ANÁLISIS

Colombia: dos meses de tensión, de dónde viene y hacia dónde va

El diálogo entre el gobierno del presidente Iván Duque y el Comité del Paro no consigue llegar a acuerdos de fondo. Los bloqueos y las protestas continúan justo en medio de una severa tercera ola de Covid-19. Colombia volvió a ser noticia mundial por un conflicto violento.

La Ley de Solidaridad Sostenible, el polémico proyecto de ley de reforma tributaria que Duque presentó en abril con muy poco sentido de la temporalidad y sensibilidad social (según INVAMER Investigación y Asesoría de Mercado, el 80,2 % de los colombianos estaba en desacuerdo con el proyecto) no fue lo único que movilizó las protestas. Fue la gota que rebalsó el vaso.

El proyecto, si bien propiciaba la implementación de medidas redistributivas mediante un aumento de impuestos y así equilibrar las finanzas del país, mantener los programas sociales y repagar deuda, hacía recaer todo el peso sobre las familias de clase media que sobrellevan como pueden el día a día.

La pandemia dejó gran cantidad de empresas cerradas y 3,5 millones de nuevos colombianos por debajo de la línea de pobreza.

Como la mayoría de los países, Colombia tuvo que elaborar -nunca antes lo había tenido- un plan de medidas de rescate para atender la emergencia equivalente al 4,1% de su PBI (según el FMI). Ante la falta de recursos propios (no financia déficit con emisión como Argentina) debió tomar deuda nueva y las previsibles consecuencias de desajuste fiscal sobre la calificación del riesgo y el impacto sobre el peso colombiano pusieron en alerta a los funcionarios que vieron como el país se encaminaba a una lógica económica típicamente latinoamericana.

Una reforma impositiva pudo haber sido técnicamente correcta y necesaria, pero las cartas estaban echadas con anterioridad. No era ni el momento ni la forma.

Para colmo de males, las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina.

Un país atravesado por el conflicto

Estabilidad y disciplina fiscal fueron valores que tanto conservadores como liberales nunca cuestionaron.

Cuentas ordenadas, ausencia de populismos, crecimiento aceptable y acceso a crédito barato fueron una constante en los últimos 20 años, explica Adolfo Meisel, historiador y autor del ensayo sobre "por qué Colombia no tiene hiperinflación". 

La bonanza petrolera aportó suculentos ingresos adicionales y los números fueron envidiables.

Pero Colombia arrastra otros desajustes internos sociales y políticos. Un conflicto definido por algunos puntos comunes a otros países de la región (inequidad; diferencias entre urbe y campo; efectos del confinamiento) y otros muy propios, más antiguos, profundos y complejos.

Colombia es un país atravesado por el conflicto durante los últimos 60 años. Marcado por la violencia partidaria de los 50'/60', la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares y los conflictos de estos grupos entre si, el pueblo colombiano siempre estuvo esperando para encarar su desarrollo definitivo. Décadas esperando que lo urgente de paso a lo importante.

Cuando finalmente pareció llegar el final del conflicto, los colombianos se dieron cuenta que el país había caído en la pobreza, la desigualdad y estaba fragmentado, sin estado y sin oportunidades.

El hartazgo con la clase política

El hartazgo con la clase política comenzó a finales de 2019 (ídem Chile) con varios días de manifestaciones y episodios violentos solo congeladas por la llegada del Covid.

El gobierno no pudo, no quiso o no supo ver el contenido de estos reclamos. Acceso limitado a la salud con servicios malos y caros; educación pública deficiente que impide condiciones de igualdad; pocos mecanismos de movilidad social; un estado débil y corrupto que recauda poco y gasta mal; escasas capacidades para la implementación de políticas públicas; y un comercio exterior poco diversificado son algunas de las dificultades.

A pesar de una leve mejoría en los últimos tiempos, según estadísticas del DANE cerca del 63% de la población vive del salario mínimo (u$s 260) con alta informalidad, precariedad laboral y severas dificultades.

La reforma encendió la mecha de una bomba compuesta por descontento profundo, cansancio, desesperación e impotencia.

Mucho para un país que ha sido gobernado por una élite de tecnócratas calificados casi hereditaria, sin espacio para nuevas expresiones con contacto con "la calle" y sus necesidades básicas.

Se suman resabios de guerrilla y otros tipos de agrupaciones paramilitares, narcos y bandas delictivas comunes que promueven la violencia. La incapacidad de readaptación a la vida social y laboral de los miles de desmovilizados es una deuda pendiente del Estado y un fracaso palpable de los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC. La violencia en las áreas rurales ha aumentado (a pesar de haber disminuido al inicio de los acuerdos) y el 77,3% de los colombianos considera que la implementación del acuerdo va por mal camino, según Invamer. Grupos armados amplían y consolidan su control territorial en varias regiones rurales de difícil geografía. La frontera con Venezuela cobija células terroristas contrarias a los acuerdos.

Violencia

Los ciudadanos de bien en su gran mayoría salieron a la calle para expresar toda su impotencia y enojo de manera pacífica.

Hubo infiltrados. Nadie duda de que en entre los manifestantes ha habido grupos armados, entre ellos elementos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), facciones de las disidencias de las FARC, y bandas urbanas con elementos desocupados de los estratos mas bajos que, a cambio de unos pocos pesos colombianos, incendiaron y destruyeron objetivos puntillosamente seleccionados (centrales de policía, bancos, estaciones del Transmilenio y estaciones de peaje) símbolos de institucionalidad. Ataques realizados de forma coordinada y sistemática, de manual de guerrilla urbana.

La lumpenización de los grandes centros urbanos producto de la radicación de miles de desplazados del conflicto más una creciente migración venezolana mirada de reojo generan un caldo de cultivo perfecto para este tipo de violencia "ad hoc"

Las fuerzas policiales respondieron, en algunos casos, con excesos.

El gobierno calificó a los manifestantes como "vándalos terroristas" en una generalización poco feliz. Difícil separar la paja del trigo. Las redes sociales y el rebote aumentaron la irritación popular y provocaron la reacción del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) la cuestionada unidad señalada por muchas de las numerosas muertes de manifestantes.

Polarización

La reacción del presidente Duque fue mala, lenta y mal comunicada. En un intento por calmar los ánimos, convocó al "Dialogo Nacional" que parece navegar en la nada misma. Sin resultados concretos y con una lista muy heterogénea de pedidos de difícil cumplimiento, solo parecen tener como objetivo el ganar tiempo.

No parece fácil articular exigencias. La falta de representatividad gremial atenta contra los acuerdos. Gran desafío para el próximo gobierno.

Las demandas van perdiendo fuerza y las propuestas no logran dar respuestas ni tentar a una oposición, especialmente a Gustavo Petro (ex guerrillero del movimiento M-19 y permanente agitador) que parece estar cómodo viendo como el gobierno implosiona ante su propia incapacidad. Petro lidera las encuestas y parece capitalizar buena parte de la bronca de la sociedad a su favor. Él no es ajeno a la violencia en las calles, aunque intente despegarse.

Duque luce debilitado. Ha entregado varios miembros de su gabinete (Hacienda, Relaciones Exteriores y la lista puede ampliarse) e intenta reconfigurar el vínculo con los Estados Unidos, lesionado luego del apoyo a Donald Trump en las últimas elecciones. El respeto de los derechos humanos es un tema central para la administracion Biden.

Álvaro Uribe, mentor de Duque, contribuye a la polarización. La figura del otrora hombre fuerte de Colombia se apaga envuelta en situaciones judiciales que desnudaron prácticas oscuras de la política. Su legado de orden y seguridad se ve cuestionado. El uribismo y el Centro Democrático ya no lucen como el sostén de Duque.

el dilema de Schelling

A casi dos meses del estallido, si bien las aguas parecen haberse aquietado, aún no se ve la luz al final del túnel.

Este miércoles, el presidente anunció que un nuevo proyecto de reforma tributaria será elevado al Congreso el próximo 20 de julio, día de la Independencia. Habrá que ver si logra reunir los consensos necesarios.

La principal preocupación pasa por una posible escalada de la violencia -a mediados de semana un coche bomba explotó en un cuartel del Ejército en Cúcuta con un saldo de 36 personas heridas y se sospecha de la autoría del ELN- y la prolongación de las manifestaciones que podría llevar a lo que en Colombia se conoce como el estado de conmoción interior. Ello podría generar una situación aún más incierta y un signo de interrogación para la democracia colombiana.

Como sostiene Hernando Gómez Buendía, el riesgo que en realidad corre Colombia es del escalamiento de la turbulencia o lo que llaman los analistas serios el dilema de Schelling: si el Estado reprime demasiado la gente se levanta, y si no la reprime lo desbordan las exigencias crecientes de la gente.

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