Las certificaciones de BPA y carbono como ordenadores del territorio en el agro argentino

El territorio es un lugar donde confluyen diversos actores, culturas, historias, recursos naturales, sociedad e ideologías, bajo un sistema de gobierno.

El agro está dentro de este territorio, ocupando un lugar muy importante visto desde la cantidad (de superficie) como de la calidad (PB que genera), actuando según reglas de gobernanza u orden del sistema comercial (mercado) y de un estamento superior de gobernanza (el Estado).

El orden es una responsabilidad del Estado, a través de sus políticas públicas sustentadas en leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones; todas bajo un lineamiento que debería ser estratégico y no coyuntural.

Cuando no existe la presencia activa y proactiva del Estado y sus estructuras de gobernanza, se produce el desorden de las actividades económicas y en eso el agro, es el primero en la lista. Cuando no se invierte en tener controlado el territorio, desde su última localidad del interior profundo hasta la máxima urbe capital, se producen externalidades entre actividades económicas, la mayoría de ellas son negativas (y muy pocas positivas).

Las tecnologías transgénicas son muy útiles para la consecución de mayores rendimientos, y nuestro país es pionero en este tema, aprobando desde la década del '90 numerosos eventos en diversos cultivos.

Se está produciendo un cambio tecnológico muy disruptivo en la zona algodonera (Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe), con la introducción de una variedad de semilla de soja transgénica de 3 genes apilados, tolerantes a tres herbicidas: glifosato, glufosinato y 2,4-D, evento que ayudará al combate de malezas duras (resistentes), que frenan el techo de rendimiento del cultivo.

Volvemos al concepto del Territorio como lugar de convivencia de varios elementos, el cultivo de algodón ocupa una superficie no mayor a 400.000 hectáreas y la soja más de 2.000.000 has, por lo tanto, si una tecnología no es compatible con los cultivos vecinos, provocará una externalidad negativa sobre los mismos y afectará toda su economía del territorio: social, cultural, económica, industrial y política. Eso puede suceder con esta nueva tecnología que permite la utilización de productos herbicidas que afectan perjudicialmente al cultivo de algodón y su cadena industrial (ver artículo técnico del Ing. Agr. Carlos Mondino, EEA Santiago del Estero / https://www.campoparatodos.com.ar/2020/03/19/el-herbicida-24-d/ ).

Las garantías para que esto no ocurra no están dadas, hay muchas dudas sobre la imposibilidad de realizar buenas prácticas de aplicación con el herbicida 2,4D (en cualquiera de sus formulaciones), como la certeza de falencias de estructura de fiscalización por parte de las autoridades de provincias algodoneras, que no pueden identificar el que hace las cosas bien del que las hace mal.

Ante esta situación, aparentemente sin salida, se puede utilizar una herramienta ordenadora que son las Certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas bajo protocolos internacionales y con niveles profundos de auditoría externa. Es una medida voluntaria, no obligatoria (para eso están las actuales leyes de agroquímicos y de registración de productos), que funciona cuando hay un incentivo importante y concreto para el productos agrícola que la aplique.

La implementación de una BPA realiza un ordenamiento individual, el cual se potencia con más BPAs individuales en el Territorio, logrando cual piezas de dominó, un acomodamiento inmediato de la producción agrícola, reduciendo al mínimo las externalidades negativas (principalmente cuando los productos herbicidas al ser aplicados se corren fuera del objetivo -blanco- que es la planta o maleza, y se desplaza hacia otros cultivos sensibles, cursos de agua, o poblaciones urbanas).

Necesitamos que se implemente en forma urgente un mercado de certificaciones, ya sea de BPA o de Carbono Neutro, que aporte el incentivo económico motorizador del ordenador territorial (puedo citar el ejemplo de Bayer CS USA, dónde comenzó este año a promover las BPA con baja producción de carbono, con un premio de u$ 23/Ha).

Si esto se pudiera replicar en nuestra región algodonera, se reducirán las externalidades negativas provocadas por las malas prácticas de aplicación de agroquímicos, tan denunciadas por las ciudades y también se evitarán los litigios entre productores por la afectación de sus cultivos por herbicidas no compatibles.

Es una decisión política, organizar un fondo de Certificaciones, con recursos económicos de la industria pesada, la minería, la petroqúimica, agroquímica, desmotadores, hilanderos, etc, etc, que necesiten equilibrar sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, mediante la adquisición de estas garantías de baja emisión, para su compensación en mercados internacionales.

Ya existen algunos casos en la Argentina, como los cultivos orgánicos, certificaciones RTRS, por citar algunas, las cuales poseen dos mercados: el físico (segregado o no) y el virtual (mercado de bonos de carbono).

Por nuestro algodón argentino, toda la cadena agroindustrial, debería trabajar para incorporar rápidamente esta herramienta ordenadora, con fuertes incentivos, que vayan desde la implementación hasta la comercialización (reducción de la carga impositiva para todos los actores involucrados, bonificaciones al productor en insumos y servicios, sobreprecios en las mercaderías producidas, entre otras tantas).

Manos a la obra!

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