El Gobierno anunció el nombramiento de Juan Pablo Limodio como nuevo director nacional Electoral. La designación se produce en medio del debate que impulsa el oficialismo en el Congreso para reformar el sistema electoral argentino. Limodio ocupaba hasta ahora la presidencia de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), la empresa minera interestatal con sede en Catamarca. Su llegada al organismo implica la salida de María Luz Alegría Landivar, quien condujo la Dirección Nacional Electoral desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli, explicó que la decisión respondió directamente al proceso de reforma electoral. Desde la cartera indicaron que el cambio se tomó “teniendo en cuenta la reforma electoral impulsada por el Gobierno Nacional” y que Limodio “es la persona indicada para asumir el cargo”. Pese a la salida, Landivar continuará vinculada al área como asesora. Santilli le pidió personalmente que siga trabajando junto al secretario de Interior, Gustavo Coria. La funcionaria saliente participó el año pasado en la redacción de la normativa que suspendió las PASO e implementó la Boleta Única de Papel. Limodio es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, donde también ejerció la docencia. Entre enero de 2022 y diciembre de 2023 se desempeñó como subsecretario de Asuntos Públicos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta al frente de la Jefatura de Gobierno porteña. El nuevo director asume en un momento de alta complejidad legislativa. El Gobierno no cuenta con los votos suficientes para eliminar las PASO en el Congreso, y la resistencia no proviene únicamente de la oposición peronista: también existen objeciones dentro de sectores aliados y espacios que consideran a las primarias un mecanismo necesario para ordenar la competencia política. Ante ese escenario, el oficialismo analiza una alternativa: convertir las PASO en optativas en lugar de eliminarlas. Esa variante permitiría destrabar el debate parlamentario, aunque reduciría la capacidad del Gobierno de ordenar el sistema político de cara a las elecciones. Según fuentes oficiales, esta semana se definirán los aspectos centrales del tratamiento parlamentario de la reforma. El tiempo apremia: si el proyecto no avanza antes del inicio del Mundial de fútbol, las posibilidades de implementarlo se reducen considerablemente. Cualquier modificación de esta envergadura requiere al menos un año de preparación, que incluye licitaciones y acuerdos partidarios. El Ejecutivo también incorporó el proyecto de Ficha Limpia como elemento de negociación para obtener apoyos. La iniciativa funciona como señal hacia sectores que no comparten el objetivo de eliminar las primarias pero podrían respaldar una reforma más acotada. A los argumentos políticos se suma uno de orden fiscal. El Gobierno estima que las PASO representan el costo más alto del proceso electoral, con un gasto que supera los $ 30.000 millones financiados con fondos del Estado. En Casa Rosada sostienen que esa erogación no se justifica en el contexto de ajuste presupuestario que atraviesa la administración. En ese escenario, Limodio asume la conducción del organismo electoral con la tarea de acompañar técnica e institucionalmente una reforma que el Gobierno impulsa con fuerza política pero sin los votos asegurados para concretarla.