OPINIÓN

Biocombustibles en la trinchera

Mientras se prorroga el régimen actual por decreto, el Congreso debate la nueva Ley. El impacto real de los biocombustibles en los precios en surtidor y en el fisco. Y el erróneo plante de primarización de las exportaciones.

El Poder Ejecutivo emitirá un decreto para extender la vigencia de la Ley 26093 (Biocombustibles) por sesenta días a partir de su vencimiento, que opera el próximo 11 de mayo. En ese plazo, el Congreso deberá debatir y lograr la sanción de una nueva ley. El Oficialismo pretende tratar y sancionar el expediente 1621-D-2021, el cual fue motivo de una enorme cantidad de críticas.

En el medio conviene repasar cuáles fueron las contribuciones de la Ley de Biocombustibles Nro. 26.093:

  • Reducir la emisión de gases efecto invernadero, causantes del calentamiento atmosférico global y el cambio climático. Las emisiones producidas por el uso de combustibles minerales son una de las principales fuentes de ellas. La Constitución Nacional consagra en su artículo 41 el derecho de sus habitantes a gozar de un ambiente sano y sustentable. La Argentina asumió fuertes compromisos en la materia, a partir del Tratado de Kyoto -2005-, y luego, el Acuerdo de París de 2016. A través de las leyes 24.295, 25.438, 27.270 y 27.520 se instrumentaron los mismos; el país no puede violarlos para favorecer intereses de un grupo de agentes económicos que los desconoce.
  • Reducir las externalidades negativas sobre la salud, vinculadas al uso de combustibles minerales, problema que afecta lo dispuesto en el artículo 42 de la CN. Destaco el comunicado emitido en 2012 por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, dependiente de la OMS, por el cual se vincula la exposición del hombre a la emisión de gases del diésel, con el aumento del riesgo de contraer cáncer de vejiga y de pulmón, entre otros estudios que ponen a los combustibles minerales en la mira. Asimismo, existen disposiciones en distintos lugares que van estableciendo prohibiciones para la producción y venta de vehículos nuevos que usen nafta y gasoil.
  • Industrializar la producción agrícola en origen, con el consiguiente valor agregado local que potencian la demanda de empleos sustentables.
  • Favorecer a las economías regionales, en un todo de acuerdo con la Cláusula del Progreso y la del Desarrollo Humano, previstas en el artículo 75 incisos 18 y 19 de la Constitución Nacional respectivamente.
  • Sustituir importaciones de combustibles minerales, operatoria que en muchos casos, mejora el balance de divisas.
  • Desconcentrar el mercado de combustibles líquidos de Argentina, que es de tipo oligopólico, y como tal, presenta imperfecciones que afectan los derechos consagrados en el artículo 42 de la CN y legislación reglamentaria.

Asimetrías

El petróleo lleva más de un siglo de desarrollo en Argentina, mientras que los biocombustibles se desarrollaron en los últimos quince años. Esa diferencia, implica fuertes asimetrías en la maduración de sus complejos industriales.

Las normas complementarias que aumentaron las mezclas por encima de los mínimos establecidos por Ley 26.093 -10% y 12% para biodiesel y bioetanol respectivamente-, no caerán automáticamente con el vencimiento original de esa ley, sino que en tal caso, deberán ser derogadas expresamente por el Poder Ejecutivo.

Ello representaría una abierta violación al principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París, que fuera ratificado por Ley 27.270, y prescripto también en el artículo 4 de la Ley Nacional Ambiental 25.675.

Los precios y la cuestión fiscal

Desde enero de 2010 hasta fines de marzo pasado, el aumento de las naftas en salida de refinería superó en un 38,5% al aumento del precio del bioetanol, mientras que el aumento del gasoil superó en un 6,7% al del biodiesel en similar período.

El precio relativo promedio de los biocombustibles en ese período fue más bajo que el de los combustibles minerales con los que se mezclaron, computando el efecto de sus desgravaciones impositivas, a pesar de lo que se exprese en contrario.

Su menor poder calorífico relativo se compensa ampliamente con las ventajas ambientales y a la salud que su uso genera, además de otras importantes cualidades, como el alto octanaje en el caso del bioetanol, y su alta lubricidad y significativa reducción de material particulado en el caso del biodiesel.

La incidencia del precio de los biocombustibles en el Índice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC es insignificante. En este sentido, toda vez que se duplique el precio de aquéllos, impactará en este índice, en un 0,8%. Menos biocombustibles representará más uso de combustibles minerales importados, y generará un aumento del precio de los combustibles en surtidor, en contrario a lo que se expresa en los medios. Lamentablemente, el Gobierno Nacional teme a las tapas de los diarios cuando se cargan culpas, que no tienen, a los biocombustibles.

