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Una de cal y una de arena en materia de transparencia

AGUSTINA DE LUCA Directora del Área de Transparencia en Fundación Directorio Legislativo

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Una de cal y una de arena en materia de transparencia

Además de las tensas negociaciones y largos debates, al Congreso se le presenta un desafío de larga data y difícil de cumplir para este 2017: el de la transparencia. ¿Cuánto cobra un asesor parlamentario o empleado legislativo? ¿Cada cuánto vienen los legisladores a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Quiénes son los asesores de los diputados? ¿Quiénes asisten a las comisiones y votan dictámenes? Esta información, entre mucha otra, no la podemos saber. Y esto se debe, en parte, a la gran falta de políticas y acciones en pos de la apertura parlamentaria.

Evidentemente, no es algo que las autoridades de las Cámaras que componen nuestro Poder Legislativo han querido avanzar en los últimos 15 años.

Con este nuevo inicio de sesiones ordinarias, el Congreso vuelve a enfrentar el desafío de modernizarse a sí mismo. Hacerse más ágil. Tomar las decisiones de manera transparente. Gestionar sin opacidad. Y para ello, no sólo basta con la voluntad política de quienes, circunstancialmente, administran el Poder Legislativo; sino que también es necesario un pacto multi-partidario que acuerde en abrir información y en hacerla accesible para todos: asesores y empleados, ejecución presupuestaria, normativa y decretos presidenciales, pasajes y viáticos, licitaciones y contrataciones, administración de la Biblioteca y obra social, todo.

La publicidad de esta información requiere, principalmente, que todo el espectro político acuerde que es pública y debe ser puesta a disposición. El Congreso se está quedando detrás: el Presidente ha impulsado diversas reformas al interior del Poder Ejecutivo (como la política de datos abiertos, reglamentación de los obsequios que reciben los funcionarios, reformas de sistemas electrónicos, compras y contrataciones abiertas, entre otros), y se ven avances. Si bien en septiembre de 2016 se aprobó la Ley de Acceso a la información por unanimidad, fue a iniciativa de Ejecutivo y luego de más de 15 años con proyectos con estado parlamentario, y dos media sanciones mediante.

A fines de 2016 se creó la Red de Parlamento Abierto, a iniciativa del Presidente de la Cámara de Diputados, y como un espacio de consulta y participación de la sociedad civil en las políticas de transparencia de la Cámara. Existe consenso generalizado en la necesidad de modernizar la estructura parlamentaria y dotar de mayor agilidad los procesos de toma de decisión y publicidad en el Congreso (ver los últimos resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, donde Argentina obtiene el 11º lugar, el antepenúltimo).

En el marco de esta Red, y hasta el 23 de marzo, se encuentra abierta una ‘consulta pública’ (disponible en consultapublica.argentina.gob.ar), en donde todo ciudadano interesado puede subir recomendaciones y propuestas en torno a la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información en el ámbito del Congreso. Esto resulta novedoso y de gran augurio, entendiendo que rara vez se consulta a la ciudadanía para políticas institucionales de nuestro cuerpo legislativo.

Esperamos, entonces, que estos espacios (la Red junto a organizaciones de la sociedad civil, y foros virtuales de participación) brinden lo necesario para avanzar, definitivamente, hacia una agenda conjunta de apertura y colaboración, con transformaciones profundas y avances concretos, que permitan contar con mayor información sobre lo que sucede dentro del Poder Legislativo, para luchar contra la corrupción y reducir la opacidad que tiñe nuestro Congreso.