A la recesión económica con mayor participación de bienes importados, el ecosistema industrial sumó la creciente competencia de productos de contrabandoen una economía donde la ilegalidad crece al 3% anual y ya significa el 60% del PBI.
La problemática se instaló entre los industriales y comerciantes locales y, desde hace meses, es uno de los ejes centrales en las mesas de diálogo público - privado.
De un lado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con cada vez menos poder de control sobre el ingreso de mercadería del exterior junto al Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich con "serias" limitaciones para ejecutar operativos por la "falta de recursos" según indican las propias fuerzas federales con presencia en fronteras.
El reclamo de empresas que comercializan teléfonos celulares, electrodomésticos, tabaco, bebidas con y sin alcohol, alimentos e indumentaria fue capitalizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y dio impulso a la Mesa contra el contrabando que se reunió 4 veces en lo que va del año.
Los más afectados
En ese espacio representantes de las cámaras de indumentaria, textil y calzado manifestaron la preocupación sobre la competencia desleal que plantea la venta on line de productos desde plataformas sin ningún tipo de pago de impuestos, y el vacío legal en su control.
"Es un tema permanente, sobre todo en las zonas de frontera, según las condiciones macroeconómicas", explicó Celina Pena, gerente General de la Federación de la Industria Textil (FITA). A esta problemática sumó las importaciones que ingresan vía Aduana a "precios irrisorios" y dan lugar a pensar en subfacturación.
Además, agregó que "las compras a través de plataformas de comercio electrónico, que no pagan impuestos (ni siquiera el IVA) ni están sujetas a normas y reglamentos técnicos que el productor nacional sí debe cumplir" y alertó sobre un crecimiento "sideral" de importación de ropa usada.
Desde la Cámara de Tabaco alertaron que los productos sin humo son consumidos por 1.4 millones de adultos en la Argentina, a pesar de la prohibición absoluta de su venta, y plantearon las dificultades que ocasiona la falta de normativa local para regular su producción, calidad y componentes.
Por su parte, la Cámara de la Industria Cervecera resaltó que el 40% de la mercadería relevada en puntos de venta en AMBA no tenía un origen legal y advirtió sobre el efecto que genera la ley aduanera actual en la vuelta de los productos confiscados al mercado a través de subastas dispuestas por Aduana, sin los debidos controles sanitarios y a precios viles.
Por las propias falencias de cantidad de personal y escáneres para monitorear los paquetes que ingresan de forma masiva al país, junto a los "escollos" legales, la problemática no merma sino que se sostiene al ritmo de la actividad.
"Llegamos a registrar el ingreso de 40.000 celulares por semana", explicaron desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) y aclararon que con el consumo "alicaído" el contrabando disminuye pero se mantiene la relación respecto al comercio legal: "1 de cada 3 teléfonos que se activan en la Argentina, son de procedencia ilegal".
Al ingreso de equipos de telefonía móvil que se asocia al contrabando "hormiga" -vía mochilas o pequeños paquetes - se agrega el arribo de diversos electrodomésticos, incluso de aires acondicionados en barcaza y grades contenedores desde Paraguay.
Si bien el principal origen de los productos es China, desde la entidad explican que llegan desde Miami (EE.UU.) y, en muchos casos, se trata de "los mismos" productos que comercializan las grandes cadenas a nivel local, lo que genera fuerte competencia desleal.
Según el informe titulado "Soberanía Informal", el comercio ilegal crece a un ritmo aproximado del 3% anual a nivel nacional, y supone una cifra superior a los u$s 350.000 millones al estimar el volumen del comercio del país que opera por fuera de las regulaciones establecidas por ley.
Fabian Hryniewicz, autor del informe y director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, indica que las principales manifestaciones de esta práctica son la venta callejera, la comercialización de productos falsificados, la contratación de trabajadores no registrados y la venta a través de redes sociales y marketplaces clandestinos.
Impacto pyme
El documento sostiene que el principal afectado por este tipo de prácticas es el sector pyme ya que la competencia desleal genera un debilitamiento de las pequeñas empresas, disminuye la tasa de empleo formal y, por lo tanto, impacta directamente en las condiciones laborales de miles de trabajadores.
Al respecto, Sergio Angiulli, presidente de la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (CAFARA), señaló que "el comercio ilegal es enemigo de cualquier proyecto de construcción de una economía saludable. Particularmente, nuestro sector es uno de los más perjudicados".
A su vez, expertos, comerciantes y empresarios pyme advierten que las secuelas no se reducen a la esfera económica, sino que también conciernen a la salud pública ya que el riesgo frente al consumo de productos que nos son monitoreados por organismo de control es transversal: alimentos, medicamentos, juguetes, cosméticos, alimentos, ropa, entre otros.
"Los productos y materiales que no respetan las regulaciones establecidas pueden comprometer drásticamente la seguridad del usuario", dijo Angiulli y planteó que "es un tema serio" que buscan visibilizar a través de iniciativas como ExpoFerretera, donde sólo participan empresas que elaboran sus herramientas bajo las normas de calidad vigentes.
"Una simple zapatilla, un taladro que parece original pero no lo es, o una batería deficiente pueden llegar a extremos como la generación de un incendio. A la hora de elegir es importante buscar los sellos IRAM e ISO, y desde la Cámara recomendamos comprar en locales físicos, atendidos por expertos", indicó.
El comercio ilegal en las fronteras genera miles de millones de dólares al año lo que se traduce en pérdida de recaudación fiscal y, a la par, mayor presión sobre los comercios formales por la falta de recursos que llegan al Estado.
El rol del Estado
El reporte elaborado por CAME identifica cuatro causas principales que hacen al desarrollo del comercio ilegal: regulaciones excesivas y presión tributaria, asimetrías legales y económicas en las zonas de frontera, controles estatales insuficientes y una multiplicidad de vacíos legales.
A partir de este diagnóstico, que se desarrolló en un documento de 45 páginas, desde el sector privado propone una serie de medidas que van desde el desarrollo de programas estatales de formalización y el fortalecimiento de espacios de cooperación regional, hasta la derogación de las indemnizaciones por trabajo no registrado de las Leyes 24.013 y 25.323.
Además, se apunta a la aplicación de restricciones al uso de efectivo para promover medios de pago con mayor transparencia.
"Nosotros somos los eternos perjudicados. Hoy debemos ser punta de lanza y llevar nuestro reclamo a cuánto legislador, gobernante, juez y fiscal podamos llegar", concluye Hryniewicz.
