OPINIÓN

Una foto que revela la crisis de ejemplaridad

La crisis desatada a partir de la publicación de imágenes de la intimidad de la familia presidencial ha generado una reacción en cadena cuyos efectos acumulativos amenazan con muchas y mayores consecuencias institucionales que las esperadas.

No se recuerdan, desde la crisis del 2011, imágenes más crudas de las dificultades de un "presidente sitiado" por la presión combinado entre las críticas internas, de su propia coalición, la escalada destituyente de sectores de la oposición y el oportunismo avieso de quienes creen que este tipo de crisis es propicio para avanzar en la conquista de posiciones tácticas que parecían inalcanzables.

La estudiada gestualidad condenatoria de los principales referentes del Frente de Todos, la propuesta de juicio político de parte de la oposición parlamentaria y la presión en las calles de las organizaciones sociales y la izquierda nos recuerdan un sinfín de episodios similares, no solo en nuestro país sino también en buena parte del resto de las democracias latinoamericanas.

Después de todo, cabe recordar que una proporción significativa de los presidentes constitucionales de la región no llego a terminar su mandato en las ultimas décadas. Ya no por efecto de golpes militares, sino de una secuencia incontrolable en la que a la crisis de confianza siguieron crisis de gobernabilidad y, finalmente de legitimidad.

En el fondo, la política vuelve a exhibir, una vez más, los rasgos cada vez mas pronunciados de una crisis aún más profunda, que las que suelen azotar a la política, la economía y los usos y costumbres. Es una crisis de ejemplaridad pública.

El sistema democrático es sin duda el más preparado entre todos los sistemas conocidos para solventar todo tipo de crisis gubernativas. Aun las que suelen desencadenarse a partir de enfrentamientos bélicos o guerras civiles. Sin embargo, es el más sensible a las crisis de ejemplaridad. Un tipo de crisis que acompaña a todo tipo de autoridad, pero que alcanza en el caso de las autoridades y poderes democráticos una gravedad suprema.

Conviene a este respecto - con el gran filósofo español actual Javier Goma, autor de una tetralogía indispensable sobre Ejemplaridad Publica- , distinguir entre aquellos cuya posición institucional proviene de la confianza depositada en ellos directamente por la ciudadanía, a través del voto en elecciones libres y democráticas y aquellos otros que ocupan en dichas las instituciones una posición vitalicia o permanente, garantizada por acuerdos corporativos, herencia, tradiciones institucionales o hasta fundamentos supra terrenales.

La primera posición obliga a una ejemplaridad activa, coherente sin fisuras, a la que compromete la voluntad explícita de la ciudadanía. Es la de los presidentes.

La segunda es una ejemplaridad estatuida. Es la de los jueces, los grandes empresarios, las aristocracias de cualquier tipo, los periodistas, las jerarquías sindicales y políticas, los obispos, los cardenales o los papas.

Pesa sobre los presidentes una ejemplaridad electiva, que podría sintetizarse en una suerte de imperativo kantiano absoluto e inexcusable. Diría algo así como "obra de tal manera que tu comportamiento sea imitable y generalizable, desde tu circulo intimo más próximo hasta toda la sociedad en su conjunto". Es una ejemplaridad especial y especifica. Superior, por su impacto y exigencias a la del resto de los dirigentes.

Es este tipo de crisis de ejemplaridad la que produce el tipo de efectos demoledores sobre los sistemas políticos que acreditan la larga serie de escándalos políticos casi permanentes en las democracias occidentales. A la ejemplaridad de un Presidente se le exige mucho más que coherencia y consistencia en su contenido. Se les exige, nada más y nada menos, que verdad. Verdad no solo como coherencia y consistencia argumentativa, sino verdad como correspondencia rigurosa con los hechos. Verdad como compromiso, como fortaleza de carácter. Como reciedumbre moral para afrontar sus consecuencias.

Las crisis de ejemplaridad democrática han ido agravándose con el correr de los años y el avance de la posverdad. Una de las mas graves fue sin duda, en la salida de la crisis de Richard Nixon en el Watergate, la que sufrió la gran promesa de reconstrucción moral que representaba el senador demócrata Gary Hart -candidato entonces casi seguro a la presidencia. Hart era el front runner (término aplicado a quienes lideran las encuestas), sorprendido en una foto escandalosa, se ahogó en un remolino de mentiras, acusaciones, medias verdades y, ya en el final, lamentaciones acerca de lo que interpreto como una tendencia de la sociedad a privilegiar el interés por su vida privadísima por sobre los grandes ideales y propósitos que representaba.

La ola de indignación colectiva terminó por sepultarlo. La gran Meg Greenfield sentenció, desde su editorial en Newsweek algo así como lo siguiente: "Efectivamente, senador Hart. En esta situación nos interesan muy poco sus ideas y proyectos. No solo los suyos, sino en general, los de todos los políticos. Lo que realmente nos interesa es saber quién es usted, cómo vive y se desempeña ante situaciones límites como la que esta viviendo. Cuáles son sus sentimientos y su capacidad para administrar sus reacciones en este tipo de crisis. Usted pretende ser presidente de los Estados Unidos -o sea acaso del mundo-. Comprenderá entonces que es lo que en verdad nos interesa".

A las sociedades les importa muy poco que sus presidentes mientan. Más bien lo descuentan. Lo importante es el porqué mienten. Si lo hacen porque no saben, no pueden o no quieren asumir las realidades que los desbordan, es algo en el fondo explicable y disculpable.

El problema es que lo hagan por desesperación, por resentimiento o por impotencia, encerrados en sus propias limitaciones o las del circulo que los encierra. En este caso, la rabia social se retroalimenta con un resentimiento profundo, que nace de la frustración y el desencanto y que estalla por sobre cualquier limite de razonabilidad.

El elemento objetivo del delito que habría cometido el del presidente Alberto Fernández es en el fondo insignificante: apenas un brindis de cumpleaños. El elemento subjetivo - "comprender la criminalidad del acto y capacidad para dirigir sus acciones", según reza la definición de los penalistas- es también inverificable. La pretendida figura delictiva consagrada en el decreto de necesidad y urgencia es en realidad una "ley penal en blanco" que solo podrá ser tomada en serio por una justicia prevaricante. Un argumento falaz mas entre los muchos que se incorporaron a la normativa de necesidad y urgencia del momento, sin otro propósito que el de atemorizar a una sociedad escéptica y poco dispuesta a aceptar el vendaval de la pandemia.

¿Qué es lo que ha situado entonces a Alberto Fernández a la situación de extremada vulnerabilidad en que se encuentra, después de una trayectoria de más de 30 años sin una sola acusación de falta de integridad del tipo de las que abarcan a una gran mayoría de los dirigentes políticos, especialmente en los gobiernos de que formó parte?

Lo que lo compromete y lo desborda es la reacción social ante una crisis de ejemplaridad. Es la rabia y la indignación de una sociedad ya sin ejemplos. Una sociedad que lo ha votado y a la que se pide que lo vuelva a votar, con una esperanza no tanto en sus ideas ni propuestas, como la necesidad de reconstruir la ejemplaridad publica hace mucho tiempo perdida.

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