Katopodis afirmó que será la Justicia la que decida si se rescinden o anulan los contratos

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró hoy que la extensión de las concesiones de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste dispuesta en julio de 2018 por el gobierno de Mauricio Macri es ilegal, y confirmó que será la Justicia la que determinará si corresponde avanzar con la rescisión del contrato.

"Vemos elementos muy claros de una prórroga ilegal, un contrato que era de concesión y de obras, tenían que hacer obras en el marco del cobro del peaje; transformaron ese contrato en un pagaré a sola firma, esa deuda la tenemos que pagar todos los argentinos cuando pasamos por las cabinas de peajes", señaló el Katopodis en diálogo con FM Urbana.

La aclaración llegó luego de que ayer el propio ministro anticipara ayer que se había realizado una auditoría sobre los contratos y se había determinado la improcedencia de las acciones, que prolongaban las concesiones hasta 2030, al solo efecto de pagar una deuda con los privados por u$s 746 millones. 

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Ambas concesiones están en cabeza del mismo grupo empresario, que opera como Autopistas del Sol (Ausol) el corredor Panamericana y Av. Gral Paz, y como Grupo Concesionario del Oeste (GCO) en el Acceso Oeste. 

Ya en febrero de 2020 el Gobierno comenzó el análisis de los contratos viales y encargó una auditoría que concluyó a fines del mes pasado. El 29 de julio presentó los resultados a los concesionarios y les dio 10 días hábiles para hacer su descargo. El plazo se vence el viernes 13 a las 9.30.

Entre los fundamentos para declarar "ilegal" la renegociación realizada por el gobierno anterior, el Ministerio de Obras Públicas cuestiona la dolarización del contrato, la falta de obras e inversiones, y el reconocimiento de una deuda que alcanza los u$s 499 millones en el caso de Ausol y de u$s 247 millones a GCO.

Además, se fija una remuneración anual del 8% en dólares, capitalizable, con lo que se garantizaba un pago de u$s 1161 millones a lo largo de lo que resta del contrato.

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En sus declaraciones radiales el ministro indicó que "el contrato (original) establecía una vigencia hasta 2018 y por decreto, fuera de las posibilidades que se otorgaba al Poder Ejecutivo, se les otorgó una prórroga por más de diez años". En concreto, hasta 2030.

Sobre este punto, Katopodis explicó que la prórroga -decretos 607/2018 y 608/2018- se otorgó "al solo efecto de pagar una deuda en dólares, que no justifica su composición y mucho menos la conversión de esa deuda de pesos a dólares".

"Se les reconoció una deuda de más de 700 millones de dólares, con una actualización del 8 por ciento anual, es decir una renta extraordinaria en dólares cuando no hay ni ningún elemento", agregó.

Para ello, de acuerdo a fuentes oficiales las empresas habrían solicitado que el monto de los peajes para la categoría 2 (autos) llegara a $ 550 en el caso del Acceso Oeste y a $ 634 en el Acceso Norte (peaje de Márquez), lo que fue rechazado por el Gobierno.

Ahora el objetivo es dar los pasos legales para que finalmente sea la Justicia la que determine si corresponde la rescisión o anulación del contrato. 

Días pasados también el diputado Facundo Moyano, también secretario general del gremio de trabajadores de peajes había pedido avanzar a una estatización de las concesiones, pidiendo una participación del 7% para el gremio.  

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En este contexto, también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió hoy al tema. En declaraciones a Radio La Red, señaló que "la concesión de las autopistas está plagada de irregularidades, y se pone en revisión eso con auditorías que se terminaron de presentar ayer y que son concluyentes respecto de las obras que se tenían que hacer (y) no se estaban haciendo".

Agregó que tampoco se llevaron adelante "los compromisos de inversión", por lo que "ésa es la causa" por la que el Gobierno nacional está interviniendo, y enfatizó que se busca "dar un servicio de calidad".