El impacto de la sequía en las cuentas públicas obligará a un recorte del gasto público de 5 puntos porcentuales en términos reales para mantener la meta fiscal en 1,9% del PBI, según los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los recortes se focalizarán en los subsidios a la energía y la asistencia social, se lee en el staff report con el que el Fondo validó el cumplimiento de las metas del cuarto trimestre, giró u$s 5400 millones y flexibilizó la meta de acumulación de reservas en u$s 1800 millones.
"La consolidación (fiscal) se basa en gran medida en la mejora de la focalización de los subsidios energéticos y la asistencia social, y se estima que el gasto real se contraerá en un 5 por ciento para compensar los menores ingresos por exportaciones", indicó el Fondo.
El staff manifestó su desencanto por la moratoria previsional. Estimó que aumentará el gasto en 0,2% del PBI y este año y 0,4% en 2024. Y reclamó esfuerzos adicionales para compensar esa erogación. Puso por escrito que, con una aplicación restringida a la población más vulnerable (sobre el universo de 800.000 beneficiarios), se ahorraría un 0,2% del producto.
Gasto social
Según el Fondo, el gasto social debería reducirse en 0,7 puntos del PBI, en comparación con 2022, y los subsidios deberían recortarse 0,5 puntos del PBI. Estos objetivos se mantuvieron prácticamente sin cambios desde el informe de fin de año. Pero cambió la previsión de ingresos por la sequía. Ante menores recursos, alcanzar esas metas fiscales será más oneroso, aunque el Fondo todavía mantiene la proyección de crecimiento de 2% para 2023.
El staff técnico afirmó que "mejorar la calidad y la focalización del gasto social sigue siendo prioritario". Recordó la auditoría sobre beneficiarios del Potenciar Trabajo, que arrojó que algo menos del 10% de los titulares (97.000 personas) no cumplían con los requisitos para mantener el plan. Pero agregó que "400.000 beneficiarios tienen expectativa de reingresar en el mercado laboral y otros 500.000, de reinsertarse en la escuela".
Y prosiguió: "Mientras tanto, luego de una rápida expansión de la asistencia social durante la pandemia y los aumentos de precios de los alimentos del año pasado, una evaluación integral de los programas de apoyo social está identificando el potencial para reducir las superposiciones de programas, incluso limitando los beneficios totales de asistencia social, para quienes reciben otras transferencias sociales iguales o inferiores al salario mínimo para fomentar la entrada en el mercado laboral formal". Esa evaluación debía terminarse a fines de marzo.
El Fondo cree que la asistencia social debe focalizarse sin afectar a la población más vulnerable. Suena difícil, con casi 40% de pobreza.
Subsidios
En materia de subsidios, el FMI reconoció el avance de la segmentación, que comenzó en el último trimestre de 2022, pero afirmó que serán necesarios más aumentos de tarifas para recortar en 0,5% del PBI el peso de este gasto en las cuentas públicas. "Los precios medios de la electricidad, tras permanecer constantes en 2022, se prevé que aumenten entre un 25 y un 35% en términos reales", afirmó el Fondo.
Los aumentos se focalizarán en comercios (de 800 kw/h de consumo) y usuarios residenciales de altos ingresos, que tendrán "un aumento real de 55 a 70%", mientras que los usuarios de menores ingresos tendrán aumentos entre 15 y 25% por debajo de la inflación. Para proyectar esto, el FMI estimó un piso de inflación del 4% mensual y un techo del 6%.
Para el gas, el aumento promedio sería entre 3 y 6% real, focalizado en sectores residenciales de altos ingresos (con subas de 40 a 55%), en contraste con los segmentos medios y bajos, que pagarían tarifas entre 20 y 25% menores, descontada la inflación.
El Fondo advirtió que se necesitarán "esfuerzos adicionales" para cubrir los costos de la energía. Entre otros puntos, reclamó simplificar el esquema de segmentación e indexar las tarifas en función de los costos y no de los salarios, como ocurre actualmente para los segmentos medios y bajos. "Esto ayudará a mejorar la previsibilidad regulatoria y canalizar la muy necesaria inversión en el sector", dictaminó.
Provincias y empresas públicas
Otros focos de recorte de gastos serán las transferencias directas a las provincias y a las empresas públicas. Allí, el Fondo ve que hay espacio para ajustar. Viene ocurriendo desde la segunda mitad de 2022. Según la consultora Analytica, las transferencias a provincias cayeron 21,7% real en el primer trimestre, en comparación con 2022. Los gastos en obra pública se contraen 28,4%.
