El Gobierno busca limitar juicios en el Ciadi y alista polémica negociación

El canciller Felipe Solá y el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quieren revisar los acuerdos de protección de inversiones que determinaron la solución de diferendos en tribunales extranjeros o en el Centro Internacional de Arbitrajes del Banco Mundial.

Con medio centenar de sentencias en contra y buena parte de ellas en juicios desatados luego de medidas adoptadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en el Gobierno crece la intención de avanzar en la renegociación de los acuerdos bilaterales de inversiones firmados en las últimas tres décadas para trasladar eventuales diferendos a los tribunales argentinos, y así evitar nuevos contratiempos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde el Estado ha debido pagar millonarias deudas por incumplir los citados tratados o cambiar bruscamente las condiciones de las concesiones otorgadas a empresas extranjeras.

El pasado viernes, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, el Procurador del Tesoro y exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, discutieron la "necesidad" de revisar los acuerdos de protección de inversiones que el Gobierno argentino firmó con decenas de países desde los 90', cuando se acentuó la privatización de los servicios públicos, y que al momento provocaron 48 reclamos de los privados ante la Argentina, solo en el tribunal dependiente del Banco Mundial, sin contar litigios ocurridos en jurisdicción de los Estados Unidos.

El canciller Solá reveló la realización de este encuentro con el abogado del Estado, en su despacho de la torre diplomática de Retiro, y aseguró en Twitter que "muchos (de estos acuerdos de inversiones) han resultado contrarios al interés nacional, por las sentencias de dudosa justicia que han provocado".

Según pudo saber El Cronista, el tema viene hace largo tiempo en discusión al interior del Frente de Todos, donde la principal impulsora es la Vicepresidenta, que sufrió en carne propia el prime fallo contrario al país, en 2005, siendo entonces la primera dama y esposa de Néstor Kirchner. El matrimonio rechazó pagar varios de los laudos contarios al Estado por entender que las empresas debían litigar en los tribunales locales, o de lo contrario se estaba cediendo soberanía. Sin embargo, en 2013 Cristina alcanzó un acuerdo para que cinco firmas levanten sus demandas y cobren, a cambio, u$s 506 millones bonos. Ese acuerdo destrabó un crédito del Banco Mundial de u$s 3000 millones. Ya en 2017, la expresidenta arremetió nuevamente contra el tribunal por el fallo favorable dictado para el Grupo Marsans en la causa por la estatización de Aerolíneas Argentinas.

De acuerdo al análisis oficial, la Argentina rubricó desde el gobierno de Menem a esta parte 59 tratados bilaterales de inversión con los que se estableció el tribunal arbitral locado en Washington para dirimir las cuitas. La intención oficial es "modernizarlos", aprovechando el interés de ciertos países en innovar en nuevos desafíos (la propiedad intelectual, el e-commerce, la prestación de servicios).

Cerca del canciller Solá sostuvieron que el propósito conlleva "un trabajo muy largo" y una negociación vis-à-vis con cada país. El caso paradigmático y que alienta los esfuerzos, es la renegociación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) celebrado con Chile, que permitió modificar los tribunales.

Entretanto, la novedad comenzó a correr en los pasillos de las empresas y llegó incluso hasta las casas matrices, donde la propuesta no cayó bien. Por caso, el presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, Giorgio Alliata di Montereale, estimó que "para atraer inversiones externas es necesario garantizar seguridad jurídica y, si hubieran eventuales diferendos, que estos sean resueltos en algún foro de arbitraje internacional exógeno de la justicia y de las políticas locales". El ítalo-argentino anticipó que una medida así "seguramente reducirá el interés de los inversores extranjeros hacia nuestro país".

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