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La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió al Gobierno una tregua fiscal para las pequeñas y medianas empresas ante el deterioro de la actividad y las dificultades crecientes para financiarse. El principal reclamo consiste en suspender durante 180 días los embargos y las ejecuciones fiscales iniciadas por ARCA, la agencia de recaudación.
La propuesta fue presentada durante una nueva reunión entre el Departamento de Política Tributaria de la entidad fabril y autoridades del organismo recaudador. Según la UIA, la medida permitiría aliviar transitoriamente la “asfixia financiera” provocada por la suba de las tasas, la caída de la actividad y las restricciones para acceder al crédito.
El pedido se conoce en momentos en que la industria continúa sin mostrar una recuperación sostenida. Según las estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la UIA, la producción industrial cayó 0,6% mensual en julio. Aunque registró una mejora interanual del 1,4% por la baja base de comparación, acumula un retroceso del 2% durante 2026 y permanece alrededor de 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.
La situación también impactó sobre el empleo fabril. Los últimos datos disponibles muestran doce meses consecutivos de caída y más de 52.000 puestos industriales registrados perdidos en la comparación interanual.
Planes de pago y costo financiero
La UIA valoró la reapertura del régimen de facilidades de pago dispuesto mediante la Resolución General 5875/2026, que permite regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio.
Sin embargo, advirtió que el programa no resuelve completamente la situación financiera de las empresas. Por eso, reclamó que se habilite la migración entre planes vigentes y se reduzca la tasa de financiación, que no bajó para las pymes pese a la desaceleración reciente de la inflación.
El régimen de ARCA permite incorporar deudas tributarias, retenciones, percepciones, recursos de la seguridad social y obligaciones aduaneras. No contempla, en cambio, una reducción de intereses ni la liberación de sanciones.
Además de la suspensión de embargos, los industriales presentaron una batería de propuestas para preservar el capital de trabajo. Entre ellas, pidieron automatizar y reducir los anticipos del Impuesto a las Ganancias para las pymes que soliciten esa opción, diferir durante 180 días los vencimientos del IVA para las actividades estacionales y postergar las contribuciones patronales correspondientes a las economías regionales.
La entidad también reclamó acortar los plazos para la devolución de saldos a favor acumulados en distintos impuestos y flexibilizar la utilización de los reintegros a las exportaciones.
Desde ARCA señalaron que varias de las medidas solicitadas requieren una definición del Ministerio de Economía. El organismo se comprometió, no obstante, a analizar una ampliación del universo de contribuyentes habilitados para compensar créditos fiscales y a revisar los montos mínimos sujetos a control en los pedidos de reducción de anticipos de Ganancias.
La discusión por las multas
El reclamo de la UIA coincide con una discusión más amplia sobre el tratamiento tributario de las pymes. Este miércoles, la Cámara de Diputados tiene previsto debatir el proyecto conocido como Inocencia Fiscal II, que introduce una corrección sobre las multas formales actualizadas a comienzos de 2026.
El dictamen establece una reducción permanente del 25% para las multas aplicadas a MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes. También incorpora una reducción transitoria del 50% para las infracciones cometidas desde el 2 de enero de 2026, cuando entró en vigencia la primera Ley de Inocencia Fiscal, hasta la sanción de la nueva norma.
Ese alivio alcanza al régimen general de la Ley de Procedimiento Tributario y no solamente a quienes adhieran a la declaración jurada simplificada de Ganancias. Comprende infracciones como la omisión de presentar declaraciones juradas, el incumplimiento de regímenes informativos y la falta de respuesta a requerimientos del organismo.
En paralelo, las senadoras radicales Carolina Losada y Mercedes Valenzuela presentaron un proyecto más amplio, con reducciones de entre 20% y 80% según el tamaño del contribuyente y plazos de entre 30 y 90 días para corregir los incumplimientos antes de recibir una sanción.
El planteo de la UIA apunta a otro frente del problema: no modifica las multas, sino que busca frenar temporalmente las acciones de ARCA contra las empresas que ya acumularon deudas tributarias. La entidad y el organismo acordaron mantener abierta la negociación y volver a reunirse dentro de 45 días.
