El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves ante la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, un escrito en respaldo de la posición de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. La intervención se produjo en respuesta al pedido de sanciones y desacato formulado por los demandantes del caso, encabezados por Burford Capital. El documento, de 29 páginas, se presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York como una “declaración de interés” del gobierno estadounidense en el litigio. Según fuentes de la defensa argentina, se trató de una presentación espontánea del Departamento de Justicia y no de un amicus curiae. La intervención se produce en una instancia considerada clave del proceso, mientras el tribunal analiza los pedidos de sanciones presentados por los fondos demandantes en el marco del proceso de discovery. En su presentación, el gobierno estadounidense advirtió que los litigios contra Estados soberanos en tribunales norteamericanos pueden tener implicancias diplomáticas relevantes. “El litigio en tribunales de Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”, sostuvo el Departamento de Justicia en el documento presentado ante la jueza Preska. La causa se encuentra en etapa de ejecución de la sentencia que condenó a la Argentina a pagar unos u$s 16.100 millones más intereses por la expropiación de la petrolera YPF en 2012. En esta fase del proceso, los demandantes buscan obtener información sobre activos del Estado argentino susceptibles de ejecución mediante el mecanismo procesal conocido como discovery, que obliga a las partes a entregar documentación relevante. En particular, los fondos reclaman acceso a comunicaciones de funcionarios y asesores vinculados al gobierno argentino y a empresas estatales. Según la presentación del Departamento de Justicia, esas solicitudes plantean problemas jurídicos y diplomáticos que deben ser considerados por el tribunal. El documento destaca que los pedidos de discovery dirigidos a comunicaciones de altos funcionarios “resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”. En ese sentido, el gobierno estadounidense sostuvo que el tribunal debe tener en cuenta los principios de comity —cortesía entre Estados— y reciprocidad cuando evalúa medidas procesales contra gobiernos extranjeros. La presentación también se refirió al pedido de sanciones promovido por los demandantes, que incluyó la solicitud de declarar a la Argentina en desacato y la imposición de sanciones económicas diarias. Los fondos reclamaron, entre otras medidas, multas de al menos un millón de dólares por día y sanciones procesales que limitarían la capacidad del Estado argentino de defenderse en el juicio. El Departamento de Justicia cuestionó esa estrategia y sostuvo que no corresponde aplicar sanciones de ese tipo contra un Estado soberano. “La moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”, afirmó el documento. La FSIA, sigla en inglés de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de Estados Unidos, establece el marco legal que regula las demandas contra Estados extranjeros en tribunales estadounidenses. El escrito sostiene que las órdenes de sanciones monetarias contra un Estado extranjero “no son ejecutables bajo la FSIA” y además pueden generar fricciones con otros gobiernos. En el documento también se subraya que la Argentina realizó esfuerzos para cumplir con los requerimientos del tribunal. Según la presentación, el país intentó cumplir con la orden judicial que requería producir determinadas comunicaciones de funcionarios, incluso en relación con mensajes enviados fuera de los canales oficiales. Desde la Procuración del Tesoro remarcaron que la defensa argentina colaboró con el proceso durante los últimos años. “Durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, priorizando el respeto a las órdenes judiciales”, señalaron desde el organismo. En ese período, agregaron, el Estado argentino entregó más de 115.000 páginas de documentación en respuesta a los requerimientos del tribunal. “A pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones”, afirmaron desde la Procuración. El respaldo del Departamento de Justicia se produce en un contexto procesal complejo para la Argentina. En los últimos días, el Estado argentino solicitó suspender el proceso de discovery ante la jueza Preska mientras se resuelven apelaciones pendientes en el caso. El tribunal rechazó esa solicitud, por lo que la defensa argentina avanzó con una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Las partes ya presentaron sus argumentos dentro de los plazos procesales fijados por el tribunal. Desde la Procuración del Tesoro sostuvieron que el apoyo del gobierno estadounidense refuerza la posición jurídica de la Argentina. “El respaldo pone de relieve la solidez técnica y jurídica de las presentaciones efectuadas por el Estado argentino, sustentadas en principios reconocidos del derecho internacional y en el respeto a las normas que rigen las relaciones entre Estados y la inmunidad soberana”, indicaron. El caso por la expropiación de YPF se inició en 2015 a partir de una demanda presentada por las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, posteriormente adquirida por el fondo Burford Capital. La jueza Preska falló en 2023 a favor de los demandantes y condenó al Estado argentino a pagar más de u$s 16.000 millones. Desde entonces, el litigio avanzó en una etapa centrada en la ejecución de la sentencia y en la identificación de activos potencialmente embargables. En paralelo, la Argentina presentó múltiples apelaciones sobre distintos aspectos del caso, entre ellos la sentencia principal, la entrega de acciones de YPF y el alcance de los pedidos de discovery.
