Zoom Editorial

La inflación alta es parte del problema pero también parte de la solución

El programa serio, racional y consistente que Martín Guzmán necesita y promueve para bajar la inflación requiere que la inflación no baje. Parece un contrasentido pero no lo es. Es una regla que se aplica a la Argentina, donde la política incorpora sus propias demandas, y la principal es que el gasto también funcione como un colchón para amortiguar, con algún tipo de asistencia oficial, el impacto de la suba de los precios en los sectores de bajos ingresos.

Alrededor de 60% del Presupuesto nacional lo administra la ANSeS, que es la encargada de pagar jubilaciones, pensiones y la mayoría de los programas sociales. Estos beneficios se ajustan mayormente con una fórmula que orbita en torno a la inflación del año anterior, que fue de 50,9%. Eso implica que los ingresos deben tener ese rango como piso, y para que eso suceda es clave que los precios vayan por un andarivel similar.

La inflación es uno de los principales motores de la recaudación. Como se ve, en caso de que este año cayera por debajo de 50% al Gobierno se le complicaría financiar las jubilaciones. Con lo cual lo más "razonable" es que se mueva a una velocidad de 60% anual, lo que implica una tasa promedio de variación mensual de 5%. Eso ayudaría también a no dejar en off side a las paritarias que se firmaron en el último mes, que apuntan a empatar ese target de costo de vida (con revisión a fin de año, por las dudas).

Hasta acá, la historia es mas o menos conocida. La Argentina consiguió surfearla en el pasado con otros números, más bajos y menos riesgosos. En los días de Cristina Kirchner y Guillermo Moreno, la inflación anual era 25%, los salarios se ajustaban cerca de ese número y después llegaba la hora de elevar el mínimo no imponible de Ganancias (algo que ahora volvió a reclamar Sergio Massa y le garantizó el Ministerio de Economía).

La diferencia es que en esa época no había acuerdo con el FMI y por consiguiente, tampoco había un horizonte fiscal que cumplir. El país estaba en default y al mundo no le importaba demasiado el rumbo argentino. El déficit se financiaba con emisión monetaria y listo. A lo sumo el año siguiente lo que se ajustaba a 25% pasaba a 28% o 30% y listo.

Si en 2022 la inflación apunta a 60% (como calcula el Gobierno) o 65% (como proyectan los privados más optimistas), parte del financiamiento del gasto estará resuelto. El problema es que para que haya una reducción del déficit fiscal, como señala el acuerdo con el FMI, algunos sectores deberán tener un aumento nominal menor a la inflación. El candidato número uno es el capítulo que agrupa a los subsidios energéticos, una cuestión que además está atada al conflicto político entre Alberto Fernández y su Vicepresidenta.

La botonera de soluciones cambia muy poco. Pero las variables hoy se mueven a otra velocidad. El desafío es evitar el riesgo de despiste.

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