La Justicia apunta contra uno de los líderes de la CGT por el uso del bloqueo

En el marco de la pelea entre el gobierno de Javier Milei y los gremios más combativos, la Justicia se inclinó a favor de la posición de los libertarios en un artículo de la reforma laboral que no se terminó de reglamentar: el uso del bloqueo como herramienta de presión sindical.

En un fallo la Cámara Nacional de Apelaciones revocó el sobreseimiento de uno de los triunviros de la CGT en una causa donde se lo acusaba de perjudicar los derechos de terceros mediante la "coacción", a través del bloqueo de la actividad en el marco de una manifestación. La decisión sienta un precedente jurídico en esta pulseada.  

A través de la reforma laboral dentro de la Ley Bases, el Gobierno empujó una serie de cambios en el sistema legal que incluyó la penalización del bloqueo como una causal de despido. No obstante, a la hora de reglamentar este capítulo, dejó el artículo en cuestión al margen. De hecho, en una reunión con la CGT, sus dirigentes señalaron al terminar que el compromiso era avanzar en una negociación con el sector privado para delimitar los alcances de esta figura.

A través de su fallo, la Cámara Nacional apuntó contra Carlos Acuña, líder de los estacioneros, tomando como base las recientes modificaciones en la normativa laboral. Paradójicamente, no se trata de uno de los dirigentes cegetistas más hostiles frente al Gobierno. 

La resolución de los jueces Julio Marcelo Lucini, Pablo Guillermo Lucero e Ignacio Rodríguez Varela -en disidencia parcial-, cataloga al cosecretario general de la CGT, Carlos Acuña, como responsable del delito de coacción. Además, dispone que se lo embargue por la suma de $8 millones sobre sus bienes y fondos.

La resolución del 8 de noviembre de 2024 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Argentina da marcha atrás con un sobreseimiento al secretario general del SOESGyPE y triunviro de la CGT. En este sentido, el tribunal entiende que Acuña debe enfrentar un procesamiento bajo el cargo de coacción, bajo el fundamento de que su accionar no puede restringir el libre acceso a establecimientos comerciales de terceros no vinculados a la protesta.

En concreto, el fallo alude al bloqueo como una práctica considerada como una infracción grave, en línea con lo que fija la Ley Bases. Si bien en su momento el Gobierno buscó tipificarla como delito en la letra original de a meganorma, finalmente removió ese apartado y solo permaneció dentro de los cambios al régimen laboral.

En septiembre de 2022, Acuña había sido sobreseído en primera instancia bajo el argumento de que el derecho a la huelga justificaba el accionar durante la manifestación. Al entender de la Cámara, el bloqueo excede esos límites del derecho a protestas porque causa un perjuicio económico al obstruir el ingreso físico a un establecimiento productivo.

El conflicto se originó el 21 de diciembre de 2021 durante una protesta del gremio de los estacioneros SOESGyPE en una estación de servicio en Buenos Aires. La denuncia contra sus organizadores planteó que se trató de un intento de presionar en medio de la paritaria del sector, con la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina.