

El coronavirus fue el golpe de gracia que le faltaba a la vapuleada economía Argentina. Es tan difícil normalizar la situación, que cualquier solución pasa a ser un problema.
Cuando el 23 de marzo comenzó la feria judicial, producto de la cuarentena, también se inició un proceso de freno de mano de la economía. No es que los temas estén atados, simplemente se redujo la actividad no sólo de los abogados y de los poderes Judicial y Legislativo, también de los sectores productivos y de los comercios. En conclusión, la salud es prioridad, pero apostar por el sentido común, lamentablemente tampoco será gratis.
Cada vez que la Argentina tuvo una crisis económica, el primer poder afectado fue el Judicial. Y dentro de éste, dos fueros: el laboral y el comercial.
Por ahora, mientras dure la feria, los problemas se acumulan, se tapan. Pero si se levanta la feria, no se acaban, al contrario, la economía corre riesgo de estallar. En primer lugar, en el fuero laboral, el riesgo es que caerían en cascada cientos de presentaciones de juicios de trabajadores despedidos o que se considerarán despedidos. En paralelo, comenzarían a ejecutarse sentencias anteriores, situación que provocaría que las empresas tengan que hacerles frente con pagos de dinero que no necesariamente tienen disponible. Por lo tanto, provocará el embargo de las cuentas de dichas empresas. El tema es que en esas cuentas se estarían depositando los créditos que, con garantía estatal en gran parte, ayudan a pagar los sueldos.
En el fuero comercial, en tanto, los problemas a evaluar son los cheques rechazados, producto también del corte de la cadena de pagos. Por ahora, no es un problema, pero pasará a serlo porque las empresas ya saben, o al menos estiman, la cantidad de cheques sin fondos que vuelven. Y el problema no es el primer mes de los efectos de la cuarentena ya que el Gobierno volcó a las empresas, a los trabajadores y a los beneficiarios de planes sociales 850.000 millones de pesos. Pero el fin de la cuarentena no será de un día para otro. Por eso no se descarta que las empresas, ni bien se levante la feria, puedan volcarse a pedir concurso de acreedores para ganar tiempo y poder recomponer sus finanzas. No hay un número, pero el riesgo de que suceda existe.
La solución no es sencilla. Estirar la feria judicial tampoco es la solución porque los problemas no se terminan, se acumulan. En el medio, hay que tener en cuenta que aún no entramos en invierno, que apenas transitamos el otoño y los contagios del coronavirus todavía no llegaron a su pico. En el mercado se dice que estamos en manos de los economistas y de los meteorólogos. También se dice, y con maldad, que ninguna de las dos ciencias se caracterizan por acertar los pronósticos. Ganar tiempo parece ser clave, para el Gobierno y para todos.













