En esta noticia
El presidente Alberto Fernández presentó hoy en la Casa Rosada el proyecto de ley para avanzar en la formalización e institucionalización del Consejo Económico y Social (CES) que contemplará en el futuro un espacio multisectorial para promover y fijar políticas económicas y sociales junto con empresarios, gremios y movimientos sociales.
"Para que este Consejo Económico y Social exista debemos creer en la convivencia democrática, debemos trabajar por consolidar la democracia, debemos respetar al otro y tener valores comunes", sostuvo Alberto Fernández en la presentación del proyecto, acompañado por la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, y la directora nacional del CES, Patricia Vaca Narvaja.
El CES fue creado por decreto en el 2021 cuando estaba presidido por Gustavo Béliz y a partir de allí tuvo un rol poco protagónico. La intención ahora del Gobierno es girar el proyecto de ley de creación del CES para darle sustento legal, darle durabilidad en el largo plazo y que los próximos gobiernos puedan contar con una herramienta que sirva para fijar políticas de Estado en el mediano plazo como ocurre en España o en Holanda.
Alberto Fernández dijo que confían en que el Congreso dé cuenta de la necesidad que tiene la Argentina de "tener un lugar de encuentro donde se pueda debatir y proyectar el futuro". La presentación del proyecto se dio ante empresarios, gremialistas y movimientos sociales que participan hasta ahora en el CES creado por decreto.
Así, la iniciativa legislativa que impulsa el Gobierno crea por ley el Consejo Económico y Social y reemplazará al decreto 124/2021. Se había establecido un período de hasta 1000 días para formular y elevar un proyecto de ley al Poder Ejecutivo para formalizar al organismo. Según pudo saber El Cronista, la iniciativa oficial del Gobierno busca darle más autonomía y consistencia legal al Consejo Económico y Social conformado por empresarios, gremios, movimientos sociales y el gobierno nacional.
Los ejes del proyecto
Entre los lineamientos centrales del proyecto se destacan los siguientes temas que se debatirán en el Congreso:
Consultivo. La decisión final es que el CES emita informes mensuales pero que no sean vinculantes. Es decir, que la producción de documentos o definiciones que se tomen en el Consejo sólo serán de carácter consultivo.
Integrantes. El proyecto del Gobierno propondrá que haya unos 40 integrantes del CES sean definidos por cada una de las partes involucradas. Es decir que los representantes de sindicatos (CGT y CTA), cámaras empresariales (UIA y otras), académicos y movimientos sociales serán definidos por cada grupo en cuestión. No habrá representantes del Congreso ni referentes de la oposición.
Reuniones. La intención del proyecto de ley es que el CES tenga una actividad permanente y que haya reuniones mensuales con la elaboración de documentos. Hasta ahora este Consejo funciona de manera aleatoria y se toman definiciones en función de la coyuntura política.
Aautonomía. Si bien la intención del Gobierno es darle mayor autonomía de acción al CES, este órgano seguirá funcionando en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y como sucede hasta ahora la autoridad será quien esté al frente de esa área del Gobierno.
Temática. En líneas generales la idea es que los temas que aborde el CES sean propuestos por el Poder Ejecutivo aunque estará la posibilidad de analizar ejes de debate y resolución de temas a propuesta de los consejeros.
Se busca emular los ejemplos de consejos similares que funcionan en España y Holanda donde tienen un peso fuerte a la hora de la toma de decisiones de un gobierno.
En la presentación del proyecto Marcó del Pont reafirmó que "la consolidación institucional de un espacio de debate e intercambio plural como el Consejo Económico y Social es un aporte al fortalecimiento de nuestra convivencia democrática", al destacar el trabajo realizado por el organismo y sus integrantes.
Durante la puesta en escena del proyecto en la Casa Rosada estuvieron los Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana María Franchi; el secretario general de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT), Andrés Rodríguez; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; el presidente de la Cámara Argentina de Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss; el diputado Nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; y el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni.
También participaron también el rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y la vicerrectora de la UNSAM, Ana María Llois; la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Bohren; el consejero directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri; la consejera directiva del Instituto Milstein, Carolina Carrillo; la ex rectora de la UNNE y ex presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Delfina Veiravé
Asistieron, a su vez, la secretaria de Capacitación de la Confederación Argentina de Mediana Empresa y presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias del Chaco, Beatriz Tourn; la presidenta de la Federación Autogestión, Cooperativismo y Trabajo (ACTRA), Ediht Encinas; el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman; el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), Ariel Enrique Guarco, y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y actual vicepresidente de la Federación Interamericana de la Construcción, Ivan Szczech.
