Este es el DNU que habilitará la compra de vacunas Pfizer, Janssen y Moderna

El nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia especifica las nuevas condiciones para la compra de vacunas. Punto por punto, todos los detalles.

El presidente Alberto Fernández firmó esta noche un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para regular y actualizar el marco legal en el que se desenvuelve el mecanismo de compra de vacunas contra el coronavirus. 

Esto abrirá el paso a la adquisición de dosis pediátricas y permitirá ampliar el espectro de inmunizantes disponibles para la población en general, tal como reclamaba la oposición, mientras que el Gobierno se resistía a avalar desde que se frustraron las negociaciones con Pfizer en 2020. 

El Cronista accedió al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará en horas y que habilitará la compra de vacunas de Pfizer, Moderna y Jonhson & Jonhson.

La noticia fue oficializada esta tarde en una conferencia de prensa que dieron en Casa Rosada la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quienes indicaron que el DNU se publicará este sábado en el Boletín Oficial.

Más tarde, el Gobierno confirmó oficialmente que el jefe del Estado había formado el decreto.

La normativa crea un Fondo de Reparación Covid-19 para responder al pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que alguna persona pueda ser dañada por la aplicación de una vacuna.

Se trata de un mecanismo que existe en muchos países del mundo y da tranquilidad respecto de las contrataciones, dijeron las funcionarias.

Ibarra adelantó que se establecerán modificaciones a la ley de 27.573 que regula la adquisición de vacunas contra la Covid-19, tanto en lo que son "contratos bilaterales, como mecanismo Covax y donaciones".

La secretaria subrayó que apenas fueron aprobadas las vacunas pediátricas contra el coronavirus fue un objetivo del Gobierno nacional obtenerlas y, en ese contexto, es que se modifica el "marco legal" para propiciar "conversaciones" con los distintos laboratorios, sin perder de vista la "protección de los intereses de los argentinos" y de los "bienes soberanos".

La secretaria Legal y Técnica adelantó que el DNU incluirá modificaciones a la normativa vigente, y que una de ellas será la supresión de "la negligencia como supuesto de responsabilidad para los fabricantes de vacunas Covid 19", y dijo en su lugar el Estado establecerá "el modo en que recibe conforme las vacunas".

El término negligencia fue considerado por representantes de laboratorios como uno de los obstáculos para la provisión de vacunas.

Además, se suprime el término "malicioso o fraudulento", que se reemplaza por "conductas dolosas", un concepto más claro y que es el que utiliza el Código Civil y Comercial, según explicó Ibarra.

Añadió que en la nueva normativa tendrán "inmunidad soberana" todos los bienes del Estado, tal como lo tenían en la ley vigente, y afirmó que la instrucción para la negociación es "compatibilizar" la llegada de nuevos fármacos con los intereses que hay proteger del Estado.

"En materia de inmunidad de los bienes del Estado se va a eximir a las regalías que percibe el Estado nacional y los bienes privados del Estado", manifestó Ibarra, y señaló que "todos los bienes soberanos establecidos en la Ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda deben permanecer soberanos".

Además, expresó que se creará un fondo de compensación Covid-19, "que existe en muchos países del mundo y da tranquilidad respecto de las contrataciones", para "indemnizar a quienes puedan ser dañados por la aplicación de una vacuna".

"El Fondo de Reparación se armó porque si alguna persona sufre un daño y pide una reparación tiene que existir la tranquilidad de que ese fondo es el que lo cubre y, si no, lo hará el Estado", explicó.

Aseguró también que el Estado nacional "conversa, dialoga y escucha a todos los potenciales proveedores" de vacunas contra el coronavirus para ver si se puede "llegar a un acuerdo", al aclarar que "son muchos los interlocutores", más allá de los laboratorios estadounidenses Pfizer, Janssen y Moderna, y contó que el Gobierno nacional "negoció para tener la mayor cantidad de vacunas y proveedores sin interrumpir las conversaciones".

