Un sistema que acumula décadas de desequilibrio, como sucede en la Argentina con el régimen previsional, no va a ser corregido de la mañana a la noche por leyes que ignoran un principio básico de la contabilidad pública: que todo gasto tiene que estar respaldado por un ingreso.
La presión que hizo la política para que elCongresoaprobara dos normas que apuntaron a dar una respuesta de corto plazo a los jubilados, en realidad creó más problemas que soluciones.
Las normas, que apuntaban a dar un incremento de 7,2% en los haberes para compensar el cambio de fórmula en 2024 y una actualización del bono para los pasivos que cobran la mínima (de $ 70.000 a $ 110.000), incluyó fuentes de financiamiento a todas luces insuficientes.
El costo fiscal de todos los proyectos que sancionó el Senado (que incluyen una prórroga de la moratoria previsional y una baja de 65 a 60 en la edad a la que pueden acceder a la Pensión de Adultos Mayores) fue calculado por la Fundación Mediterránea en 1,2% del PBI. El ingreso que contemplaba, en el mejor de los casos, arrimaba a 0,4%. Eso implica una diferencia de 0,8% del PBI, que borraba el superávit financiero proyectado por el Gobierno y reduce a la mitad el saldo primario.
Uno de los problemas creados por esta iniciativa va más allá del desajuste fiscal. La ley incluye anular una exención para los aportes que las empresas hacen a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), un sistema que actúa como principal herramienta de financiamiento pyme, aportando un fondeo de u$s 3400 millones anual. No hay entidad pyme o bancaria que no se haya pronunciado en contra de esta idea.
Javier Milei tomó una decisión previsible al vetar estas normas. En su lógica, es idéntica a la que asumió Cristina Kirchner cuando el Congreso, en 2010, votó una ley que reconocía el pago del famoso 82% móvil para los jubilados. La Presidenta aseguró por entonces, en los fundamentos de su veto, que esa ley buscaba "quebrar al Estado".
El sistema previsional necesita una reforma que no tenga como punto de partida la ilusión de que el Estado tiene recursos infinitos. Cada año que pasa sin abrir este debate y dar una respuesta, solo se agiganta la encrucijada previsional: en 2024 la cantidad de juicios que entraron a la Corte Suprema por este tipo de reclamos se incrementó 50%. La bola de nieve no se detiene.
La preocupación de los legisladores por este desajuste es legítima, pero no puede quebrantar la voluntad del Ejecutivo por defender el equilibrio fiscal. Son dos prioridades que si no van unidas en una reforma integral, solo conseguirán perpetuar un status quo que no le conviene a nadie.
