Opinión

Estados Unidos versus Google: ley antimonopolio y geopolítica

El 2 de julio de 1890, Estados Unidos promulgó la Ley Sherman Antitrust, considerada la primera medida concebida para evitar la concentración de un mercado en una empresa. La norma debutó en 1911, con la Standard Oil de John Rockefeller. La Justicia finalmente determinó la fragmentación de la petrolera en 34 empresas independientes.

"Hace dos décadas, Google se convirtió en la niña bonita de Silicon Valley como empresa emergente con una forma innovadora de buscar en la incipiente Internet. Ese Google hace tiempo que desapareció". Este es uno de los párrafos que utilizó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ciento veinte años después, para acusar a la tecnológica por abusar de su posición dominante en el mercado de las búsquedas.

A pesar de que las empresas tecnológicas no encajan en la definición tradicional de monopolio - ya que no fijan precios abusivos para el público -, afectan a otros aspectos de la cadena de valor. Por ende, el juicio contra Google no radica en el amplio predominio que logró con su buscador (Google concentra el 90% de las búsquedas a nivel mundial), sino por los abusos que comete para evitar o excluir a otros competidores: para citar el ejemplo más resonante, Google paga más de US$10.000 millones al año a varios fabricantes, como Apple, para preinstalar el buscador Chrome en sus dispositivos.

"La gente no usa Google porque tenga que hacerlo, sino porque quiere", fue la rápida respuesta por parte de la empresa. Añadieron, además, que los acuerdos con fabricantes y operadoras no eran exclusivos y que la gente podía elegir motores de búsquedas alternativos muy fácilmente. Más aún, para evitar los cuestionamientos, estas corporaciones tecnológicas llevan adelante un lobby feroz que les permita evitar los controles y que las investigaciones legales avancen.

Lo primero que haría cualquier analista es comprender la lógica de la teoría económica; aquella racionalidad que nos lleva a entender que las leyes antimonopolio tienen como objetivo primario mantener la competencia como fuerza impulsora de la economía, siendo Google y otras multinacionales un obstáculo para el libre juego de la oferta y la demanda en la industria tecnológica, al concentrar una abrumadora capacidad económica y técnica.

Más aún, las grandes corporaciones, al tener una posición dominante, desincentivan el surgimiento de nuevos proyectos y estancan la innovación. A eso hay que adherirle que pueden adquirir a los competidores más pequeños; o mismo imitar sus desarrollos y utilizar su diferencial económico para sacar ventajas que desplacen a sus rivales más débiles. También existe el temor de que estas empresas tecnológicas, con su músculo financiero, puedan expandirse a otras industrias.

La realidad es que este último punto es lo que realmente se encuentra en disputa en el caso de "Estados Unidos contra Google": la preocupación de las elites políticas son las grandes empresas tecnológicas que fueron acumulando poder y una supremacía exponencial sobre los negocios, el comercio, la discusión pública, el trabajo y el entretenimiento. Y el gran temor está en que todas estas variables claves para el dominio social, se encuentren fuera del control gubernamental.

Esa delgada línea, muy fina, entre dejarlos ser, porque también le sirve a los Estados Unidos de América (EEUU) como emblemas geopolíticos y geoeconómicos para dominar el mundo; o la posibilidad cierta que se les escurra de las manos, que tengan un vuelo demasiado propio que no responda a los intereses a las elites políticas. El contexto global es claro: en un escenario marcado por ‘la competencia tecnológica con China' - entre otros -, hay que evaluar con mucho cuidado las acciones que, a nivel global, beneficien a los intereses generales de los estadounidenses.

Porque en realidad, en términos geopolíticos, ‘la lucha contra el monopolio' es una discursiva contradictoria que no siempre es aplicada; solo es utilizada cuando es conveniente como una herramienta, una variable técnica. Sino pensemos en la Industria de la Defensa: desde la misma Guerra Civil estadounidense del siglo XIX, se demostró la utilidad de la empresa a gran escala para satisfacer las feroces demandas de producción de las Fuerzas Armadas, y los dueños de negocios se apresuraron a comprender la ventaja del tamaño para atraer capital.

A lo largo del siglo XX y en lo que va del corriente siglo XXI, se consolidó que este modelo logre mayores eficiencias para alcanzar curvas de aprendizaje maduras, genere mayores posibilidades de innovación y de calidad de los productos. Ni que hablar la necesidad de tener un capital concentrado, un flujo financiero que permita sortear los costos técnicos y burocráticos asociados (solo para citar un ejemplo, los fabricantes de defensa locales necesitan la aprobación del gobierno estadounidense antes de que puedan producir armas conjuntamente con socios extranjeros).

¿Dónde está aquí el fin de los monopolios, si cinco empresas estadounidenses (Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northon Grumman y General Dynamics), sectorizadas en diferentes rubros del aparato militar, se llevan más del 80% de los contratos del gobierno? En ningún lado, ya que las mismas son garantes de las elites políticas en su posicionamiento como potencia global; tanto como ‘policía del mundo', como en el plano del servicio a sus necesidades de acumulación de riqueza y poder.

¿Podemos esgrimir que con los monopolios se eliminan las presiones para innovar? ¿Podemos sostener fehacientemente que con los monopolios se generan costos más altos para los contribuyentes? ¿No es perjudicial que las empresas líderes levanten barreras para con los nuevos entrantes? ¿No es acaso relevante que, en sectores duales, más actividad militar genera un mayor riesgo de abastecimiento para la industria civil? Todas respuestas afirmativas, pero no lo suficientemente relevantes para aplicar la lógica de la ley antimonopolio. O sea, para hacer peligrar los objetivos de las elites.

¿Pero si la empresa dominante se encuentra influenciada por una nación adversaria, no se estaría planteando un riesgo para la seguridad nacional? ¿No es correcto pensar que la empresa monopólica tiene más poder sobre el contrato, que una pequeña empresa que licita con muchos competidores, obligando al Gobierno a tener que negociar con el monopolio en condiciones más desventajosas? Así es, pero volvemos a nuestro eje conductor: para contrarrestar estos ‘peligros' nos encontramos con elites políticas que promueven este nuevo modelo nacionalista, estatista, de sumo control y una democracia económica relativa.

Es que después de una época histórica en que los Estados se han visto profundamente denostados, mellados en sus capacidades de hacer, lo que estamos vivenciado hoy en día es un contrabalanceo de fuerzas por parte del realismo más puro de las Relaciones Internacionales, donde las elites políticas toman prudente distancia de los deseos libertarios de las elites económicas, y los acarrean a un juego del que difícilmente puedan negarse: las amenazas ya no corren; o juegan junto a nosotros el juego del capitalismo que a nosotros, las elites políticas, nos conviene (un modelo nacionalista con redistribución de empoderamiento ciudadano que permita la mantención del statu-quo político), o no podrán continuar comerciando con quienes quieran bajo condicionamientos leoninos, o mismo ‘timbeando' financieramente a nivel global como aves libres.

¿Monopolio o competencia entonces? En términos geopolíticos, mientras el Estado tenga un rol con visión estratégica en el control de una política con proyección de poder económico y diplomático a nivel internacional (como, por ejemplo, que ‘tome el toro por las astas' sobre los recursos naturales estratégicos y el desarrollo de la ciencia y la tecnología), poco importa la respuesta. Está claro que en este caso el fin, por sí solo, justifica los medios.

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