El debate por las regulaciones comerciales y alimentarias volvió a encenderse en el Congreso de la Nación, a partir del pedido de derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Nº 27.642), popularmente conocida como “Ley de Etiquetado Frontal” por parte de los diputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza).
La iniciativa, que ingresó formalmente por mesa de entradas a última hora del viernes pasado, busca aprovechar el actual escenario de desregulación económica que impulsa el Poder Ejecutivo nacional para ponerle fin a una iniciativa que nunca validó el sector privado.
Se espera que el texto gane centralidad en las comisiones parlamentarias durante las próximas semanas, en un contexto político muy diferente al de 2024, cuando la misma dupla de diputados intentó avanzar con una medida idéntica pero no logró imponer el tema en la agenda legislativa.
Aunque fuentes del sector privado aseguran que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado viene trabajando junto a las empresas del sector de alimentos en una reforma integral para flexibilizar los controles actuales, desde la cartera que conduce Federico Sturzenegger, lo negaron.
¿El fin de los octógonos?
El proyecto que cuenta con aval de la cámara empresaria que representa al sector, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios y Bebidas (Copal), consta de cuatro artículos y su eje central se ubica en el primero, el cual sepulta la Ley 27.642.
De aprobarse, se eliminaría de forma definitiva la obligatoriedad de exhibir los característicos sellos octogonales negros que advierten sobre los excesos de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio en alimentos envasados y bebidas analcohólicas.
Asimismo, la caída de la ley dejaría sin efecto las restricciones publicitarias. Esto habilitaría nuevamente el uso de personajes infantiles, mascotas animadas, celebridades e influencers en los paquetes de comida, y cancelaría las prohibiciones de comercialización y promoción de estos productos dentro de los establecimientos educativos.
Según pudo saber este medio en diálogo con altas fuentes del sector, las empresas nucleadas en Copal van decididamente por la eliminación del esquema vigente para destrabar el frente externo. “Es un proyecto de Fernández Molero que ya se había presentado en el 2024 y ahora lo reingresan a las organizaciones parlamentarias. Es un enfoque más normativo”, explicaron desde la terminal industrial.
El eje de las empresas está puesto en la necesidad de integrarse a la región: “La realidad es que nosotros, como sector, estamos tratando de lograr esa negociación a nivel Mercosur, y eso implica tener que converger a otra normativa, porque Brasil utiliza otros parámetros e incluso otra forma gráfica”, confiaron a este medio.
La brecha del azúcar
El cuestionamiento técnico más duro de los legisladores y la industria apunta al perfil de nutrientes dictado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) adoptado por Argentina. Al basarse en la proporción sobre el total de calorías del alimento (umbrales móviles) y no en la cantidad absoluta de gramos por cada 100 gramos de producto, el sistema genera distorsiones severas frente a los socios comerciales, señalan.
Desde el sector industrial ilustran esta asimetría con datos contundentes sobre el impacto comercial en las góndolas regionales:
“En el caso de la cantidad de azúcar emitida, hay otras reglas que hacen que nuestra oferta tenga un 90% de sellos, a diferencia de la de Brasil, que tiene un 60%”, advirtieron las fuentes sectoriales y argumentan que el diseño normativo argentino volvió hiper-restrictiva la competencia y castiga en exceso a la producción local en comparación con el sistema de lupas brasileño.
Esto, plantean, hace más compleja la participación de productos locales en los países del Mercosur.
La batalla regional
La falta de armonización comercial entre los países de la región, es el argumento clave de la contraofensiva empresaria: la ley local es vista como una barrera técnica para las exportaciones e importaciones de la región.
Sin embargo, el nuevo proyecto oficialista no propone un reemplazo inmediato, sino que deroga la norma vigente e incita de forma expresa al Poder Ejecutivo a diseñar un nuevo sistema informativo unificado.
El frente de conflicto no se agota en el Congreso; el Parlamento del Mercsur (Parlasur) se convirtió en el escenario donde se cocina la resistencia.
Durante la última Sesión Ordinaria en Montevideo, el Frente Parlamentario contra el Hambre del bloque regional, presidido por el parlamentario argentino Matías Sotomayor, aprobó una Declaración para promover una Ley Regional de Etiquetado Frontal basada precisamente en los estándares de la ley argentina, considerados los más altos y robustos en términos de evidencia científica e información al consumidor.
Especialistas, académicos y ONGs —como la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN) y la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina)— advirtieron ante el Parlasur sobre los riesgos de que los procesos de armonización comercial impliquen una regresividad en materia de derechos humanos y protección de las infancias, defendiendo el perfil de la OPS ante la inminente avanzada flexibilizadora en el plano local.
En término de efectividad, investigaciones recientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) revelaron que el 61% de los consumidores redujo o directamente abandonó la compra de determinados productos tras advertir los octógonos negros, registrándose el mayor impacto de sustitución en la clase media (64%).
Asimismo, datos consolidados por UNICEF y el Ministerio de Salud indican que cerca del 90% de la población considera que los sellos son una herramienta útil para tomar decisiones informadas, logrando su mayor impacto cognitivo en alimentos que históricamente se autopercibían como “saludables” —como barras de cereal o yogures comerciales— cuya intención de compra se desplomó de manera significativa.
