A pocos días del inicio del debate legislativo de la reforma laboral, el sindicalismo comenzó a ordenar un frente común que trasciende las fronteras de cada central y combina gremios del sector público y privado. Con movilizaciones en el interior del país y la convocatoria a un paro el día del tratamiento en el Senado, los sindicatos buscan elevar el costo político de una iniciativa que consideran regresiva y que, aseguran, no fue discutida con los trabajadores.
El nuevo Frente de Sindicatos Unidos, integrado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y numerosos gremios de las distintas centrales obreras, definió un plan de lucha que tendrá dos hitos previos al debate parlamentario: una movilización a la ciudad de Córdoba el jueves 5 de febrero y otra en Rosario, Santa Fe, el martes 10. El objetivo es presionar a los gobernadores para que rechacen el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.
La decisión forma parte de un plan de lucha que nuclea, de este modo, a gremios que integran las tres centrales obreras de la Argentina. Y presiona al consejo directivo de la CGT, que tiene prevista una reunión en los próximos días, para que adopte una decisión en sintonía de cara al arranque de la segunda fase de extraordinarias.
La estrategia apunta a trasladar el conflicto fuera del área metropolitana y exponer el rol de las provincias en la discusión. Según plantearon los dirigentes sindicales, la reforma no solo impacta sobre las condiciones laborales sino también sobre el financiamiento de los distritos. En las semanas previas había trascendido la idea de la CGT de dialogar con algunos de ellos.
Doblando la apuesta, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, sostuvo que “a partir de hoy, el Gobierno tiene que empezar a preocuparse” porque “crece y se consolida un frente de unidad con los sindicatos de los sectores público y privado”. Los estatales ya habían coincidido ayer en un plenario propio acerca de la intención de movilizar en todo el país y fijar un paro para concentrar en las afueras del Congreso el día del debate.
El dirigente planteó que la Reforma Laboral “va en contra de la Argentina” y advirtió que los gobernadores no deberían avalarla a cambio de recursos discrecionales. “No podemos permitir que se enganchen en este debate a cambio de algunos ATN o fondos coparticipables. Además, se les va a volver en contra: la reforma fiscal encubierta en esta iniciativa termina de desfinanciar y fundir a las provincias”, afirmó.
Más allá del tono confrontativo de Aguiar, el armado sindical busca mostrar un consenso más amplio que el de un solo gremio o sector. Participaron de las reuniones la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, y los distintos sindicatos avanzaron en la elaboración de un documento conjunto que será difundido públicamente, con los ejes del rechazo al proyecto y las resoluciones adoptadas.
“Las organizaciones dejaron en claro que los derechos conquistados por el movimiento obrero no pueden ser moneda de cambio en acuerdos entre gobernadores y el gobierno nacional. No se puede permitir que, en nombre de negociaciones políticas, se avance sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador”, difundieron luego del encuentro desde la vocería de la CTA Autónoma.
En el marco del debate en la sede de la UOM, el frente sindical también descartó una estrategia de negociación parcial. Aguiar sostuvo que no coinciden “con la idea de dialogar con el objetivo de modificar algunos artículos”, al considerar que la iniciativa contiene 136 puntos que, en su visión, perjudican a los trabajadores.
En esa línea, rechazó la posibilidad de apostar a una futura declaración de inconstitucionalidad y recordó que, en antecedentes similares, la Corte Suprema demoró más de una década en pronunciarse.
El plan de lucha culminará con un paro y movilización el día en que la Reforma Laboral llegue al recinto del Senado, previsto para el 11 de febrero. La medida será encabezada por ATE junto a otros sindicatos estatales, pero se enmarca en una estrategia más amplia de presión coordinada.
El alineamiento de gremios industriales, estatales y de servicios, sumado a la decisión de llevar las protestas al interior del país, marca un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y el movimiento sindical. Para los dirigentes, el debate por la reforma laboral se convirtió en un punto de inflexión que excede la discusión técnica y abre un escenario de confrontación política de mayor alcance.
