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La Cámara de Diputados sesiona este miércoles desde el mediodía y uno de los proyectos destacados a votar es la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, una propuesta del Ejecutivo impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo.

El oficialismo llega con los votos para aprobarlo en general, pero no para todo su articulado: un grupo de bloques aliados pidió modificar uno de los títulos y otros reclamaron directamente su retiro.

La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría el 27 de octubre, con 60 firmas, en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Lo acompañaron el PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas. En tanto, Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo.

Qué propone el proyecto: sanciones para quienes exploten recursos sin autorización

El primer título, que podría aprobarse por unanimidad, deroga la Ley 26.659 (Ley Pino Solanas), que sanciona la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización argentina. En su lugar, el proyecto amplía ese régimen a cualquier recurso natural, renovable o no, de modo que alcanzaría también la pesca y la minería. Rige para Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Ninguna persona o empresa, argentina o extranjera, podría desarrollar esas actividades sin habilitación de la autoridad argentina. La prohibición también comprende a quienes proveen bienes o servicios esenciales para llevarlas adelante, cuando conocen ese destino, y a quienes controlan, directa o indirectamente, a las empresas responsables.

Qué propone la Ley Malvinas.
Qué propone la Ley Malvinas.

Las penas incluyen prisión, multas calculadas en barriles de petróleo, inhabilitaciones de entre cinco y 20 años, y límites para contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.

En los casos más graves, vinculados con la extracción de hidrocarburos, la prisión puede llegar a 20 años. Para incluir a una empresa en el registro de infractores se exige condena penal firme, y lo recaudado irá al Ministerio de Defensa.

Los cambios que reclamó Estados Unidos

El régimen de sanciones llega al recinto con las modificaciones que pidió Estados Unidos. El subsecretario de Estado Christopher Landau le transmitió a Milei la preocupación de la administración de Donald Trump por el impacto de la ley sobre compañías estadounidenses con inversiones o participaciones indirectas en empresas vinculadas con las islas. La Casa Rosada negó que hubiera presiones, pero el dictamen recortó lo que había objetado Landau.

Quedaron exceptuadas las personas físicas con hasta el 2% del capital que no intervengan en la designación de autoridades, y los fondos de inversión sin discrecionalidad sobre sus activos. Las restricciones a proveedores se limitan a quienes suministran bienes o servicios esenciales y conocen su destino.

Consejo de Seguridad Nacional bajo conducción presidencial

El resto del articulado excede la cuestión Malvinas y crea una nueva arquitectura de seguridad nacional. Su órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional, al mando del Presidente.

El proyecto original lo integraba con el jefe de Gabinete, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y la secretaria Legal y Técnica. A pedido de los aliados, el dictamen sumó como miembro permanente al Ministerio de Seguridad y habilitó la participación del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado y los gobernadores, según el tema en discusión.

La sesión arranca este miércoles al mediodía.
La sesión arranca este miércoles al mediodía.ARCHIVO FOTOGRAFICO HCDN

El Consejo diseñará la política de seguridad nacional y coordinará las funciones diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia, además de la protección de la infraestructura crítica. El dictamen redefinió sus funciones y limitó su intervención en asuntos de seguridad interior.

Conserva la potestad de adoptar “medidas urgentes” ante “amenazas graves”, que en el texto original incluían restringir operaciones cambiarias y financieras, congelar fondos y activos, suspender contrataciones y elevar de manera transitoria los derechos aduaneros. Esas medidas quedan sujetas a revisión judicial y deberán comunicarse al Congreso en un plazo general de 48 horas.

El principal contrapeso que lograron los aliados es una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, con cuatro diputados y cuatro senadores, que podrá pedir informes, formular observaciones y hacer recomendaciones.

Inversiones extranjeras en sectores estratégicos

El Consejo también tendrá a su cargo la revisión de las inversiones de Estados extranjeros, o de empresas bajo su control, en defensa, energía, hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, actividades espaciales e infraestructura crítica. Podrá autorizar una operación, someterla a condiciones o rechazarla si implica un riesgo significativo, y también revocar autorizaciones u obligar a vender participaciones.

Defensa, espacio aéreo e inteligencia

El proyecto incorpora un régimen de derribo en el espacio aéreo: el Comando Conjunto Aeroespacial vigilará, identificará e interceptará aeronaves consideradas irregulares u hostiles, con una respuesta progresiva en la que el uso de la fuerza queda como último recurso y requiere orden del Presidente, que puede delegarla en el ministro de Defensa.

Para el espacio marítimo, el dictamen delimitó las funciones del Comando Conjunto Marítimo y de la Prefectura Naval, y los procedimientos sobre aeronaves y embarcaciones también deberán informarse al Congreso.

El texto también modifica la Ley de Inteligencia, crea un delito para quien apoye a sabiendas una operación clandestina de inteligencia extranjera en el país y establece el registro RePET de personas vinculadas con el financiamiento del terrorismo, bajo la órbita de la UIF.