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Enviado especial a Río de Janeiro.- Sobre el vencimiento del plazo de votación, un juez del Tribunal Superior Electoral resolvió extender el plazo de votación hasta las 19, a partir de una serie de denuncias de la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva por interferencias en el sistema de transporte en diez estados del país. De esta forma, los centros de votación permanecerán operativos en todo el país lo que demorará también el conteo de votos posterior.
Bajo una lluvia que en algunos estados del sur se convirtió en temporal y alteró de manera desigual el ritmo de la elección, Brasil atraviesa este domingo la segunda vuelta presidencial entre el actual mandatario y el senador Flávio Bolsonaro, por el Partido Liberal (PL).
En San Pablo y Brasilia hubo presencia de políticos argentinos: el senador Eduardo Wado de Pedro se sumó al comando del Partido de los Trabajadores en su bunker paulista y la diputada Mercedes Llano (LLA) formó parte de una delegación de observadores de la FURP en el Distrito Federal.
Río de Janeiro, tercer distrito electoral del país y base política original del clan Bolsonaro, funcionó como uno de los principales puntos de observación de una jornada que transcurrió sin irregularidades generalizadas más allá de las denuncias puntuales sobre el transporte en estas calles y las de otras ciudades de casi medio país.
“En lo que refiere al sistema de votación en sí, lo que vimos es un sistema sin mayores complejidades. Y esa es la sensación que nos llevamos del diálogo con autoridades electorales”, comentó Llano a El Cronista. La diputada nacional participó la última semana del Programa de Liderazgo Parlamentario de la FURP con reuniones en el Congreso brasileño, convirtiéndose en observadores informales del proceso electoral.
Con 158,7 millones de personas habilitadas para votar en todo el país, los comicios arrancaron a las 8 y debían concluir a las 17, hora de Brasilia, hasta la decisión de postergar el cierre. De hecho, la resolución judicial se publicó más de media hora después de vencida la hora límite.
La Policía Federal informó que, hasta las 15, se habían abierto al menos dos investigaciones y labrado unas 31 actuaciones simplificadas por posibles delitos electorales, mientras que 41 personas fueron conducidas ante las autoridades y permanecían en curso otros once procedimientos por eventuales situaciones de flagrancia. Los principales hechos investigados estaban relacionados con propaganda electoral irregular y violación del secreto del voto.
En Brasil, no hay restricciones en materia del uso de símbolos partidarios durante la jornada de votación. De hecho, es común cruzarse en la calle y dentro de las escuelas y universidades donde se emplazan las urnas, con personas vistiendo remeras con leyendas y consignas partidarias o con stickers de los candidatos adheridos a su ropa. Nada de eso invalida su derecho a ejercer el voto. Sin embargo, no se puede expresar a viva voz la preferencia, repartir panfletos o circular en grupos de identidad partidaria.
Las actuaciones a las que hizo referencia la Policía Federal se distribuyeron en estados de prácticamente todas las regiones, incluido Río de Janeiro. Pero la propia institución advirtió que se trataba de un balance dinámico y que ser “conducido” ante una autoridad no implicaba necesariamente una detención ni la existencia acreditada de un delito.
El Tribunal Superior Electoral también había reportado durante la tarde 138 sucesos, según informó su presidente, Kassio Nunes Marques. Entre ellas figuraban 40 tentativas de violación del secreto del voto, 19 episodios de propaganda irregular, 16 casos de boca de urna y tres denuncias por compra de votos. Uno y otro -el TSE y la Policía Federal- utilizan categorías diferentes y sus balances se corresponden con distintos horarios de corte por lo que pueden replicarse casos en las nóminas hasta que el proceso culmine.
Hasta el mediodía, además, el TSE había registrado el reemplazo de 900 urnas electrónicas en todo el país, dentro del dispositivo de contingencia previsto por la Justicia Electoral. Una vez más, explicaron las autoridades, la sustitución de una máquina no supone per se una irregularidad electoral ni afecta la validez del proceso pero no deja de ser un dato de la jornada.
Lula vs Bolsonaro: cómo fueron las elecciones en tierra carioca y cuál fue el incidente que se registró
En Río de Janeiro había alrededor de 12,8 millones de electores habilitados. En casi todo el estado sólo se votó para Presidente —la excepción fue Itaguaí, donde también se realizó una elección municipal suplementaria—, una diferencia importante respecto de la primera vuelta, cuando los brasileños debieron elegir seis categorías y el paso por las urnas demandó más tiempo.
Quizás por ello, pasado el mediodía, la afluencia en las escuelas mermó notablemente, mientras que muchos se refugiaron del mal clima con sus remeras rojas y amarillas en los bares de Copacabana. Si bien se registraba una mayoría de seguidores y militantes lulistas en esta zona de la ciudad, en aquellos lugares donde coincidían con los bolsonaristas, unos y otros optaban por ignorarse.
