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La Ley Hojarasca desembarcó en el Congreso y, aunque buena parte de la discusión pública quedó atrapada en las normas más pintorescas o antiguas que el Gobierno busca eliminar, detrás del proyecto aparece un objetivo mucho más concreto: reducir burocracia, costos administrativos y obligaciones que el oficialismo considera inútiles para empresas, productores y organismos públicos.
El proyecto impulsado por Federico Sturzenegger propone derogar 63 leyes y modificar otras normas vinculadas con estructuras estatales, financiamiento público y regulaciones consideradas obsoletas.
“El exceso de normas genera costos invisibles para la economía”, repiten en el Ministerio de Desregulación.
La idea de fondo es que muchas obligaciones administrativas, aunque parezcan menores de manera individual, terminan acumulando tiempo, abogados, permisos, controles y costos de cumplimiento para el sector privado.
Del mapa en una etiqueta a trámites internos del propio Estado
Uno de los ejemplos que más grafica el espíritu del proyecto es la modificación de la llamada “Ley de Carta”, sancionada durante la última dictadura militar.
Actualmente, una empresa que quiera utilizar un esquema del mapa argentino en una etiqueta o envase puede necesitar autorización previa del Instituto Geográfico Nacional, bajo riesgo de sanciones o incluso decomisos.
En el Gobierno consideran que se trata de una regulación desactualizada que perdió sentido frente a la masificación de herramientas digitales y el uso cotidiano de representaciones cartográficas.
El proyecto también apunta contra obligaciones administrativas internas que el oficialismo considera redundantes.
Entre ellas aparecen normas que obligan a empresas públicas a remitir información al propio Estado sobre actividades que ya son controladas por otras dependencias oficiales.
Para la Casa Rosada, ese tipo de reportes forman parte de una lógica burocrática acumulativa donde distintas oficinas estatales terminan replicando controles o exigiendo documentación sobre procesos ya auditados.
El costo silencioso de la burocracia
La lógica económica detrás de la Ley Hojarasca no se concentra únicamente en grandes regulaciones, sino también en los llamados “microcostos regulatorios”.
Allí aparecen leyes que obligaban a informar interrupciones de obras privadas, normas que promovían trámites específicos para hoteles turísticos o regímenes vinculados con mecanismos ya superados tecnológicamente, como la microfilmación obligatoria de documentos.
El proyecto también elimina obligaciones de exhibición de material turístico en transportes de media y larga distancia, cursos obligatorios de formación turística para empleados públicos y distintas estructuras administrativas que, según el Gobierno, ya no cumplen funciones concretas.
En varios casos, el argumento oficial es que las leyes permanecieron vigentes aun cuando dejaron de aplicarse hace décadas o fueron reemplazadas de hecho por otras normas posteriores.
“El problema no es solamente que las leyes sean viejas, sino que muchas generan incertidumbre sobre qué obligaciones siguen vigentes y cuáles no”, sostienen cerca de Sturzenegger.
Menos financiamiento estatal automático
Otro de los ejes económicos del proyecto apunta al financiamiento de organismos vinculados al sector público.
La iniciativa propone modificar leyes para que entidades como el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina o la Federación Argentina de Municipios dejen de recibir financiamiento proveniente del Tesoro Nacional y pasen a sostenerse con recursos propios o aportes de sus integrantes.
Desde el oficialismo argumentan que no existe razón para que asociaciones de representación política o institucional mantengan asistencia económica automática del Estado.
“Los legisladores que quieran participar y aportar al Círculo podrán seguir haciéndolo con sus propios fondos”, señala el proyecto.
La discusión se conecta con uno de los conceptos centrales del mileísmo: que el Estado deje de financiar estructuras consideradas corporativas o ajenas a funciones esenciales.
Medicamentos públicos
Este es quizá el punto que tiene mayor impacto directo en un sector de la economía.
En el año 2011, el kirchnerismo sancionó la ley que declaró de interés nacional la investigación y producción de medicamentos, vacunas y productos médicos como bienes sociales, con el objetivo de promover la accesibilidad y propiciar el desarrollo científico y tecnológico.
Si bien la Hojarasca afirma que la ley “no impone acciones concretas” y es “primordialmente declamativa, sin consecuencia práctica alguna”, desde el sanitarismo ligado al peronismo afirman que el único objetivo es cerrar el paso a la investigación estatal y abrir el juego a los laboratorios privados.
Esa postura no es negada desde ese sector: “Es una buena iniciativa en la línea correcta, ya que habiendo una industria farmacéutica nacional que cuenta con una plataforma industrial competitiva y de calidad tornan innecesaria la existencia de laboratorios públicos compitiendo con ventajas financieras, impositivos y de control con el sector privado", señalaron desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos.
“El Estado cumple mejor su rol garantizando el acceso —a través de compras, regulación y cobertura— que compitiendo con la industria en la cadena productiva", agregaron desde la entidad.
En Argentina existe una red de laboratorios públicos provinciales y nacionales que trabajan desde la producción de medicamentos tradicionales como la amoxicilina, o analgésicos como el ibuprofeno y el paracetamol, pasando por drogas para el tratamiento de enfermedades cardíacas que generalmente se destinaban al abastecimiento de la salud pública.
Además, con posterioridad se creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que ha llevado adelante investigaciones como el desarrollo de moléculas sintéticas contra el Chikungunya, vacunas terapéuticas basadas en ADN y ARN para el tratamiento del Chagas, o el desarrollo de formulaciones farmacéuticas para uso pediátrico en enfermedades poco frecuentes.
Compre nacional
La hojarasca sturzeneggeriana también carga contra una ley de un solo artículo, sancionada durante la presidencia del radical Arturo Illia, en la que se ordenaba que el Estado y todos sus organismos adquieran automóviles que sean producto de la industria nacional.
Los años 60 fueron de una importante incorporación de capitales extranjeros en fábricas radicadas en Argentina y la política parecía apuntar a fortalecer ese entramado productivo.
La explicación, en este caso, no apunta a la caducidad de la norma: “El Estado debe priorizar utilizar el dinero de los contribuyentes de la manera más eficiente posible. La obligación de comprar automóviles fabricados en la industria nacional impone trabas para la eficiencia en el uso de los recursos nacionales y, por ende, perjudica a los ciudadanos”.
Si bien no existen datos actualizados, las auditorías oficiales de 2024 indican que se estimaba que la Administración Pública Nacional (APN) contaba entre 15.000 y 20.000 vehículos, entre unidades operativas (ambulancias, patrulleros) y de traslado de funcionarios.
La renovación de esos móviles ahora no estará atada a la fabricación en Argentina, sino que podrán ser unidades importadas.
