerse.

El principal interlocutor del Gobierno y el nuevo actor clave

El principal interlocutor del Gobierno, el subsecretario de Asuntos Universitarios, Alejandro Álvarez, quien tiene ciertos cuestionamientos de parte de algunos integrantes del Ejecutivo por la escalada que sufrió el conflicto.

Este funcionario convocó al CIN el próximo 30 de abril para tener una nueva instancia de diálogo, será la primera gran audiencia luego de la masiva convocatoria de ayer. Esto fue bien recibido, pero desde las rectorías alegan que Álvarez fue poco receptivo a las alternativas planteadas por el sector y que el vínculo "no es bueno". Incluso se conocieron gestiones de parte de ese funcionario con presiones a diversas universidades para que desistan de convocar a la marcha, las cuales fueron infructuosas.

Otro dilema que se le presenta al Gobierno es el asunto de la paritaria universitaria docente y no docente, que engloba a cerca de 150.000 trabajadores. En la última audiencia, Álvarez informó que el ajuste salarial para el sector era un 8% para el mes de abril, propuesta que los universitarios no pudieron negociar y que cosechó el rechazo de todos los sindicatos por considerarla "insuficiente".

En el marco del mantenimiento de la meta fiscal que buscan mantener para este trimestre, funcionarios del Ejecutivo no pudieron precisar a El Cronista hasta cuánto están dispuestos a flexibilizar las subas salariales.

Una altísima fuente del Ejecutivo reconoció en privado que no está en los planes de mediano plazo el arancelamiento optativo, que en el corto plazo buscan impulsar auditorías sobre las universidades, pero que son competencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), que lidera el peronista Juan Manuel Olmos.

"Es obligación del Poder Ejecutivo Nacional garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, dispuesta por el Congreso en el presupuesto nacional, pero no está dentro de su competencia controlar de qué manera se aplican los recursos", alegó la cuenta oficial de la Presidencia del ente en su cuenta de X.

Además, remarcó que esto no quiere decir que carezca de control. Es la Auditoría General de la Nación el órgano con competencia para realizar el control externo de las universidades nacionales. Según se informó, "el Congreso Nacional es quien dispone qué, cuándo y a quiénes se audita a través del Plan Anual de Auditoría que aprueba la Comisión Mixta Revisora de Cuentas para cada ejercicio presupuestario".

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