Las deudas zombis representan uno de los fenómenos más persistentes y, muchas veces preocupantes, del ecosistema financiero moderno. Se trata de obligaciones que el tiempo o la ley habían sepultado como créditos personales de hace una década, saldos olvidados de tarjetas de crédito o facturas de servicios públicos de contratos ya rescindidos. Si bien parecían sepultadas, estas deudas reaparecen de manera imprevista en el presente. Por eso las llaman zombis. Al igual que las figuras del folclore de terror, estas deudas “vuelven a la vida” no porque el acreedor original haya decidido retomar el contacto, sino porque el sistema encontró una forma de monetizar esos olvido. El proceso de “resurrección” comienza en los balances de las grandes entidades bancarias y empresas de servicios. Cuando una deuda entra en mora profunda y los intentos internos de cobro fracasan, el banco la califica como “incobrable”, la deduce de sus impuestos y la vende. En esta instancia entran en juego los compradores de deuda o agencias de recobro, que adquieren enormes paquetes de estos activos por apenas una fracción de su valor nominal (en ocasiones, por menos del 1% del monto original). Si los compradores de deudas logran que un pequeño porcentaje de esas miles de personas pague aunque sea una parte de lo reclamado, la rentabilidad es alta. El problema fundamental radica en que muchas de estas deudas ya prescribieron, lo que significa que el acreedor perdió su derecho legal de exigir el pago ante un juez. Aprovechando el desconocimiento del consumidor sobre los plazos legales de prescripción de una deuda, estas agencias utilizan tácticas de presión para inducirlo a realizar un pago voluntario que, paradójicamente, le devuelve la validez legal a una deuda que ya estaba muerta. Existen tres razones principales por las cuales una deuda que creíamos saldada o inexistente golpea nuevamente a nuestra puerta. Cada legislación establece un tiempo máximo para que un acreedor reclame judicialmente. Una vez pasado ese plazo, la deuda es “natural”, pero no exigible. Las agencias compran estas carteras sabiendo que no pueden ir a juicio, pero apuestan a la intimidación extrajudicial. En la venta masiva de carteras, la información suele degradarse. Es común que se reclamen deudas ya pagadas, deudas descargadas en procesos de quiebra, o incluso deudas de personas con nombres similares (homónimos). El objetivo principal de la agencia no es necesariamente cobrar el total de inmediato, sino lograr que el deudor admita la existencia de la obligación. Acá es lo que tenés que mirar bien de cerca: un solo pago o un correo electrónico confirmando el compromiso de pago puede resetear el reloj de la prescripción, otorgándole al cobrador otros dos o cinco años de poder legal de reclamo. Para un consumidor en Argentina, enfrentar un reclamo de este tipo requiere conocer las herramientas que el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) y las leyes de defensa del consumidor ponen a su disposición. En la legislación argentina, el tiempo es un factor determinante. La prescripción liberatoria es la pérdida del derecho a accionar judicialmente por el paso del tiempo. Según el Art. 2562 del CCyC, el plazo de prescripción es de dos años para todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos. Esto incluye préstamos personales, facturas de telefonía, luz, gas y expensas. La Ley 25.065 establece que la acción ejecutiva (el juicio rápido) prescribe al año, mientras que la acción ordinaria lo hace a los tres años. Si una agencia te contacta por una deuda de, por ejemplo el 2018, esa obligación es, en términos técnicos, una “obligación natural”: podés pagarla si lo deseás por una cuestión moral, pero nadie puede obligarte judicialmente ni embargarte por ella. Si recibís un reclamo por una deuda antigua, seguí estos pasos para protegerte: Las llamadas suelen grabarse, por eso es clave que evites decir que vas a pagar la deuda por la que te llaman. Lo que podés hacer es pedir a estas agencias que te envíen en detalle toda la documentación que respalde esta deuda por escrito. Pedí el contrato original firmado por vos, la cesión de derechos del banco a la agencia y el cálculo de intereses. Muchas agencias no cuentan con estos papeles, lo que hace que su reclamo sea legalmente nulo. Ingresá con su CUIT a la Central de Deudores del BCRA. Si la deuda no figura allí o figura con una calificación de “irrecuperable” con fecha muy antigua, ya tenés una ventaja. Si la deuda tiene más de dos o tres años (según el caso), podés enviar una Carta Documento manifestando que la deuda se encuentra prescrita y exigiendo que cesen las comunicaciones hostiles bajo apercibimiento de denuncia ante la Dirección de Defensa del Consumidor.