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Vientos de cambio: la IGJ relaja requisitos para que las sociedades extranjeras puedan trabajar en el país

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Corren nuevos aires en la Inspección General de Justicia (IGJ). Todo parece demostrar que la nueva administración decidió dejar de lado un modelo de control extremadamente burocrático para reemplazarlo por otro más laxo.

Al menos así lo demuestra la Resolución General 5/2024, publicada en el Boletín Oficial recientemente, en el que exime de obligaciones claves a las sociedades extranjeras que constituyan o participen en sociedades locales.

La nueva norma reemplaza el polémico artículo 3 de la resolución general 2, emitida en 2020 durante la administración de Ricardo Nissen, que establecía como requisito constituir una garantía para los representantes.

A la luz de los hechos, los argumentos esgrimidos en el pasado quedan manchados por una interpretación forzada de las normas que sólo logró perjudicar a las empresas del exterior que optaban por instalarse en la Argentina.

La nueva norma, por dentro

Como se adelantó, la RG 5 modifica el artículo 3 de la RG 2 del 2020, en donde se fijaba la obligatoriedad de constituir una garantía para los representantes de sociedades extranjeras inscriptas en la IGJ por los artículos 123 (para participar o constituir sociedades locales) o 118 (establecer sucursales en el país).

La nueva norma exime de esta obligación a las sociedades extranjeras inscriptas que pretenden constituir o participar de sociedades locales, aunque mantiene la exigencia para aquellas cuyo objeto sea el establecimiento de sucursales en la Argentina.

La IGJ relaja requisitos para que las sociedades extranjeras puedan trabajar en el país.

Adicionalmente, la resolución modifica la suma asegurada que debía ser equivalente a 5 veces el capital mínimo exigido por la Ley General de Sociedades para las Sociedades Anónimas (SA).

Hasta hace unos días, el capital mínimo exigido para las SA era de $ 100.000, por lo que resultaba como monto asegurado $ 500.000, pero fue modificado por el Decreto 209 a $ 30 millones.

De esta manera, la suma asegurada se habría elevado considerablemente y hubiese sido irrisorio mantener esta obligación. Ahora, con la reforma, deberá equivaler al 60% del capital mínimo de las SA, con lo cual, implica una flexibilización considerable.

Un argumento falaz

La nueva resolución consideró que la norma anterior no logró cumplir con los objetivos fijados al momento de su publicación, dado que no benefició efectivamente a quienes pretendía proteger.

A su vez, difirió en la interpretación realizada anteriormente, que equipaba la responsabilidad de los representantes inscriptos por el 123 y 118 con los administradores de sociedades locales (e incluso entre sí).

En efecto, consideraba que el primer caso (artículo 123) responde en carácter de mandatario y eventualmente de socio de la sociedad local, entendiendo que ésta tiene sus propios administradores a quienes ya se le aplican las obligaciones exigidas por la normativa local.

La IGJ relaja requisitos para que las sociedades extranjeras puedan trabajar en el país.

En ese sentido, sostuvo que no correspondería equiparar las exigencias en línea a la esencia de la ley en cuanto a las obligaciones a cumplir por las sociedades constituidas en el extranjero que tienen un ejercicio habitual en el país.

Sin dudas las reformas implementadas por el saliente titular de la IGJ estuvieron enfocadas, entre otras, a la intervención de las sociedades constituidas en el extranjero en búsqueda de prevenir las operatorias off shore.

También en robustecer aquellas reglamentaciones que habían sido flexibilizadas por la dirección anterior (en la administración de Macri), tal como surge de la resolución 8, que fue derogada con la asunción del nuevo inspector en la resolución 10 del 2024.

En este sentido, en línea con los proyectos del Gobierno y las medidas adoptadas por el nuevo Inspector en sus primeros meses de mandato, se prevé la revisión de la normativa y su efectividad, alineando la ideología y planificación societaria que, en principio, regirá en la materia.

Por lo pronto, se puede asegurar que esta resolución es el inicio de grandes modificaciones que afectarán a nivel nacional a las regulaciones aplicables. Soplan vientos de cambio. Bienvenidos sean. 

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