Los puntos más destacados:

  • Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del Ministerio de Salud, a incluir en los contratos que celebre y en la documentación complementaria para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, conforme el procedimiento especial regulado por el Decreto N° 260/20, su modificatorio y la Decisión Administrativa N° 1721/20, cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en conductas dolosas por parte de los sujetos aludidos.
  • Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del Ministerio de Salud, a incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, de conformidad con las Leyes Nros. 27.275, de Acceso a la Información Pública, 26.529, de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado y normas concordantes, complementarias y modificatorias".
  • Créase el Fondo de Reparación COVID-19 que tendrá por objeto el pago de indemnizaciones a las personas humanas que hayan padecido un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la Vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 y con el alcance dispuesto en esta ley".
  • Serán potenciales beneficiarias todas las personas humanas a las que se les hubiera suministrado una vacuna contra la COVID-19 en el territorio nacional, provista en virtud de contratos de suministros suscriptos en el marco de la presente ley por el Ministerio de Salud de la Nación o de las jurisdicciones que adhieran a este régimen de Fondo de Reparación COVID-19, en el marco del artículo 12 bis de esta ley. El acceso al resarcimiento solo requerirá acreditar la existencia del daño y su nexo causal con la vacuna mediante la preponderancia de la evidencia, sin que sea necesario atribuir otro factor de responsabilidad a cualquiera de los potenciales agentes del daño.
  • Alcance de la indemnización. La indemnización a cargo del Fondo por la muerte o incapacidad física total y permanente del damnificado o de la damnificada será igual a DOSCIENTAS CUARENTA (240) veces el haber mínimo jubilatorio del SIPA. Las indemnizaciones correspondientes a daños que no causen incapacidad física total o permanente se deberán valuar en forma directamente proporcional a esta suma de acuerdo con el porcentaje de incapacidad que determinen las comisiones médicas previstas en el artículo 8°.
  • El Ministerio de Salud de la Nación, con intervención de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, establecerá los criterios generales para la determinación de la relación de causalidad sobre la base de la preponderancia de la evidencia, entre la aplicación de la vacuna y el daño denunciado, y aquellos necesarios para la determinación del grado del daño".
  • Competencia. Las Comisiones médicas previstas en el artículo 51 de la Ley N° 24.241 serán las encargadas de la tramitación del reclamo. Serán de aplicación, en la medida de su compatibilidad, las normas previstas en la Ley N° 24.557 y en las restantes normas que regulan su actuación. La Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas actuará como órgano de consulta técnica. Sus opiniones serán vinculantes. Lo dictaminado por las comisiones médicas será revisable judicialmente ante la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la jurisdicción del domicilio de la persona que pretenda el reconocimiento resarcitorio. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal".
  • Efecto del pago. Los pagos efectuados por el Fondo creado en el artículo 8° bis tendrán efecto extintivo respecto de toda obligación emergente de los hechos descriptos en el artículo 8° y deben ser considerados como realizados por cualquier agente eventualmente responsable del daño, sin que esto genere derecho por parte del Fondo o del Estado Nacional, a obtener la repetición de lo pagado, excepto en caso de dolo". 
  • Prescripción. El reclamo de la indemnización prevista por el artículo 8° prescribe a los TRES (3) años. El cómputo del plazo de prescripción comienza a correr a partir de que el daño causado por la Vacuna COVID-19 se conoció o se pudo haber conocido".
  • Constitución del Fondo. El fondo deberá constituirse con una suma igual al UNO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (1,25 %) del valor FCA (Free Carrier, según Incoterms 2020) por dosis de las vacunas suministradas. El Poder Ejecutivo Nacional regulará su modo de constitución, forma de financiamiento y demás aspectos necesarios para su correcto funcionamiento. Una vez constituido, el Ministerio de Salud actuará como autoridad de aplicación".
  • En caso de que los recursos del Fondo sean insuficientes para atender las obligaciones de pago, el deudor de las mismas será el Estado Nacional".

Tags relacionados

Comentarios

  • FPM

    Francisco Perez Martinez

    03/07/21

    Más vale tarde que nunca. De todos modos a no olvidar lo que demoraron... metieron la excusa de que no había marco legal para la contratación. 7 meses después con un DNU lo arreglaron... quedó claro que no había voluntad. El negociado se ve que fallo... gobierno de chorros

    0
    0
    Responder