"Un quilombo más": efectos de la decisión de la Corte Suprema y de la reacción del Gobierno

"No venimos a la función pública para hacer nuevas amistades, venimos a cumplir la Constitución", dijo en su exposición en el evento AmCham Summit 2023 Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Horas después Rosatti resolvió, con los supremos Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, suspender las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán a cinco días de los comicios.

En esta misma semana, dos días después de que estallaran los cruces entre los poderes de la República y entre el oficialismo y la oposición por los dos fallos de la Corte, los noticieros pusieron el foco en otra noticia. Una mujer y su hija robaron bolsas y cajones con comida de una escuela de San Miguel, las descubrieron por las cámaras de seguridad y las madres de los alumnos destacaban en los móviles la importancia de contar con esas comidas para subsistir.

Se trata de dos argentinas que son la misma, pero una de ellas ignora a la otra, aunque su responsabilidad es trabajar para ella.

No estamos para Robert De Niro: ¿Por qué los políticos se desconectan de la realidad?

La Argentina que se apresta a una competencia electoral sólo tiene las energías focalizadas en esa competencia. La puja además es bastante compleja, porque los contendientes están envueltos en tensiones permanentes. Esas tensiones de los dirigentes arrastraron a las instituciones que también están en querellas permanentes. El Poder Ejecutivo critica por cadena nacional al Poder Judicial. El Poder Judicial utiliza su imperio para sacudir la vida pública con fallos sensibles. El Poder Legislativo acelera un juicio político contra los jueces de la Corte. Los ciudadanos asistimos a verdaderas escenas de pugilato institucional que lógicamente inciden sobre la vida de todos nosotros.

Inciden de muchas formas. Una de ellas, la que se relaciona con el robo de comida en una escuela, se traduce en la ceguera de las instituciones para ocuparse de los problemas de los ciudadanos. Robar siempre es un delito. Eso no se discute. El código penal tiene formas de calibrar de distinta manera cada robo, pero todos son robos al fin. No obstante, para las instituciones un robo de estas características es más complicado. Ello es así, porque además de la intervención policial y judicial, las instituciones tienen que determinar qué causas llevan a ese hecho tan agudo de robar para comer. Luego, tienen que elaborar políticas públicas para que ello no pase más.

Los ciudadanos asistimos a verdaderas escenas de pugilato institucional que lógicamente inciden sobre la vida de todos nosotros.

Algo similar ocurre con el flagelo de la inseguridad, porque la reacción del Estado debería ser algo más sofisticado que prometer mayor presencia policial. Pero la ceguera institucional impide ver más allá del problema electoral.

La ceguera institucional tiene atrapados a los ciudadanos en un sentido muy preciso. Es que gracias a esa ceguera que se enfoca solamente en la agenda de los políticos, gran parte de la ciudadanía fue abandonada por el Estado a su suerte. Cada ciudadano se las arregla como puede. Pero alguno de ellos tienen pocas o nulas herramientas. En tal caso, toman decisiones complejas como cometer un delito para comer. Mientras tanto, la dirigencia no logra asomar la cabeza más allá la confección de las listas y de la competencia de agosto.