Opinión

Estabilización con equilibrio, el desafío de 2024

Qué duda cabe que el gobierno que asuma el 10 de diciembre deberá implementar un programa antiinflacionario integral y consistente. De características aún inciertas, por la indefinición de la herencia macro dejada por esta administración en variables clave (la magnitud de la brecha cambiaria, el retraso tarifario, el nivel de reservas, los pasivos a administrar, como las Leliqs y la deuda con importadores, por citar algunas), lo concreto es que desde el primer día el nuevo presidente tendrá que direccionar su gestión hacia ese norte.

La bestia a domar es compleja. Esta inflación ya constituye un régimen en sí misma, con comportamientos autónomos que no responden sólo a los habituales instrumentos de contracción fiscal y monetaria. La eliminación del déficit primario y un compromiso firme de un nuevo banco central de no emisión para financiar al Tesoro son cartas absolutamente necesarias para controlar el fenómeno, pero de ninguna manera suficientes a esta altura.

El actual régimen de alta inflación contiene significativos elementos de inercia, de conductas defensivas, que lo hacen más resistente al tradicional herramental fiscal y monetario. Los contratos se han acortado en su duración (ya es norma que las negociaciones salariales se realicen en forma trimestral), y en diversas actividades el dólar comienza a predominar como moneda (por ejemplo, alquileres). La inflación pasada es un buen predictor de la inflación futura, y así los precios de la economía encuentran un coordinador natural ante la ausencia de anclas nominales.

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El ingreso a la senda de la estabilización requiere de un combustible esencial: dólares. Sin él, la credibilidad y, sobre todo la capacidad y velocidad de implementación de la secuencia de medidas, se verá reducida. Cierto es que para el año próximo podría imaginarse una situación más holgada en el agro -el único oferente neto de divisas-, en primer término con el trigo y luego con la soja a partir de abril-mayo, y también en el sector de gas y petróleo. Pero que el centro de la buscada estabilización gire apenas sobre dos sectores luce insuficiente. Las reservas netas del banco central deberían fortalecerse en no menos de u$s 20.000 millones en 2024 para encarar un proyecto serio de desinflación y la capacidad de financiarse en los mercados voluntarios de deuda es remota. Una cierta descompresión de las trabas para girar dividendos al exterior podría, parcialmente, contribuir a obtener algún financiamiento por deuda privada.

Bajo estas premisas, la lucha contra la inflación promete ser larga. No habrá espacio para atajos, soluciones mágicas, promesas de abatirla de la noche a la mañana. El factor tiempo será decisivo a la hora de administrar las castigadas expectativas sociales. La magnitud de las brechas heredadas en las variables relevantes y en especial la forma de corrección elegida para cerrarlas puede erosionar, si no se las gestiona con eficiencia, la relativa credibilidad inicial del nuevo gobierno.

Un capítulo crítico estará en el formato elegido de la llamada 'política de ingresos', un aspecto ineludible en las experiencias (locales e internacionales) de lucha contra la inflación. Esto es, cómo orientar los precios y los salarios durante las fases iniciales del programa. En el Plan Austral de 1985, así como en la experiencia israelí, se aplicaron congelamientos temporales de precios y salarios, luego de una etapa de reacomodamientos previa al lanzamiento del plan. La experiencia argentina con los controles de precios desde entonces no ha sido positiva. Ni "Cuidados" ni "Justos" fueron, ni son, políticas eficientes. En estas décadas, además, las formas de comercialización se han modificado, apareciendo nuevos jugadores en las cadenas y en la distribución final de los productos. Las vías de escape, las filtraciones de los precios 'acordados' son múltiples y el rol policíaco, que siempre llega mal y tarde, en general tampoco conjuga con la eficiencia de las políticas públicas.

La otra arista de una eventual política de ingresos pasa por un congelamiento transitorio de los salarios tras una recomposición que debe incorporar la inflación esperada y no la que pasó. Cómo hacerlo con salarios formales que perdieron 20 puntos reales en los últimos cinco años, con la mitad del mercado laboral por fuera de paritarias y con un desempleo relativamente bajo es una pregunta crítica. La articulación de acuerdos creíbles (cumplibles) con los sindicatos y las organizaciones sociales será tarea básica del nuevo presidente, excediendo por mucho la del ministro de Economía.

Una característica distintiva de la estabilización argentina de 2024 respecto de anteriores experiencias es que deberá atender la actual inefectividad de las políticas sociales en la cobertura de necesidades básicas, en especial de los niños, con aumentos de precios en alimentos que viajan por encima del 10% al mes. Hoy la Asignación Universal por Hijo cubre apenas la cuarta parte de la canasta básica total requerida por un chico, mientras que en 2009, cuando se creó, representaba el 80%. Mecanismos transitorios de asistencia para estos sectores serán imprescindibles. A saber, reasignación de partidas de gasto para que la AUH cubra al menos la mitad de la canasta básica, subsidios a la demanda, o reducciones temporales del IVA en productos de consumo básico.

Encontrar un razonable equilibrio entre la imperiosa estabilización de precios y la cuantiosa deuda social representará un enorme desafío. Al tradicional kit macroeconómico y al urgente flujo de divisas para recomponer reservas habrá que sumar otros insumos críticos, como acuerdos políticos y sociales de todo tipo (que reduzcan y reordenen gastos e impuestos, que mejoren la competitividad de los sectores transables y que brinden mayor institucionalidad a la organización económica) y una asistencia de emergencia para los más chicos, los más postergados de la sociedad.

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