La salud argentina, en su peor hora

El jueves 13 los distintos eslabones de esta cadena de valor nos encontramos para discutir distintas perspectivas. Pero este congreso no es uno más. El sector salud hoy entra en una crisis aún peor que la de 2001. A las otras crisis entrábamos como el resto de la economía, con dificultades estructurales pero sin problemas específicos.

Entonces no había regulación y existía la posibilidad de aumentar precios siguiendo costos. Existía la posibilidad de no tomar personas que estuvieran enfermas. Hoy nuestras carteras están muy castigadas. No sufríamos la actual incidencia de la discapacidad social: las internaciones geriátricas, los acompañantes terapéuticos, los colegios e innumerables ítems que no están vinculados a la atención médica ni a la rehabilitación.

Argentina tiene un costo en salud que supera en 40% el costo de vida. En esta crisis entramos con las arcas totalmente golpeadas, porque el Estado regula el valor de las cuotas pero no regula los costos. Hubo algunos intentos de ponerle razonabilidad al gasto, pero en ninguna medida tiene efecto inmediato.

Las crisis requieren medidas rápidas, aunque apunten a la disminución del crecimiento del costo, no a la disminución del costo en sí mismo. Si hacemos una proyección a partir de los datos de los últimos 15 años, estimamos que el aumento de costo interanual de la salud en Argentina va a ser de 56%. Con una tasa de inflación del 2% o 3%, la inflación médica estaría en 9%.

Los prestadores se preparan para enfrentar grandes inconvenientes. Tienen que cubrir una paritaria de alrededor del 30% con un aumento que, como mucho, alcanza el 20%. No hay muchas formas de financiar ese descalce. Es un sector agobiado por el peso de las cargas sociales, que necesita de alguna medida específica. Los costos de los servicios públicos también crecen en incidencia. En menos de un año aumentaron cuarenta y cinco por ciento, calculados con un dólar a veintiocho pesos. En síntesis, es muy razonable reclamar una tarifa diferencial para los prestadores. Servicios y cargas sociales de instituciones de salud requieren del gobierno una estrategia diferenciada, un tratamiento específico. Históricamente, en épocas de crisis, los servicios hacen de colchón para defender la mano de obra. Disminuir las cargas sociales mantiene la vocación de contratar o de no despedir.

Esto no se resuelve solo con precios, hay que abordar los costos. Tarifas diferenciadas para los prestadores y reducción de cargas sociales para las entidades que prestan servicios con mucha mano de obra calificada.

Asistimos a un proceso del deterioro, con costos no contenidos y precios regulados, que no tiene ninguna probabilidad de llegar a un final feliz. De no aplicar estrategias activas, las entidades van a tener que fusionarse o desaparecer. Algo de esto ya está sucediendo. Un número muy importante de entidades, reunidas en Adecra, sobrevive gracias a la protección del régimen de emergencia sanitaria. El día que la emergencia sanitaria se libere, todas esas entidades, que ya son deudoras del Estado, correrán riesgo de ejecución.