Las alimenticias juegan la carta del desabastecimiento y el Gobierno arma un plan de control

El congelamiento de precios terminó generando problemas en ambos lados de la mesa de discusión que se abrió para debatir este tema.

Del lado del Gobierno, la bomba estalló porque las cosas no salieron exactamente como se buscaba. El objetivo central era anunciar un nuevo esquema de congelamiento de precios, pero había que hacerlo bajo el formato de acuerdo entre las partes, y cuanto antes.

Las empresas, en tanto, sabían que no tenían chances de escapar de la idea del nuevo programa, pero pretendían que se escucharan algunas consideraciones que tenían que ver con determinados productos y sus precios.

Ni Gobierno ni alimenticias lograron nada de lo que pretendían. Para el oficialismo, porque congelamiento finalmente salió por una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, y con un listado de productos armado de forma unilateral.

Para las alimenticias, porque no lograron las revisiones que pretendían, y ahora quedarán atadas a lo que indica la resolución y el malhumor del Gobierno por no poder alcanzar un acuerdo.

Esto no hizo más que generar un nuevo foco de conflicto, una suerte de segundo round, que tiene que ver con el abastecimiento de estos 1432 productos que se venderán a precios congelados hasta el 7 de enero próximo.

Ayer, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anticipó que sumará a provincias e intendencias al programa de monitoreo de precios de los productos que conforman esta nueva canasta.

De hecho, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con Feletti, para coordinar medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de la fijación temporal de precios máximos establecida sobre los productos de consumo masivo.

"Desde la provincia respaldamos y vamos a acompañar las medidas que está implementando el Gobierno Nacional para cuidar el bolsillo de la gente", aseguró Kicillof y agregó: "Nuestra propuesta es trabajar junto a los municipios en materia de controles, ya que estamos observando un crecimiento muy acelerado de los precios que lleva a que, si bien las y los argentinos están mejorando sus ingresos, terminan consumiendo lo mismo".

La fuerza de trabajo en este sentido será, como ocurrió en 2014, integrantes de movimientos sociales, que deberán concurrir a los centros de comercialización para verificar el cumplimiento de las normas.

"Estamos previendo los mecanismos legales para que gobernaciones e intendencias acompañen el monitoreo del programa, informen y podamos avanzar en el control", dijo Feletti en declaraciones radiales.

Las compañías jugaron la carta de los problemas de abastecimiento apenas se enteraron del plan oficial para congelar precios, y hoy se agarran fuerte de ese argumento

Además, en cuanto a la preocupación oficial respecto de la entrega de estos productos a los comercios, precisó que "la obligación de abastecer y cumplir precios compatibles con los ingresos de la población en consumos esenciales también es una obligación legal y debe cumplirse. Sino el único derecho que parece que se debe cumplir es el de la propiedad privada, y la constitución garantiza muchos otros derechos a los argentinos".

Las compañías jugaron la carta de los problemas de abastecimiento apenas se enteraron del plan oficial para congelar precios, y hoy se agarran fuerte de ese argumento.

"Con esta medida, tomada sin consenso, lo que están haciendo es obligarnos a producir algo que no solo no nos será rentable sino que además nos dará pérdidas. La lógica ante esto es que se produzca lo mínimo, como para cumplir con los parámetros del programa. Pensar que vamos a generar un sobrestock y que en algún momento puedan faltar productos, es mentirse a si mismos", apuntó el directivo de una de las principales alimenticias nacionales.

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A esta problemática se suma que tanto las compañías del sector como los supermercados encontraron que, en el listado de precios que publicó Comercio Interior, los precios de referencia de varios productos no tienen nada que ver con los valores que regían al 1° de octubre pasado, tal como indica la reglamentación.

En este sentido, durante toda la jornada del miércoles hubo reuniones particulares dentro de varias alimenticias y supermercados, justamente para analizar los listados, y allí se encontraron las diferencias.

Se especula con la posibilidad de que las empresas intente algún encuentro con Comercio Interior para aclarar este punto, aunque habrá que ver ahora cuál es el grado de receptividad que tiene el Gobierno.