Cambio de gobierno

Cinco desafíos institucionales de gobierno para el nuevo presidente

Las propuestas e ideas giraron principalmente sobre temas financieros, pero poco se dijo sobre la necesidad de recomponer la seguridad jurídica.

A horas de la jura al cargo del Presidente de la Nación, el nuevo gobierno se enfrenta a desafíos económicos que requieren urgente tratamiento.

En el último tiempo -y particularmente en la campaña electoral- las propuestas e ideas giraron principalmente sobre temas financieros -mercado de cambios y endeudamiento público, regulaciones y obstáculos al comercio, déficit de empresas públicas y privatizaciones- pero poco se dijo sobre la necesidad de recomponer la seguridad jurídica.

Sin embargo, la economía no es todo en la cuestión pública.

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Las reglas de juego claras y cumplibles, y la recomposición de instituciones depreciadas durante los últimos años son elementos necesarios para el crecimiento. Sin esa seguridad jurídica resulta imposible el desarrollo económico sostenido en el tiempo, tal como la caída de la calidad de vida lo demuestra.

Enumero entonces cinco desafíos institucionales -no económicos- que el Presidente deberá abordar a partir del 10 de diciembre.

1) Actualizar el modo en el que votamos. 

En el Siglo XXI, no podemos continuar eligiendo a nuestros representantes de la misma manera que lo hacíamos en el Siglo XX. La boleta única en papel, la boleta electrónica o el voto electrónico para las elecciones de autoridades nacionales son algunas de las alternativas que el gobierno entrante debería implementar de cara a las elecciones de medio término para el año 2025. El gasto en la impresión de boletas, las acusaciones de fraude y la logística para fiscalizar las elecciones exige revisar el modelo actual.

Dos detalles. El primero de índole constitucional: a diferencia de otros asuntos, las modificaciones del régimen electoral y de partidos políticos deben contar con una mayoría calificada en el Congreso de la nación para ser aprobadas. El segundo, de oportunidad: los años no electorales -2024, por ejemplo- son apropiados para debatir estas reformas porque el debate no se "contamina" por los intereses de la contienda.

2) Completar la integración de la Corte Suprema de Justicia de la nación y de tribunales inferiores. 

Sobre la Corte Suprema, desde el mes de octubre de 2021 -a partir de la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco- el máximo Tribunal de justicia argentino tiene un cargo vacante. La incapacidad del actual presidente saliente de designar, o al menos proponer, una candidatura para cubrir esa vocalía debería ser rápidamente enmendada por quien lo suceda a partir del 10 de diciembre. Respecto los tribunales inferiores, previa elaboración de la respectiva terna por el Consejo de la Magistratura, el nuevo Presidente deberá nombrar a más de 300 jueces y juezas en juzgados que se encuentran vacantes, de los casi 1000 magistrados nacionales y federales que tiene el país. Para completar los nombramientos se exige el acuerdo del Senado con una mayoría calificada.

Contar con juzgados integrados por sus jueces naturales garantiza mayor celeridad en el servicio de justicia.

3) Designar del Procurador General de la nación y fiscales ante tribunales inferiores. 

La jefatura del Ministerio Público Fiscal -órgano independiente dotado de jerarquía constitucional en 1994- se encuentra vacante desde el año 2017 luego de la renuncia de Alejandra Gils Carbó. El Procurador general es el jefe de todos los fiscales y el encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, particularmente de la víctima. Se debe subrayar que a medida que avance la plena implementación del Código Procesal Penal Federal -que hoy sólo rige en parte del país- y su sistema acusatorio adversarial, el cargo sumará trascendencia. Algo parecido debe decirse respecto de las fiscalías ante los tribunales inferiores que se encuentran vacantes.

De la misma forma que los jueces, la designación del Procurador General de la nación requiere el acuerdo del Senado de la nación con una mayoría de dos terceras partes de los presentes en la sesión.

4) Normalizar los entes y órganos públicos que fueron intervenidos y están en funcionamiento interino. 

Por ejemplo, los reguladores de servicios públicos -que controla la calidad y las tarifas de los servicios domiciliarios-, el mecanismo nacional de prevención contra la tortura -que atiende y controla asuntos penitenciarios-, y hasta el Defensor del Pueblo de la nación, que ostenta el lamentable record de vacancia desde hace 14 años, deben ser regularizados y completados en su conformación.

Estos órganos no pueden cumplir correctamente con sus funciones continuando intervenidos por el Presidente saliente o, peor aún, vacantes.

5) Diseñar y utilizar, dentro del marco constitucional, los instrumentos jurídicos para el gobierno que exige la circunstancia de emergencia. 

El Presidente de la nación cuenta con facultades constitucionales de gobierno mediante el dictado de decretos reglamentarios y -más restringidos y excepcionales-, decretos de necesidad y urgencia y delegación legislativa que pudiera conferirle el parlamento. Sin embargo, estas funciones son estrictas y su uso deberá ser precisamente justificado.

La calidad institucional se mide por el grado de seguridad jurídica y el respeto de las instituciones, y eso tiene buen impacto en la economía en términos de inversión y crecimiento.

Es un desafío que el nuevo gobierno deberá afrontar. No es menor, pero al fin y al cabo eso es gobernar. 

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