La industria aceitera le contesta a Alberto y rechaza la creación de una empresa nacional de alimentos
Fue a través de un duro comunicado de la CIARA-CEC, difundido este jueves, en el que desaconseja avanzar con la conformación de una empresas estatal testigo para ordenar el mercado. Quejas por la intervención en el sector y ante la ausencia e incentivos a la producción.
La creación de una empresa testigo, una idea que sugirió este lunes el presidente Alberto Fernández, para contener los precios de los alimentos sumó nuevas voces en contra.
Desde la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) salieron fuerte a desestimar que en esta industria haya concentración y detalló cada una de las medidas oficiales para intervenir o regular el mercado.
En ese sentido, CIARA-CEC enfatizó que "no acompañará" la puesta en marcha de medidas que ya fueron implementadas y resultaron "ineficientes e inconducentes".
Vicentin y un nuevo incentivo para regular
Todo arrancó con las declaraciones del Presidente en relación al proceso judicial de la empresa Vicentin y el concurso de acreedores, que según la opinión de los empresarios aceiteros "no se corresponden con las condiciones del mercado de granos en Argentina".
"En primer lugar, no existe un mercado cartelizado sino que en Argentina existe uno transparente con muchas empresas y cooperativas que compiten entre sí", señalaron las entidades en un comunicado oficial. Esto le permitió al país ser un jugador de clase mundial, "más allá de los intentos intervencionistas contra la cadena agroindustrial", indicaron.
En el país operan más de 20 empresas en la exportación de maíz y trigo, y es uno de los países con mayor grado de desconcentración de empresas exportadoras, con amplia presencia de empresas argentinas, cooperativas e internacionales.
Cómo se hace el control del Estado
Desde CIARA-CEC señalaron que "no resulta razonable instaurar una empresa testigo dado que el Gobierno tiene un control pleno".
Al respecto, explicaron que por un lado, publica el precio FOB, un índice que es la referencia para pagar derechos de exportación, y también difunde todos los días los precios y volúmenes de operaciones de mercado vía el SIO Granos.
Pero además, demás registra todos los contratos de exportación y los autoriza; cuotifica la exportación de maíz y trigo para permitir volumen suficiente de consumo nacional, y ejerce los plazos más cortos del mundo en ingreso de divisas.
"En definitiva, el Estado argentino es el más presente de todos los países exportadores de granos y derivados", destacó CIARA. Y recordó que las experiencias de empresas estatales de granos "fueron eliminadas en los países exportadores y competidores" hace muchos años.
Cuál es la realidad del sector molinero
En la entidad destacan que la industria de molienda de soja está estancada hace diez años, con la mitad de su capacidad ociosa debido a la falta de una política que promueva su cultivo e industrialización.
CIARA-CEC consideró que el Estado "debería trabajar en resolver estos problemas, para que el primer aportante de divisas del país crezca, en lugar de disponerse a gastar los impuestos de los contribuyentes en operaciones de empresas privadas", cruzó con dureza
"Hoy la mayor carga tributaria de la economía argentina está sobre la cadena de valor de la soja y no hay tecnologías nuevas", consideró CIARA-CEC.
En tren de plantear propuestas, consideró que el Estado "debería trabajar en resolver estos problemas, para que el primer aportante de divisas del país crezca, en lugar de disponerse a gastar los impuestos de los contribuyentes en operaciones de empresas privadas", cruzó con dureza.
Las compañías del sector agroexportador sólo en mayo liquidaron u$s 4200 millones, una cifra récord que significó un 33% más que en abril y ascendió a u$s 15.000 millones a lo largo del año.
"Desde CIARA-CEC comprendemos que la Argentina se encuentra en una acuciante y cíclica situación de inflación, pero queremos manifestar que no acompañaremos la puesta en marcha de medidas que ya han demostrado ser ineficientes e inconducentes", dijeron.
Y agregó: "Por el contrario, este ímpetu debería estar dirigido a la solución de inconvenientes que dificultan el desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial previstos en el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, cuya sanción permitiría incrementar las exportaciones en 100 mil millones de dólares y generar más de 250 mil puestos de trabajo en todo el país".
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