Jubilaciones en caída libre: pierden más contra la inflación y permiten un déficit fiscal menor al previsto
El desequilibrio primario en las cuentas públicas aumentó en mayo, pero apenas $ 22.807 millones, según la Oficina del Presupuesto del Congreso que analiza el devengado de la administración nacional. El ajuste de partidas en un nivel menor al de la inflación permite la mejoría fiscal.
El déficit fiscal primario en mayo volvió a aumentar, pero solamente unos $ 22.807 millones y acumula en lo que va del año $ 118.287 millones, según datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) que analiza el devengado de la administración nacional. Si bien se espera que el agujero se agrande en los próximos meses de la mano de un fuerte aumento del gasto y cuestiones estacionales, hasta ahora se trata de cifras bastante mejores a las proyectadas.
Esta dinámica es alimentada tanto por una baja real en el gasto corriente por la elevada tasa de inflación como por un aumento considerable de los ingresos, de la mano de fuentes que no estaban presupuestadas como el impuesto a la riqueza y una mayor recaudación de derechos de exportación por la suba de los precios internacionales de la soja y otras commodities.
Por el lado del gasto, en mayo las erogaciones primario totalizaron $ 671.303 millones, con lo que cayó 17,2% real interanual teniendo en cuenta de que la inflación rondó el 49% en el período. Las principales bajas porcentuales fueron en giros a provincias y universidades o en subsidios económicos, pero la más relevante en el agregado pasa por las prestaciones sociales, que perdió 18%.
Aunque en parte se explica por la discontinuación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se otorgó en 2020 (aunque se inyectaron fondos por otros conceptos), una buena porción de la rebaja se debe a la caída real de la masa de jubilaciones y pensiones que representó el 64% del gasto social del mes y que cayeron un 10% en términos reales.
Se trata de una dinámica que se observa desde fines del año pasado y que se acentuó en 2021, en paralelo con la escalada inflacionaria iniciada en octubre.
Es que durante 2020 el Gobierno mantuvo suspendida la fórmula de ajuste instaurada por el macrismo que actualizaba los haberes contra la inflación pasada y este año la reemplazó por una deslindada del índice de precios, con lo que en mayo, por ejemplo, la movilidad jubilatoria anotó un 29,4% interanual contra una inflación de 49%. El bono fijo de $ 1500 no hizo más que moderar la caída.
Además, las asignaciones familiares rondaron los $ 35.068 millones y tuvieron una caída real de 9,4% interanual, mientras que las pensiones no contributivas, de $ 25.957 millones, se incrementaron 3%.
Lógicamente, una inflación que a mayo acumuló casi un 22%, el doble que la del mismo período de 2020 y tres cuartas partes de la meta del Gobierno para todo el año, más allá de golpear al bolsillo de los hogares mejora el frente fiscal, dado que los gastos crecen menos. Otro ejemplo es el de los salarios del sector público, que en mayo cayeron casi 8% real (rondaron los $ 58.251 millones).
Por otro lado, con la eliminación del IFE y del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), el gasto en programas sociales se desinfló más de 40% en términos reales a $ 75.181 millones, a pesar del robustecimiento de la Tarjeta Alimentar y planes sociales.
No obstante, el gasto Covid previsto para este año iba a ser de poco más de $ 90.000 millones según el Presupuesto y el Gobierno ya anunció que será de $ 400.000 millones, e incluso podría ser mayor de acuerdo a la evolución de la pandemia, de las restricciones a la actividad y de la vacunación.
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