La lluvia acompañó buena parte de la mañana carioca y generó postales diferentes según el barrio. En algunos establecimientos hubo electores esperando incluso antes de la apertura, mientras que en otros el movimiento comenzó más tarde y con pocas filas.
En la Universidade Unisuam, en Bonsucesso, uno de los mayores centros de votación de la capital, se registró un flujo intenso pero sin demoras importantes; en otros establecimientos, la permanencia frente a la urna electrónica fue inferior al minuto.
La gratuidad del transporte público fue otro elemento central de la jornada. El TRE-RJ había dispuesto que colectivos urbanos e intermunicipales, trenes, subte y todo medio de transporte público funcionaran sin costo para los electores, una medida destinada a reducir las barreras económicas para llegar a los centros de votación. Por ello la campaña de Lula hizo particular énfasis en la falta de colectivos en Río y otros estados como Bahía, San Pablo, Alagoas, Pernambuco, Roraima, Piauí, Paraíba, Pará y Paraná.
Parte de la estrategia del PT fue salir a traccionar todo el voto posible y reducir el porcentaje de abstención que llegó al 21,08% en todo Brasil pero en algunos estados se ubicó por encima del promedio. Por caso, en Río de Janeiro, se ubicó en el 23%. La solicitud formal de los representantes legales de la Federación Brasil de la Esperanza, la coalición oficialista, se dirigió al presidente del TSE, Kassio Nunes Marques.
En el documento, el PT citó deficiencias, reducción de flotas de transporte y cobros indebidos en el servicio público.
En Río de janeiro, el episodio electoral más significativo se produjo en el Colegio Estadual Amaro Cavalcanti, en el Catete. Allí, electores denunciaron que una mujer identificada por la prensa brasileña como fiscal del PL intentaba convencer a personas de votar por Flávio Bolsonaro.
Tras una discusión y la intervención de las autoridades electorales, dos personas fueron conducidas por la Policía Militar a una dependencia de la Policía Federal en Praça Mauá. El caso quedó bajo análisis por posibles infracciones electorales, entre ellas una denuncia de boca de urna. Hasta el cierre de esta nota no existía una resolución que estableciera una denuncia formal por parte de la Justicia.
Denuncia de Lula y extensión del horario para votar en Brasil: cuál fue la polémica por el transporte
El foco de mayor tensión sobre las condiciones para ejercer el voto apareció lejos de Río, en Salvador de Bahia, pero rápidamente adquirió dimensión nacional. Durante la mañana, al menos 75 colectivos fueron impedidos de salir de sus garajes, según información de la Secretaría Municipal de Movilidad recogida por medios brasileños, en medio de una controversia por la presencia de adhesivos con el número 13, correspondiente a Lula y al PT, en algunos vehículos.
La campaña de Lula recurrió entonces a la Justicia Electoral y denunció que la reducción del servicio podía dificultar el traslado de votantes. El presidente del Tribunal Regional Electoral de Bahía ordenó restablecer inmediatamente la circulación y fijó una multa de un millón de reales por hora ante un eventual incumplimiento. Además, dispuso fiscalización policial y la remisión de información a la Policía Federal para determinar si existieron delitos electorales.
Algunos medios informaron también sobre una orden de detención contra el secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, que rápidamente se viralizó en redes. No obstante, el funcionario en cuestión no se encuentra siquiera en el país, sino en Francia, como parte de iuna comitiva oficial. Desde la administración municipal, a cargo de Bruno Reis - alineado con el bolsonarismo- se negó cualquier retención deliberada de unidades.
La preocupación por el transporte no quedó limitada a Salvador. El Ministerio Público Federal reforzó este domingo la fiscalización destinada a garantizar el traslado de comunidades indígenas, quilombolas, ribereñas y otras poblaciones de difícil acceso, después de las dificultades denunciadas durante la primera vuelta. Líderes de Minas Gerais, Mato Grosso, Amapá, Pernambuco, Amazonas y Pará habían reportado falta de transporte, combustible, asistencia logística e intérpretes.
Tras una intervención del Ministerio Público, el TSE flexibilizó en la víspera el procedimiento para utilizar vehículos y embarcaciones federales incluidos en el operativo aprobado por la Justicia Electoral. La Unión también debía garantizar transporte gratuito, alimentación, apoyo logístico e intérpretes para esas comunidades. Según datos del Ministerio de los Pueblos Indígenas citados por el MPF, la abstención entre electores indígenas había llegado al 26% en la primera vuelta, por arriba de la media del país.