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Los biocombustibles no tributan los Impuestos a los Combustibles y el CO2, porque reducen significativamente los daños que los combustibles minerales generan al ambiente y a la salud pública.

Los refinadores de petróleo omiten hablar de las ventajas de los biocombustibles y al mismo tiempo, olvidan las desgravaciones que tienen el gasoil importado para generación eléctrica, el fuel oil, los combustibles en zonas patagónicas -habitantes de las cuales deben ser protegidos por las particularidades de esa región-, y el gas vehicular -que sin dudas debe tener un tratamiento tributario preferencial-, como otros subsidios asociados a su propia actividad. Incluso, resulta contradictorio frente al pedido que hicieron al Ministerio de Desarrollo Productivo, para que se incluya en la nueva ley de biocombustibles, un paquete de subsidios para la construcción de biorrefinerías de más de u$s 100 millones.

Primarización de las exportaciones

Se plantea que al país le conviene primarizar sus exportaciones, dado que por transformar aceite de soja o maíz en biocombustibles el Estado no recauda derechos de exportación. Se trata de una propuesta que atenta contra la industrialización nacional, equivalente a lo que representaría exportar todo el petróleo crudo que se procesa en el país e importar todos los combustibles que aquí se consumen.

Se vienen divulgando cifras de costo fiscal generado por el programa de biocombustibles en Argentina, de u$s 7400 millones en quince años. Esa cifra contiene el costo de oportunidad de las materias primas transformadas en el país para uso como biocombustibles y que pudieron ser exportadas, inclusión que no corresponde, al punto que no figura en el Presupuesto Anual de la Nación.

Puedo estimar en u$s 5004 millones el importe de impuestos específicos a los combustibles no recaudados por el Fisco, entre enero de 2010 y marzo de 2021, por la incorporación de biocombustibles, cifra que los argentinos recuperamos ampliamente por los beneficios generados por estos combustibles biológicos.

Consideraciones finales

La real productividad de Vaca Muerta es una incógnita, al tiempo que requiere la fijación de precios elevados artificialmente, los que terminan perjudicando a toda la economía nacional. No parece aconsejable concentrar allí todos los esfuerzos en materia de inversión.

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Debemos desarrollar un programa de reconversión productiva para nuestra Patagonia, de manera de compensar paulatinamente el declinamiento de la actividad petrolera.

El régimen de biocombustibles fue pensado en el año 2006 a partir de privilegiar la creación de una política pública de muy largo plazo, que haga abstracción de los movimientos de precios relativos coyunturales y teniendo como faro el inexorable cambio de paradigma energético.

Los precios de las commodities son muy volátiles. No se puede sujetar una política pública de largo plazo al hecho que en el corto y mediano plazo determinado bien energético no muestre una tendencia alcista y por lo tanto deba ser privilegiado a pesar de sus externalidades negativas hacia la salud y el ambiente.

El nivel de consumo de derivados de petróleo en el país es insostenible a largo plazo, por los referidos problemas, y pasa a ser abstracto el hecho que los niveles de producción de petróleo crudo, reservas y recursos puedan garantizar el abastecimiento local.

Generalizar el problema de los desmontes en Argentina y su relación con la producción de soja no guarda relación alguna con la verdadera sustentabilidad que exhibe la misma. Plantear que la producción de biocombustibles compite con la producción de alimentos es retomar un falso debate que hace años se zanjó en el mundo.

Es insoslayable que el mundo abandona paulatinamente al petróleo, mientras en nuestro país, no ceden las presiones de un pequeño grupo de agentes económicos para alargar la vida útil de sus activos más allá de lo que el ambiente y la salud de los argentinos, lo aconsejan.

Las desgravaciones tributarias que gozan los biocombustibles y que referí antes no constituyen subsidios directos, sino gastos tributarios. Es ridículo sostener ante la opinión pública que los productores de biocombustibles a lo largo de quince años se llevaron al bolsillo una suma equivalente a esas desgravaciones. En tal caso las mismas sirvieron para mejorar la competitividad de los biocombustibles.

Se deben evitar las peleas entre las provincias hidrocarburíferas y las bioenergéticas, para que los aportes de Vaca Muerta y los de "Vaca Viva" se potencien. Debemos apostar a una marcada institucionalidad, condenando en conjunto actos delictivos como los piquetes que azolaron recientemente a la Provincia de Neuquén y a su Gobierno, y que jaquean esa armonía.

Por todo lo expuesto, el debate legislativo sobre una nueva ley de biocombustibles debe ser profundo, desprovisto de prejuicios ideológicos, para alcanzar fuertes consensos, necesarios para lograr una política pública de largo alcance en la materia que constituya un sólido avance sobre esta temática. Lamentablemente, la propuesta oficialista expuesta en antes citado proyecto de ley expediente 1621-D-2021 está muy lejos de alcanzar esos objetivos.

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