Análisis

Vicentin: sin Lozano en el Banco Nación, la expropiación pierde a su principal promotor

El Banco Nación es el principal acreedor de Vicentin. Claudio Lozano encarnaba al grupo del Gobierno que más pugnó para que el Estado se convierta en accionista de la cerealera. Su expulsión del directorio cambia el clima de la negociación

"La propuesta es absolutamente ilegal. El juez la dejó correr para que la empresa zafe. Si se da por terminado el período de exclusividad y abre el cramdown, el Estado tiene elementos suficientes para avanzar". Fue la última expresión pública de Claudio Lozano, flamante renunciado al directorio del Banco Nación, sobre Vicentin. Lo dijo en una entrevista con el diario La Capital, de Rosario, hace un mes, apenas después de que la Corte Suprema de Santa Fe decidiera meterse en el concurso preventivo de la cerealera. Por esos días, Lozano también exigía públicamente que los entonces ministros de Desarrollo Productivo y Agroindustria, Daniel Scioli y Julián Domínguez, definieran un plan de estatización de la compañía.

Scioli y Domínguez ya no están. Y, en las últimas horas, Lozano tampoco. Una noticia que, para qué negarlo, no cayó mal en Avellaneda, Santa Fe, cuna del gigante agroindustrial cuyas acciones se reparten entre más de 100 primos de hasta cuatro generaciones de la familia fundadora.

Ex dirigente de la ATE, el gremio que corrió por izquierda el galope del centauro Andrés Rodríguez (UPCN) la representación de los empleados estatales, Lozano fue luego economista de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), unión sindical que desafío a una CGT que, en los dorados '90, confraternizaba con el capital. Con socios políticos como Víctor de Gennaro y Fernando Pino Solanas, Lozano accedió a dos mandatos como diputado: 2003-2007 y 2007-2011. Durante el último, denunció las comisiones que el Gobierno de Cristina pagaría por la reapertura del canje de deuda de 2010, escándalo que salpicó al entonces ministro de Economía, Amado Boudou, a su secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, y al titular de la ANSeS, Diego Bossio

Esa causa -en la que, años después, el fallecido juez Norberto Oyarbide sobreseyó a todos los acusados- fue el mayor momento de estridencia de las críticas de Lozano hacia el kirchnerismo, al que se opuso desde el día en el que Néstor Kirchner no dejó sus convicciones guardadas en una maleta en la puerta de la Casa de Gobierno; la marroquinería con la que cruzó el umbral de la Rosada, en todo caso, albergó otras cosas.

En diciembre de 2019, Vicentin se declaró en default. Dos meses después, pidió su concurso preventivo. Para entonces, Alberto Fernández se había apoltronado en el sillón de Rivadavia y, a metros del despacho presidencial, Lozano -convencido de que "volvieron mejores"- había conseguido la suya en el Nación. El banco era (es) el mayor acreedor de la empresa, con más de u$s 300 millones. "Un grupo empresario que estafó a la banca pública", se apuró a denunciar Lozano. Con más afán, incluso, que el que puso antaño para acusar a Boudou, ahora atribuía los infortunios financieros la empresa a sus vínculos -en especial los de su luego fallecido CEO, Sergio Nardelli- con Mauricio Macri. Con su rigor profesional, calculó en u$s 800 millones el perjuicio al fisco. Se paró a la vanguardia del pelotón que militó la efímera y frustrada expropiación.

Las masivas protestas y banderazos que hubo en las principales ciudades del país forzaron la capitulación. Derrotado, pero no perdido, Lozano no soltó su  estandarte. Ya antes, entre febrero y mayo de 2020 -Alberto decretó la intervención y estatización en junio-, Vicentin remitió al Banco Nación cuatro propuestas de pago. "Iban recurrentemente al directorio, que las rechazaba pidiendo mejoras. Se hacían y las volvían a rechazar", recuerda alguien que siguió muy de cerca los intentos de la cerealera por alcanzar un acuerdo preventivo extrajudicial (APE) que le permitiera cerrar rápido el gravoso trámite del concurso. "A partir de la expropiación, la posición del banco fue negarse a cualquier tipo de diálogo", agrega.

Vicentin avanzó con una propuesta que implica una quita del 70% de su pasivo verificado, que roza los u$s 1600 millones. Consiguió la adhesión de la mayoría de sus acreedores, tanto los comerciales como de los al inicio más beligerantes bancos del exterior. En paralelo, cerró un acuerdo de salvataje, condicionado al éxito de la reestructuración, con un trío de inversores conformado entre la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra (Glencore) y Bunge, se subió a esa aventura luego de que se bajó Molinos Agro.

El Nación -en voz de Lozano y rúbrica de su también destituido titular, Eduardo Hecker- rechazó y repudió esas transacciones. En instancia judicial y, también, en otros ámbitos. En Avellaneda, le atribuyen a esa oposición, sino la autoría intelectual directa, al menos haber sido la musa inspiradora de otras barreras legales que aparecieron, tanto en el fuero comercial como en el penal, impulsadas por acciones privadas de algún acreedor reacio u organismos públicos, como la AFIP. Incluso, la inusual presentación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en el expediente de la convocatoria, para interiorizarse sobre una eventual transacción -el ingreso de ACA, Bunge y Viterra- antes de se concrete, cuando la costumbre es que se expida una vez que ingresa a la mesa de entradas del organismo una carpeta con el deal firmado para su aprobación.

La CNDC depende de la Secretaría de Comercio, hasta ese momento, ocupada por Roberto Feletti, uno de los promotores de una "empresa nacional de alimentos". Fantasma que el propio Alberto Fernández se animó a invocar, recitando el conjuro del cramdown. Lo hizo hace dos meses, luego de que la Corte Suprema de Santa Fe se apropiara del expediente, a días de que venciera el plazo para que la empresa presente el acuerdo para homologar.

El máximo tribunal santafesino, todavía, no resolvió qué hará. Tampoco se sabe cuál será la postura del Nación Gestión Batakis, ni hasta qué punto no dependerá de la buena relación que a Sergio Massa le urge cultivar con el campo para convertir granos en dólares. Bunge y ACA son segundo y sexto mayores exportadores de trigo, maíz y soja del país. 

Cerca de Vicentin, confían en que la llegada de la breve ministra de Economía no implique un presente griego para sus intenciones de negociar. "Se retira un directorio que, durante tres años, se negó sistemáticamente a sentarse con un acreedor en concurso para lograr las mejores condiciones de cobro para su crédito. Prefería mandarlo a la quiebra, aunque eso significara perder todo lo que se le debe", describen.

"Seguramente, el nuevo directorio intentará cobrar lo que le corresponde. La empresa siempre tuvo vocación de diálogo para eso", agregan. Aclaran que, en lo concreto, no hubo cambios ni tienen certezas de que los habrá. Lo real es que Lozano, surgido en el sindicalismo combativo, hizo honor a ese origen para resistir hasta cuando pudo su expulsión. Pero, en la empresa, reconocen que sin él, ni Hecker, ya es otro el aire que se respira.

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