Conflicto con Nación

Coparticipación: la Ciudad rechaza el diálogo y apuesta a una "solución política" desde la Corte

El Gobierno porteño volvió a desestimar una invitación del Ministerio de Economía Nacional para definir cuánto dinero le traspasará para los gastos de la Seguridad. Rodríguez Larreta espera que el máximo tribunal defina tras la feria de enero.

Con la feria judicial a horas de concluir el conflicto por la reducción de los fondos de la coparticipación que el Gobierno Nacional hizo sobre lo percibido por la Ciudad de Buenos Aires volvió a cobrar vida. Anoche el Ministro de Economía Martín Guzmán envió una carta a Horacio Rodríguez Larreta donde lo invitó por segunda vez a abrir la mesa de diálogo que debe definir cuánto dinero le deben entregar para cubrir los gastos de la Seguridad en el marco del convenio de traspaso aprobado en diciembre.

"Con el objetivo de dar continuidad al diálogo que desde los ministerios del Interior y de Economía se inició al comienzo de la gestión de Gobierno, reitero la invitación a un encuentro que nos permita construir un acuerdo adecuado a lo establecido en el marco de la institucionalidad", precisó la cartera económica en la misiva. Desde el Gobierno porteño ya adelantaron que no asistirán.

Fuentes porteñas precisaron a El Cronista: "Vamos a rechazar nuevamente la invitación porque sería convalidar una ley con la que no estamos de acuerdo. Nosotros estamos esperando el fallo de la Corte Suprema". A principios de enero se había extendido una invitación similar que también fue denegada.

La Ciudad aguarda que tras el receso de enero los magistrados envíen algún tipo de señal y no descartan que antes de emitir un fallo los insten al diálogo. "La Corte puede llegar a pedir que las partes se sienten a definir el tema. Haber acudido a la Justicia representa en cierto modo el fracaso de la política, y los magistrados pueden de ese modo instar a que lo resuelva la política", evaluaban desde Parque Patricios.

La cartera que encabeza Guzmán caracterizó al conflicto en la misiva como "un problema de carácter económico, que debe ser resuelto sobre la base de un análisis técnico correcto y transparente" y llamaron a "trabajar mancomunadamente, en reuniones bilaterales, en las que analicemos técnicamente los supuestos y valores económicos que determinan el gasto anual del servicio oportunamente transferido desde la Nación a CABA, y su razonable actualización".

El conflicto por la coparticipación de la ciudad se remonta al inicio del gobierno de Mauricio Macri cuando lo percibido pasó de 1,4% a 3,7%, luego reducido a 3,5%, para cubrir los gastos de la Seguridad. A principios de 2020, con Alberto Fernández ya en la presidencia, los equipos técnicos de ambas jurisdicciones comenzaron el diálogo para reacomodar los puntos porcentuales que desde Nación consideran excesivos y no justificados. La pandemia obligó a postergar las conversaciones.

En septiembre, con una revuelta de policías bonaerenses frente a la Residencia de Olivos, Fernández firmó un decreto a través del cual redujo del 3,5% al 2,3% la coparticipación de Ciudad. El recorte se justificó en que era necesario derivar esos fondos a la Provincia para que atienda cuestiones de seguridad y que había sido incorrecto el aumento que le había realizado Macri. Horacio Rodríguez Larreta recurrió a la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad.

A fin de año el Congreso aprobó la ley 27.606 que selló el traspaso de la Seguridad al ámbito porteño, estableció que se debía abrir una mesa de negociaciones entre Nación y Ciudad para fijar la suma que recibiría el Gobierno porteño y, en el mientras tanto, se determinó que se traspasarían $ 24.500 millones cada mes. Ese número dejaría a la coparticipación porteña en 1,4%, los mismos puntos que percibía cuando Macri llegó al Gobierno. Rodríguez Larreta ya había avisado que era insuficiente y amplió el pedido de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal. 

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