Con la presentación formal de las reformas de segunda generación que impulsa el Gobierno, llega también el momento más difícil de este tipo de procesos: definir y poner sobre la mesa de qué manera se van a financiar los estímulos que el Estado ofrecerá para generar mayor empleo formal y aumentar la inversión privada. Y eso sin contar aquellas partidas que el Ejecutivo tendría que negociar (para no decir resignar) en su búsqueda de votos en el Congreso.
La prioridad en la discusión que comenzará mañana, cuando asuman los nuevos diputados y senadores, la tendrá el Presupuesto 2026. Por ahora el Palacio de Hacienda lo tiene bajo siete llaves, pero ya se sabe que tendrá que enviar un nuevo texto, ya que el que llegó en septiembre pasado perderá estado parlamentario y requeriría un nuevo dictamen.
El equipo económico no tiene interés en abrir demasiado los números de este proyecto, porque sabe que los gobernadores le empezarán a disputar recursos desde el minuto cero y es consciente de que algo tendrá que dar. Pero en ese camino, primero tuvo que reevaluar la meta de crecimiento, determinar (o ratificar) el objetivo de superávit fiscal, calcular cuántos ingresos tendrá y cuántos estará dispuesto a perder. Esas cifras en teoría ya están y serán el marco de todas las pulseadas legislativas que vendrán a continuación.
El segundo proyecto en interés para el Gobierno es la modernización laboral. Su texto apunta a dos frentes: por un lado, busca actualizar varias instituciones que marcan la relación entre empresas, sindicatos y trabajadores (como la prevalencia de los convenios de empresa, la redefinición de la base de cálculo de las indemnizaciones, la forma de pago de los salarios, entre muchas otras) y por el otro dispone una reducción de los costos que afrontan las empresas.
El principal beneficio es una rebaja de contribuciones a la seguridad social de tres puntos para todas las firmas con asalariados en blanco. A eso se le suman descuentos y condonaciones de aportes para formalizar empleo y también para blanquear deudas laborales. El texto oficial, si sale tal como lo dispone el último borrador, suma rebajas de impuestos internos y un régimen de estímulo a las inversiones medianas (RIMI), un reclamo que viene haciendo la UIA para compensar la aplicación del RIGI a las grandes empresas.
El Gobierno asume que con un crecimiento de al menos 4% (los privados lo estiman más cerca de 3%) habrá más recursos fiscales. Pero hay que anotar que en 2026 también habrá menos ingresos por retenciones (por el efecto extendido del programa que las bajó a cero). Caputo aspira a que el blanqueo laboral “financie” las rebajas que se aplicarán en las contribuciones a la seguridad social. Y que en paralelo, el 3% que se desviará a los nuevos Fondos de Asistencia Laboral dinamice el mercado de capitales y baje el costo de financiamiento a las empresas.
Como se verá, llegó la hora de volver a hacer las cuentas.
