Empleo público: el futuro de los 3155 agentes de la AFIP y la prueba de diciembre

Durante su participación en el 60º Coloquio de IDEA, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger sumó un nuevo vocablo a la terminología del Gobierno: la "deep motosierra". En referencia a la nueva etapa de reducción del gasto público donde se pondría el ojo sobre cada organismo.

La cual iniciaría públicamente unos pocos días después, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la desvinculación de 3.155 agentes que "ingresaron de manera irregular (...) durante el último gobierno kirchnerista".

Pero en la conferencia de prensa sin preguntas, el Gobierno no dio precisiones sobre cuál será la estrategia legal ni si se pagará indemnizaciones. Según pudo saber El Cronista, habría dos alternativas en la mesa: ponerlos a disponibilidad con cobro de sueldo y si no se consigue reubicarlos, despedirlos como permite la Ley Bases o directamente hacerlo bajo la premisa de que fueron nombramientos políticos.

"Acá no se plantea echar a personal por el incorrecto ejercicio de sus funciones, sino que se habla de irregularidades. Y para ello se deben examinar las formas, si el personal que se nombró es idóneo y eventualmente decretar la nulidad de las contrataciones que hasta podrían derivar en denuncias penales", destacó un socio de un importante estudio jurídico.

El despido de los más de 3.100 agentes del organismo no es una posibilidad para la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), en donde sostiene -que de insistir el Gobierno- se irá a la justicia para dar la discusión.

"Es falso que ingresaron de forma irregular", afirmó el secretario general de la AEFIP, Pablo Flores en conversación con este medio, dado que, en sus palabras, lo hicieron "como todos" con exámenes, psicotécnicos y la evaluación del presupuesto para las partidas salariales de las vacantes.

A su vez, en términos comparativos, el dirigente sindical sostuvo que desde hace años la AFIP cuenta con una planta estable y que de ello "hoy son menos que en el año 2019". Un punto sobre el que hizo referencia el ex director general de Aduanas, Guillermo Michel quien calculó que la dotación anual promedio de diciembre de 2007 a diciembre de 2023 fue de 21.940 empleados, un número que Carlos Castagneto superó por 174.

De cara a los despidos que plantea el Gobierno, Flores argumentó que por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) no se puede generar si una causa justa. "De generarse deberían abonarse las indemnizaciones correspondientes por los años trabajados", agregó.

Ese escenario implicaría un costo para el estado del cual no se habló en la conferencia del vocero presidencial Adorni del lunes pasado ni se obtienen respuestas oficiales en el Gobierno frente a la consulta de este medio.

Hasta el momento, tras la reunión que mantuvo el lunes la ex administradora federal, ahora titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Florencia Misrahi con los gremios, no existió otro acercamiento.

"Por eso estamos con medidas parciales, pero en cualquier momento, cuando se concreten los hechos vamos a evaluar la característica de la comunicación y el estatus jurídico del nuevo ente", afirmó Flores y comentó que van a solicitar hoy (jueves 24 de octubre) una nueva reunión a Misrahi quien no pudo brindar información adicional en el encuentro tras el anuncio de Adorni.

El no avance podría formar parte de la estrategia del Gobierno, dado que se encuentra en los últimos días de la "Etapa 1" del blanqueo de capitales con la que se pretende reactivar la economía y ya se tomarán medidas parciales con repercusión como el apagón informativo de dos horas (de 10 de la mañana a 12 del medio día).

La prueba de diciembre

En el Gobierno no solo tienen en la mira a los más de 3.100 empleados de la ex AFIP, sino que también, en las últimas horas, por medio de la Resolución 3/2024, se intimó a 10 mil trabajadores estatales para que inicien los trámites previsionales.

Una medida que se contemplará con la prueba que se tomará en diciembre a 40 mil estatales que se les vence el contrato con un módulo profesional (constitucional) y otro no (compresión de texto y matemáticas). "Es básico, nuestra idea en esto no es usarlo como un mecanismo de limpieza. El que lo desaprueba puede volver a darlo un par de veces [si no lo logra no puede renovar el contrato] y es totalmente objetivo por medio de la computadora", declaró una alta fuente oficial.